¿Cómo está nuestro sistema de justicia? Este es el panorama actual

El Estado de la Justicia 2025 revela varios aspectos sobre la situación del Poder Judicial en diferentes frentes de acción. La investigación expone que este poder de la República recuperó capacidad presupuestaria en 2024, dirigida hacia la materia penal y la lucha contra el crimen organizado, pero no hacia necesidades institucionales.

Además, se detalla la persistencia en la concentración de funciones administrativas en la Corte Suprema de Justicia, pese a propuestas de reforma. Los datos mostraron un aumento del 67 % en la carga de estos asuntos entre 2020 y 2023. Producto del Grupo de Trabajo n.º 8 de reformas urgentes, en 2020 se presentó un plan llamado "Modelo de Gobierno Corporativo", que sugería eliminar una serie de competencias de la Corte y trasladar decisiones a los entes técnicos. Sin embargo, en los 5 años siguientes tampoco se logró su aprobación.

En el caso de la materia penal, este ámbito representó el 68,8 % del total ejecutado en 2023, incluyendo penal juvenil, violencia doméstica y los órganos auxiliares. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público fueron los programas presupuestarios con mayor crecimiento interanual dentro del Poder Judicial, con poco más del 7 % y casi un 4 %, respectivamente.

A pesar de la tendencia a la baja en el presupuesto registrada entre 2019 y 2023, producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en 2024 se dio un crecimiento de 12.468 millones de colones respecto al año anterior. El documento indica que este incremento se asocia a la creación de nuevas plazas vinculadas con reformas legales y programas aprobados ante el aumento de la incidencia del crimen organizado.

En 2023, el 81,2 % del presupuesto total se destinó a cubrir gastos de personal. El mayor incremento se registró en la cantidad de jueces y juezas, quienes representaban el 53,8 % de los funcionarios judiciales. El 23 % de la planilla correspondía a fiscales y otro tanto a la Defensa Pública.

Sin embargo, el Poder Judicial enfrenta crecientes dificultades para contratar o retener personal idóneo, debido a las condiciones de preparación de los profesionales y al incumplimiento de requisitos para ocupar los cargos. Otro problema identificado son las carencias en la aplicación del régimen disciplinario.

Ese mismo año, se registraron denuncias contra 1.260 funcionarios, un 40 % de la cantidad reportada en 2020. De esas denuncias, el 65 % se desestimó y solo el 7,7 % resultó con lugar, lo que demuestra una baja capacidad sancionatoria del sistema.

Ataques políticos y criminales contra el Poder Judicial

Desde el Poder Ejecutivo se han lanzado ofensivas contra el Poder Judicial, una anomalía histórica que provoca una confrontación que compromete el abordaje de las necesidades del país. A esto se suman atentados de grupos delictivos contra instalaciones y funcionarias, lo que ha obligado a la institución a dedicar recursos a su seguridad. Los ataques incluso incluyeron el asesinato de un oficial del OIJ en febrero de 2025 y el homicidio de un testigo frente al edificio de los tribunales de justicia en Limón.

Todos estos ataques buscan desprestigiar al sistema y limitar sus funciones de protección de los derechos de la ciudadanía y de control de la gestión pública. Entre 1900 y 2022 no se registraron ataques a la integridad del Poder Judicial como los que ocurren actualmente, en detrimento de la calidad del sistema democrático.

Actualmente, la inseguridad asociada al crimen organizado y al narcotráfico es señalada por la población como el principal problema del país.

En las conferencias de prensa del presidente, se ha identificado que el nivel de agresividad del Ejecutivo aumenta cuando el Poder Judicial interviene en asuntos que involucran al presidente de la República o a sus iniciativas, ya sea mediante actos investigativos en casos penales contra el Gobierno, o cuando la Sala Constitucional ha encontrado roces constitucionales en asuntos prioritarios de la actual administración.

Mayor desconfianza en el Poder Judicial, pero crece la demanda de servicios

El Estado de la Justicia indica que la confianza popular en el sistema judicial llegó al 46 %, pese a una mejoría respecto al 2020. Sin embargo, el 69 % de la población expresa críticas sobre su desempeño.

De este grupo, la mitad considera corruptos a los jueces y juezas, y un 71,9 % de las personas encuestadas opina que no se castiga a los culpables de delitos, según la encuesta CIEP-UCR de septiembre de 2024.

No obstante, una cantidad considerable de personas, incluso entre las críticas, valora positivamente la independencia del Poder Judicial. Solo el 31,5 % del total posee una evaluación general positiva del sistema judicial, confía en la objetividad de los jueces y respalda que las decisiones judiciales deben ser independientes.

En 2023, la cantidad neta de casos ingresados fue de 614.735, con un incremento del 1,4 % en la tasa por cada 100.000 habitantes respecto a 2021. El volumen del último año analizado refleja una tasa de 11.682 casos por cada 100.000 habitantes.

Un 66 % de los usuarios del Poder Judicial reprochó la lentitud de los procesos, según la encuesta anual de la Contraloría de Servicios de la institución. A pesar de ello, la cantidad de casos activos bajó un 17 % entre 2021 y 2024, lo cual sugiere que juzgados y tribunales están resolviendo más casos de los que ingresan.

Abundan las denuncias por violencia contra las mujeres, pero la mayoría no prospera

La investigación identificó numerosos riesgos en los procesos judiciales que afectan la vigilancia de los derechos de las mujeres ante casos de violencia de género, un tipo de delito que sigue denunciándose de manera masiva.

Pese a los avances en leyes, normativas y políticas, se evidencian debilidades procesales en el Poder Judicial.

El informe realizó un muestreo detallado de 286 expedientes terminados entre 2019 y 2022, que permitió dar trazabilidad a las denuncias y observar el comportamiento de cada etapa.

Entre los hallazgos se destacan:

• Escaso uso de pruebas periciales.
• Falta de información para las denunciantes.
• Constantes riesgos de revictimización.
• Largas duraciones atribuibles a la gestión judicial.
• Condiciones adversas externas que dificultan la protección de los derechos.

Estos factores reducen las posibilidades de que los procesos avancen hasta esclarecer los hechos. Solo el 13 % de los casos llega a juicio y un 80 % de las denuncias resultan en desestimaciones o sobreseimientos definitivos.

En 2022, el Poder Judicial recibió 34.637 denuncias por delitos de tipo sexual. Si se suman los registros de violencia doméstica, el total supera los 80.000 casos al año. Este dato evidencia la alta demanda de las mujeres por acceder a justicia, aunque también se reconoce un probable subregistro.

Los delitos de violencia contra la mujer constituyen el principal motivo de denuncias penales y representaron el 18 % de los expedientes terminados en esa materia durante 2019. Sin embargo, la mayoría de los incidentes se archiva antes de la acusación por motivos como:

• Archivo: no se identifica un imputado.
• Desestimación: falta de pruebas, no se identifica un delito o existen impedimentos legales.
• Sobreseimiento: existen dudas sobre la comisión del delito, su autor o se venció el plazo legal para procesar la causa.

"La evolución institucional, normativa e inclusión de tipos penales y penas más altas no han estado acompañadas de un fortalecimiento en la capacidad de sanción de los tribunales. Esto se debe a una mezcla perjudicial de elementos débiles en la gestión, infraestructura, especialización del personal y, en menor medida, en la legislación", detalla el Informe.

En 2022, la Fiscalía argumentó falta de pruebas para solicitar el sobreseimiento en 2.172 expedientes de delitos bajo estudio, casi el 80 % del total de delitos de tipo sexual. Esto sugiere dificultades para contar con suficientes elementos probatorios.

 

Aumento de casos de forma desigual por regiones

En la investigación se realizó un modelo prospectivo que prevé que la cantidad de casos penales que lleva el Ministerio Público podría aumentar 13,3% si los delitos se acrecientan en un 4%. No obstante, esa amplificación se reflejaría de forma desigual por regiones.

Dicha situación podría implicar un alza de 583 expedientes ingresados nuevos en un lapso de 9 meses con respecto al promedio histórico de casos llevados por la Fiscalía. El aumento se daría de manera desigual entre los distintos circuitos judiciales y dejaría a algunos de estos en circunstancias complejas si no obtienen una mejoría en los recursos presupuestarios acorde con esa mayor presión.

Los sitios con mayores impactos son los distritos judiciales de Cartago, zonas del sur y suroeste de San José y Heredia, así como el I Circuito de la Zona Sur del país. En el peor escenario el circuito de Cartago podría llegar a recibir un volumen hasta 88% mayor que en la actualidad, en el circuito III josefino se elevarían un 69,2% y en el Circuito Judicial de Heredia a 67,8%.

"Lo importante de este modelo prospectivo es que permite moverse con antelación para atender impactos de la demanda", explicó Evelyn Villarreal, coordinadora del Informe.

Bajo el escenario de ese aumento de 4% en la criminalidad, algunos circuitos presentarían incrementos más moderados o incluso disminuciones en los nuevos casos. Entre estos están el Circuito de la Zona Atlántica, Circuito de Guanacaste y II Circuito de San José (cantones al norte y este del área metropolitana) que tienen incrementos más bajos, con valores por debajo del 40% en los escenarios más agresivos.

Por su parte, en panoramas más favorables y sin cambios significativos en el estado actual de la delincuencia, la proyección apunta a un 2,1% de más casos penales, lo cual implicaría un total de 4.475,3 casos ingresados entre octubre de 2024 y junio 2025 al Ministerio Público.

Eso significa que por cada 100 delitos adicionales reportados por la plataforma 9-1-1 se puede esperar el ingreso de aproximadamente 21 casos adicionales al sistema judicial.

"Este ejercicio de escenarios prospectivos es muy decisivo porque se espera que la cantidad de casos entrados siga aumentando si las condiciones históricas prevalecen", aseguró Villarreal. Ella también recalcó que la situación delincuencial en el país se ha agravado en años recientes por la influencia de las organizaciones criminales ligadas mayormente al narcotráfico.

Crecen los delitos complejos

La investigación expone que la demanda del sistema penal se acrecentó de manera significativa en el período 2015-2023, en especial en el año 2021, con 85.871 casos nuevos en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 45.412 en la Defensa Pública, siendo los delitos contra la propiedad los más frecuentes.

A pesar de que no se ha elevado la demanda total, sí se registra un aumento en crímenes más complejos de investigar, como los homicidios, la violencia contra las mujeres y los delitos informáticos.

Los delitos contra la vida se duplicaron con respecto al 2019 en las fiscalías penales juveniles, al pasar de 496 casos en ese año a 1.004 en 2023, el cual fue el año más sangriento en la historia del país.

De acuerdo con los datos, la Fiscalía Penal Juvenil fue la unidad con mayor aumento entre 2021 y 2023, con un incremento del 132 %, concentrado en los delitos sexuales y contra la vida. Esto evidencia una creciente participación de personas jóvenes en hechos delictivos.

El volumen de casos penales guarda relación con la duración de los expedientes. Entre los que llegaron a la fase de acusación en 2024, el promedio fue de 233 días en la etapa de investigación en Fiscalía, 50 días menos que el promedio registrado en 2022.

Los delitos contra la propiedad y los delitos sexuales son la primera y segunda categoría más atendidas por la Fiscalía. Entre 2022 y 2024, los delitos contra la propiedad (34 %-39 %), la violencia contra las mujeres (11 %-12 %) y los delitos sexuales (6 %-10 %) conformaron, en conjunto, poco más del 55 % de los expedientes tramitados por el Ministerio Público.

Por su parte, la indagación se enfocó únicamente en el 5 % de los expedientes que más tiempo requirieron entre su apertura y cierre por parte del Ministerio Público. Ahí se observó que tanto los delitos informáticos como los relacionados con los deberes de la función pública tardaron 5 años o más en alcanzar una acusación durante los tres años analizados.

Los delitos informáticos superaron los 6,3 años en 2022 y los 5,7 años en 2024. Mientras tanto, los delitos contra los deberes de la función pública excedieron los 6,8 años en 2022 y los 5 años en 2024.

Se requiere mayor coordinación para atender a los migrantes

El documento detalla que entre 2010 y 2023, cuando crecieron los flujos migratorios en Costa Rica, el Poder Judicial emitió 264 medidas para atender los derechos de esta población.

Sin embargo, la implementación de las normas judiciales está limitada, pues algunas personas funcionarias las desconocen y no tienen claro a quién deben plantear dudas sobre la aplicación de estas jurisdicciones.

Estas normas constituyen instrumentos valiosos para tutelar el acceso de las personas migrantes a la seguridad social, la educación, la justicia laboral y la asistencia médica, conforme lo establece la Ley General de Migración y Extranjería. No obstante, sigue siendo una tarea pendiente la inclusión, el acceso a la justicia y la atención humanitaria de manera sostenible y equitativa, señala el Informe.

Las autoridades judiciales carecen de mecanismos de verificación del cumplimiento de estas normas, y la realidad indica que existen numerosos factores que obstaculizan su implementación efectiva. Así lo concluye el Informe tras la sistematización de las medidas, entrevistas con personal involucrado y consultas a actores clave en estos procesos.

El estudio considera indispensable tomar medidas adicionales que permitan aprovechar las herramientas ya existentes, como campañas de información y sensibilización, normas procesales y procedimientos administrativos.