Con este correo, Fiscalía confirma que candidato a diputado del PUSC es imputado en caso Richter
Arturo Campos Araya -PUSC
El candidato a diputado por Alajuela del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Jorge Arturo Campos Araya, pasó de ser mencionado en una investigación de cohecho y tráfico de influencias a figurar como imputado por ambos delitos, al igual que otras cinco personas señaladas en el expediente del caso Richter.
Así lo confirmó la Fiscalía General de la República en un correo remitido a CR Hoy la semana pasada, en el cual respondió varias consultas sobre el proceso abierto en enero de este año, bajo el expediente 23-000087-0033-PE.
En un inicio, Campos Araya únicamente aparecía como investigado por las menciones ligadas a su cargo y acciones; sin embargo, desde hace varias semanas figura entre las personas imputadas. A pesar de ello, el PUSC lo eligió como primer candidato por Alajuela en la lista de aspirantes a una curul.
Actualmente, Campos Araya ocupa el puesto de regidor propietario en la Municipalidad de Alajuela. Durante los hechos investigados era candidato a alcalde con el mismo partido. El expediente señala varios momentos en los que buscó financiamiento para su campaña por parte de sujetos indagados por lavado de dinero.
En ese mismo periodo fungía como secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PUSC y, según la investigación, actuó como enlace entre el diputado Leslye Bojorges y el empresario autobusero Jonathan Herrera González, uno de los investigados en el caso Madre Patria.
La documentación judicial sostiene sobre Campos Araya que "hay indicadores claros de ilegalidad en su modo de actuar", debido a su relación con presuntos miembros de un grupo criminal y con el actual diputado socialcristiano, Leslye Bojorges León.
Incluso en varias llamadas, Campos Araya se dirige a Bojorges como "Patrón".
Según la interpretación de comunicaciones realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Herrera González mantenía un enlace directo con Campos Araya, quien a su vez lo conectaba con el diputado Bojorges. Herrera permanece en prisión preventiva.
El expediente señala que Herrera y Campos eran amigos, mientras que la relación entre Campos y Bojorges se caracterizaba por cercanía y jerarquía de este último sobre el actual regidor.
Por esos vínculos, el empresario autobusero le ofreció a Campos el alquiler de dos locales en Alajuela para instalar el centro de operaciones de su campaña para alcalde.
"Se refleja en esta comunicación otra dádiva que Jonathan le ofrece a Jorge Arturo, quien según contexto es la persona que ayudó a Jonathan a mantener contacto o enlace efectivo con el diputado", indica un informe del OIJ.
La fundamentación jurídica de la Fiscalía para solicitar la interceptación de comunicaciones detalla que la medida era procedente para esclarecer posibles delitos de cohecho propio, cohecho impropio, concusión y enriquecimiento ilícito. El análisis concluyó que los hechos bajo investigación contra Leslye Rubén Bojorges León, María Gabriela Jiménez Corrales y Jorge Arturo Campos Araya podrían encuadrar en esas figuras delictivas.
Consultas al Ministerio Público
Estas fueron las preguntas enviadas al Ministerio Público y sus respuestas:
¿Jorge Arturo Campos Araya figura como investigado o imputado en este expediente?
Figura como imputado.
¿A Campos se le decomisó el teléfono?
No se le decomisó el teléfono.
¿Ya se abrió el contenido de los celulares decomisados a Leslye Bojorges y los demás implicados?
No se ha realizado la apertura de los teléfonos.
¿Los imputados ya fueron indagados?
No han sido indagados.
¿Qué delitos se persiguen contra estas personas?
Cohecho y tráfico de influencias.
¿Existe alguna audiencia programada en este caso?
No hay audiencia programada.
Correo de la Fiscalía sobre caso de Jorge Arturo Campos Araya
Origen del caso Richter
Esta investigación nació a partir del expediente Madre Patria (22-005018-0042-PE), abierto hace tres años, que señala a una supuesta organización criminal dedicada a fraudes registrales, lavado de dinero, falsedad ideológica y otros delitos.
Según la documentación judicial, los implicados en Richter habrían tenido contactos, recibido dinero y negociado beneficios políticos con miembros de ese grupo detenido en julio del 2024.
Gracias a las intervenciones telefónicas, el OIJ determinó que "investigados de una red criminal compleja podrían estar suministrando dineros a diputados de la Asamblea Legislativa mediante sus asesores".
Esa información motivó la apertura de una nueva causa penal, donde se determinó la participación de Campos Araya junto a Bojorges León y otros cuatro imputados.
Los demás señalados son: María Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón; Lourdes Sáurez Barboza, exdirectora de Infraestructura Educativa del MEP y actual presidenta del AyA; Marlen Luna Alfaro, expresidenta de Migración y hoy jerarca del IFAM; y Carlos Ávila Arquín, viceministro de Transportes.
Jiménez Corrales, señalada por supuestamente recibir dinero en efectivo en bolsas durante su campaña para la alcaldía, anunció hace dos meses su salida del PUSC. En un evento organizado por el Gobierno manifestó públicamente su apoyo al presidente Rodrigo Chaves y a su entorno político con miras a las elecciones del 2026.
En una de las llamadas interceptadas a Bojorges, se identificó cuando pidió a Jonathan Herrera, investigado por lavado de dinero en el caso Madre Patria, que ayudara a financiar la campaña de Jiménez Corrales.
Reuniones
La investigación también reveló que entre el 19 y el 24 de octubre de 2023, Bojorges sostuvo reuniones con Fernando Gómez González, presunto líder del caso Madre Patria, y con Herrera, para coordinar pagos en beneficio del diputado, provenientes del grupo criminal.
El documento detalla que Bojorges aprovechó su cargo para ejecutar actos contrarios al deber de probidad en favor de Gómez y Herrera, ambos ligados al negocio de autobuses.
"Lo anterior, previa intermediación de Jorge Arturo Campos Araya, quien puso en contacto a Jonathan Herrera González con el investigado Leslye Rubén Bojorges León, bajo la intención de que este último beneficiara a la organización en temas relacionados con la explotación y funcionamiento de rutas de transporte público, donde justamente las empresas autobuseras de Fernando Gómez González ofrecían servicios de transporte o tenían la finalidad de hacerlo".
En enero Bojorges reconoció que participó de los encuentros, pero negó conocer sobre los negocios en los que estaban participando esas personas y menos saber que eran investigados por lavado de dinero.
PUSC – Jorge Arturo Campos Araya y Leslye Bojorges León
