Conassif detectó 5 elementos de riesgo en Coopeservidores
Se relacionan con la seguridad y solvencia de la entidad
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) identificó cinco elementos de riesgo sobre la seguridad y la solvencia de Cooperservidores R.L. con base en información de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Así lo señala el Conassif en el acuerdo de intervención a esa cooperativa de ahorro y crédito publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 16 de mayo.
Se trata de riesgos relacionados con la seguridad y la solvencia de la entidad que la colocan en lo que se denomina una situación de irregularidad financiera de grado tres.
Según el numeral v) del inciso d) del artículo 136 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), se considera que existe una situación de irregularidad financiera de grado tres cuando una entidad administra sus negocios en forma tal que pone en peligro la seguridad y la solvencia.
La información remitida por la Superintendencia, mediante el oficio SGF-CONFIDENCIAL SGF-1429-2024 del 10 de mayo de 2024, expone una serie de hallazgos, hechos, prácticas de administración y datos que evidencian que la cooperativa ha sido administrada de manera riesgosa, con efectos relevantes en su seguridad y solvencia. En este punto, debe tenerse en cuenta que esta causal de intervención se orienta en la calificación que realiza el supervisor sobre la administración de la entidad supervisada, y basta con la evidencia de que se ha puesto en peligro la seguridad y solvencia de la entidad, para que esta causal proceda.
Con base en los hallazgos que suministró la Sugef, el Conassif acordó el 13 de mayo pasado intervenir a Coopeservidores R.L. por un plazo de 30 días naturales.
Riesgos de seguridad
Según el Conassif, los riesgos de seguridad que enfrenta Coopeservidores, la cuarta cooperativa de ahorro y crédito más grande del sistema financiero costarricense, son los siguientes:
- Los órganos de dirección y de alta administración de la cooperativa evidenciaron negligencia y un manejo irregular y riesgoso debido al incumplimiento efectivo de sus funciones y responsabilidades para advertir y mitigar los riesgos. “Dichos aspectos exponen en gran medida los recursos de los ahorrantes e inversionistas, dado el ocultamiento de información financiera real que se ha gestado”.
- A pesar de disponer de normativa interna que regula el proceso crediticio, se evidenció un desacato a esa normativa, así como también al marco normativo y reglamentario vigente. Esto, debido a prácticas inadecuadas propiciadas por la alta gerencia, que no fueron identificadas por las instancias de control ni tampoco adecuadamente reveladas y reportadas a órganos tomadores de decisión ni al supervisor. El gerente general de Coopeservidores, Óscar Hidalgo Chaves, fue despedido sin responsabilidad patronal, según confirmó este martes el interventor Marco Hernández Ávila.
- En diciembre de 2023, el ajuste en las estimaciones crediticias efectuado había alcanzado la suma de ¢30.422,33 millones y esto llevó el indicador de suficiencia patrimonial de la cooperativa a un 11,11% (normalidad tres). Pero las acciones efectuadas y propuestas por la entidad no han permitido reestablecer los niveles de suficiencia patrimonial. A marzo de 2024, ese indicador alcanzaba el 10,50% y para abril del año en curso, con base en información recibida, la cooperativa se estaría ubicando en un nivel inferior al 10% (irregularidad 1), detalla el Conassif.
Riesgos de solvencia
El Conassif también identificó los siguientes riesgos de solvencia en Coopeservidores:
- Al corte de marzo de 2024, se registró un incremento de estimaciones por la suma de ¢7.004,38 millones, debido a un grupo de operaciones que presentaron vencimiento de prórrogas e incumplieron con sus obligaciones crediticias. Para el cierre de abril de 2024, con base en la información remitida a la Sugef, el gasto por estimaciones aumentó en ¢10.363,64 millones y para los meses siguientes la entidad proyecta mayores deterioros entre rangos de ¢7.000 millones y ¢9.000 millones, todo ello con un impacto directo en la suficiencia patrimonial, gastos por estimaciones y resultados.
- Al cierre de diciembre de 2023, la cooperativa presentó pérdidas por la suma de ¢26.975 millones y al cierre de marzo de este año alcanzaban la suma de ¢5.121,05 millones. Para abril de 2024, con base en la información remitida, esas pérdidas eran de ¢15.038,86 millones.
La forma en que es administrada (Cooperservidores) la ha puesto en una situación en la que dichos indicadores, según las proyecciones de la misma Superintendencia, colocarán a la entidad en niveles de irregularidad que ameritan la intervención. No obstante, dada la causal de intervención señalada en este acuerdo, no es aconsejable llegar hasta el punto en que esos indicadores numéricos reflejen un nivel de irregularidad tres, por cuanto ello pondría en una situación de mayor riesgo a los recursos de los ahorrantes e inversionistas.
El Conassif señaló que debido a la gravedad de las debilidades detectadas por la Sugef es indispensable proteger a los ahorrantes e inversionistas de la cooperativa del riesgo que representa la forma como se condujo y gestionó la entidad, mediante la aplicación de prácticas que violentaron las normas de prudencia y transparencia con que debe operar un intermediario financiero.
“Este Consejo considera que la entidad Coopeservidores R.L. ha venido administrando sus negocios de forma tal que afecta significativamente su seguridad, transparencia y solvencia, lo cual configura la causal de intervención prevista en el inciso d) numeral v) del artículo 136 de la Ley Orgánica del Banco Central”, concluyó el Conassif.
Un día después de la intervención ordenada por el Conassif a Coopeservidores, el interventor Marco Hernández Ávila tomó el control de la cooperativa y “congeló” ¢510.000 millones en ahorros.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual, por su parte, allanó entre martes y miércoles tres oficinas de la entidad de ahorro y crédito, ubicadas en Rohrmoser y San José, y en ADN Data Center, en Alajuela.
Los operativos se realizaron a raíz de una denuncia presentada por la Superintendencia General de Entidades Financieras.