Comisión legislativa avala plan que penaliza tráfico de tierras con hasta 10 años de cárcel
Propuesta de ley para reformar el Código Penal y la Ley Forestal
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente un proyecto de ley que pretende tipificar en el Código Penal el delito de "tráfico de tierras" y sancionarlo con penas de hasta 10 años de prisión.
Con el aval de los legisladores, la iniciativa se enviará al plenario legislativo para su discusión y análisis por el fondo.
El texto plantea una reforma al artículo 227 del Código Penal, con el fin de establecer penas de seis meses a ocho años de cárcel —o de 50 a 200 días multa— para quienes incurran en las siguientes conductas:
Ocupación ilegal de terrenos públicos.
Explotación de bosques nacionales sin autorización.
Explotación ilegal de minerales.
Abandono de terrenos tras su explotación.
Promoción de la explotación ilegal.
Además, se agrega un artículo 227 bis, que establece la responsabilidad penal de los gerentes de sociedades que incurran en estas prácticas.
La propuesta también modifica la Ley Forestal, añadiendo el delito de tráfico de tierras —que abarca la usurpación, apropiación ilegal y comercio de terrenos—. El artículo 58 bis de esa ley fijaría penas de dos a ocho años de prisión, y de cinco a diez años cuando los responsables sean servidores públicos o se afecten áreas ambientalmente sensibles.
En caso de que el delito se cometa bajo la modalidad de crimen organizado, la pena podría alcanzar entre 10 y 20 años de prisión.
La iniciativa fue presentada por el Frente Amplio, y su diputado Antonio Ortega destacó que el plan también busca combatir la gentrificación, fenómeno que —según la ONU— ocurre cuando la renovación urbana desplaza a personas de menores ingresos.
Ortega explicó que la ausencia de un tipo penal específico ha impedido enjuiciar a individuos o empresas que, aprovechando vacíos legales, han afectado ecosistemas o territorios públicos.
"Hay un vacío legal donde las personas jurídicas estaban quedando exentas de ser juzgadas por estos temas", afirmó el legislador.