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Condominios de interés social: una propuesta justa

Por Agencia | 15 de Oct. 2024 | 4:27 am

En los últimos años, los retos para la implementación de soluciones habitacionales han crecido, impulsados por la escasez de suelo urbano, el aumento en los costos de construcción y la necesidad de modelos habitacionales más sostenibles, por eso, la vivienda social en condominios ha surgido como una respuesta eficiente para enfrentar la problemática.

Entre 2019 y 2024, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), junto con las entidades del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, han entregado una solución habitacional a más de 900 familias bajo el modelo de bono de la vivienda en condominio de interés social.

En su mayoría se trata de familias que se ubicaban en asentamientos informales, donde se carecía de la titularidad de las viviendas y en ocasiones se exponían a problemas de salubridad, inseguridad, ausencia de espacios públicos, entre otros.
Proyectos como Torres de la Montaña en Desamparados, Las Trojas en Sarchí, y San Martín en Belén (condominios verticales), y el condominio (horizontal) La Verbena en Alajuelita, son ejemplo de cómo los condominios transforman la realidad de las familias de bajos ingresos.

Sin embargo, este modelo habitacional no está exento de desafíos. La actual Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio presenta obstáculos para la implementación efectiva en proyectos de interés social. En materia de servicios públicos, la infraestructura interna de los condóminos no está a cargo del prestador respectivo, lo cual afecta la calidad del servicio que reciben.

Asimismo, las cuotas condominales pueden superar las posibilidades económicas de las familias de bajos recursos que residen en estos proyectos, que en caso de impago generan tensiones internas y afectan la capacidad de mantenimiento del condominio.

Es imperativo replantear la regulación de los condominios de interés social horizontales y verticales, adaptándola a las particularidades de esta población. Por eso, presenté el proyecto de ley No. 24.488 "Ley de Modernización y Acceso Equitativo a Servicios Públicos en Condominios de Interés Social", mediante el que propongo que el Estado, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), entre otros, asuman la gestión de los servicios públicos dentro de estos proyectos.

De igual modo, en el caso de los condominios de interés social que deban construir para su funcionamiento calles, aceras, cordón y caño, parques y facilidades comunales, estos sean cedidos gratuitamente al uso público municipal. Eso facilitará que puedan acceder a programas como Comunidades Organizadas de la Fuerza Pública, solicitar la instalación de cámaras de vigilancia, mantenimiento e inversión de las vías internas y áreas comunes, entre otros beneficios, asumiendo el costo respectivo normal.

La propuesta de ley liberaría a las familias de responsabilidades que, en muchos casos, no pueden asumir, al tiempo que se garantizaría la provisión adecuada de servicios como agua, electricidad y plantas de tratamiento de aguas residuales.
Esta externalización no solo aliviaría la carga financiera de los condóminos, sino que también promovería una gestión más eficiente y profesionalizada de los recursos y servicios. Además, fomenta una mayor estabilidad social y económica en favor de grupos vulnerables.

La reestructuración del modelo condominal de interés social propuesta está enfocada en una mayor justicia social, asegurando las soluciones habitacionales sean igualmente accesibles y sostenibles para todos, sin distinción del modelo urbanístico bajo el cual se viva.

La vivienda social en condominios es, sin duda, una respuesta necesaria ante los desafíos actuales del desarrollo urbano en Costa Rica. Para que este modelo sea verdaderamente efectivo, es esencial que las políticas públicas acompañen este esfuerzo con marcos regulatorios que se ajusten a la realidad de las comunidades más vulnerables. Solo así podremos asegurar que el derecho a una vivienda digna se cumpla plenamente, avanzando hacia un país más equitativo y sostenible.

Diputado de la Fracción Unidad Social Cristiana

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