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Código de Adaptación al Cambio Climático: un escudo para el futuro de Costa Rica

Por Dr. Rene Castro Salazar | 8 de Jul. 2025 | 7:00 am

Costa Rica se enfrenta a una amenaza tan decisiva como lo fue en su momento la actividad sísmica: el cambio climático. En respuesta, el país avanza en la formulación de un Código de Adaptación al Cambio Climático, un proyecto ambicioso inspirado en el modelo exitoso del Código Sísmico de Costa Rica, que en los últimos 50 años ha salvado miles de vidas y reducido considerablemente las pérdidas económicas causadas por terremotos.

La historia sísmica del país ofrece una lección contundente. En 1910, el terremoto de Cartago (magnitud 6.4) destruyó gran parte de la ciudad y provocó más de 700 muertes. En cambio, el terremoto de Nicoya, en 2012, (magnitud 7.6), aunque más fuerte, no cobró vidas humanas y causó solo daños moderados. La diferencia radica en la aplicación rigurosa de normas de construcción sismo-resistentes, desarrolladas con base en ciencia, experiencia y responsabilidad institucional.

Hoy, el país enfrenta un reto de naturaleza diferente, pero con impactos igualmente devastadores: la intensificación del cambio climático. Según el informe del Estado de la Región y el WMO Global Annual to Decade Update 2025–2029, Costa Rica experimentará en las próximas décadas un aumento de temperaturas, mayor aridez, cambios en los patrones de lluvias y un preocupante ascenso del nivel del mar. Ya en este momento, según reportó la prensa local, las siete provincias del país están siendo golpeadas por estos fenómenos. San José y Heredia enfrentan mayor riesgo de inundaciones, mientras que Guanacaste y Alajuela sufren una sequía más intensa.

Desde 2024, un equipo técnico nacional viene trabajando en un proyecto de Código de Adaptación al Cambio Climático, impulsado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), con el respaldo del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), ONU-Hábitat y financiamiento combinado de recursos propios y del Fondo Verde para el Clima (GCF). Este proceso se encuentra en fase de desarrollo técnico y pronto iniciará una etapa de consultas nacionales para incorporar la visión de comunidades, sectores productivos, gobiernos locales y academia en todo el país.

El nuevo código busca convertir la adaptación climática en política de Estado. Establecerá regulaciones vinculantes para sectores como infraestructura, planificación urbana, agricultura, energía, gestión del recurso hídrico y protección costera. También exigirá que los gobiernos locales integren criterios climáticos en sus planes reguladores, así como estándares mínimos en obras públicas y nuevas construcciones.

Este marco legal tiene una justificación económica de peso. De acuerdo con lo publicado por la SUGEF en diversos medios de prensa, el pasado 10 de junio de 2025, la exposición creciente a eventos climáticos extremos ha generado un fuerte impacto en el sistema asegurador nacional. Las primas están en aumento, y muchas zonas costeras o de alto riesgo ya enfrentan restricciones para acceder a seguros o créditos. La Superintendencia de Seguros advirtió que el sector financiero podría enfrentar tensiones si no se reducen los riesgos a través de políticas de mitigación y adaptación climática. En este contexto, el código servirá como herramienta preventiva que también fortalecerá la estabilidad económica del país.

La urgencia es clara. El reporte de la OMM prevé un 80% de probabilidad de que el planeta supere temporalmente el umbral de 1,5 °C en al menos uno de los próximos cinco años. Para una nación tropical y biodiversa como Costa Rica, esta variación podría multiplicar los eventos extremos y generar consecuencias irreversibles en sus ecosistemas, su agricultura, su economía y su salud pública.

Así como el país no esperó otro Cartago para actuar frente a los sismos, hoy no puede esperar otro fenómeno climático devastador para tomar decisiones firmes. El Código de Adaptación al Cambio Climático representa un compromiso intergeneracional que procura proteger vidas, preservar recursos naturales, y asegurar un desarrollo resiliente y justo para todos los costarricenses.

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