Congreso a la espera de informe de la Corte sobre levantamiento de inmunidad de Chaves
La Asamblea Legislativa deberá recibir la solicitud del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves Robles y del exministro Jorge Rodríguez Vives, luego de la votación de la Corte Plena para autorizar que continúe el proceso.
Pero aún restan una serie de pasos antes de que el mandatario pueda ser sometido a un juicio oral y público.
El pasado martes, la Corte aprobó recomendar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero de improcedibilidad de Rodrigo Chaves, con una votación de 15 a 7, y de Jorge Rodríguez, con 17 votos a favor.
Sin embargo, a pesar de esta decisión, la Presidencia del Congreso aún no ha recibido formalmente ambas solicitudes por parte del órgano judicial.
La documentación debe llegar a la Secretaría del Directorio Legislativo, lo cual, hasta la tarde de este miércoles, no ocurrió.
Cabe recalcar que la legislación no exige un tiempo límite para que los magistrados emitan el informe a Cuesta de Moras.
La acusación fue presentada por la Fiscalía General de la República, que señala a ambos por el presunto delito de concusión.
Se trata de una causa relacionada con presuntos contratos a la medida otorgados desde Casa Presidencial a la empresa RMC La Productora S. A., utilizando fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según la Fiscalía, con estos contratos se habrían beneficiado el empresario Christian Bulgarelli Rojas y Federico Cruz Saravanja, exasesor y amigo cercano de Chaves.
El pasado 7 de abril, el fiscal general Carlo Díaz Sánchez formalizó la acusación ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, solicitando el levantamiento del fuero y la apertura del proceso judicial. La documentación fue tramitada y enviada a la Sala Tercera, que analizó el caso y lo remitió a votación en la Corte Plena.
¿Qué sigue ahora?
El proceso pasa ahora al ámbito legislativo. Los magistrados deben remitir un informe detallado al Congreso con lo discutido y resuelto.
Una vez recibido, la Asamblea debe conformar una comisión especial legislativa encargada de estudiar el expediente y dictaminar si procede o no el levantamiento del fuero especial del presidente Chaves y del exministro Rodríguez.
Esta comisión tendrá la facultad de citar o no a los eventuales imputados para comparecer en audiencia, en apego al principio del derecho a la defensa.
Luego, el informe de la comisión deberá ser sometido a votación en el Plenario Legislativo.
Para que el levantamiento del fuero proceda, se requiere una mayoría calificada de 38 votos (dos tercios del total de diputados). Si se alcanza ese respaldo, el proceso queda en firme.
Siguiente paso legislativo
Si la Asamblea aprueba el levantamiento del fuero, la Sala Tercera de Casación Penal designará a un magistrado instructor, quien asumirá la dirección del expediente judicial. Este magistrado estará a cargo de las diligencias de investigación y deberá citar al presidente para rendir declaración indagatoria.
Asimismo, se notificará al imputado para que, en un plazo de tres días, designe a su abogado defensor. Se fijará también la fecha para la toma de datos y la declaración formal.
Esta etapa se conoce como la instrucción de la causa. Una vez concluida, se valorará la admisión de pruebas, con miras a dar paso a un eventual juicio penal contra el mandatario.
La causa judicial
La Fiscalía General presentó la acusación bajo el expediente 25-000019-0033-PE, en el cual se investigó la supuesta contratación irregular de la empresa RMC La Productora S. A. para brindar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de opinión pública para la Presidencia de la República durante el período 2022–2026.
En la acusación, se señala al presidente Rodrigo Chaves y al exjefe de su despacho, Jorge Rodríguez Vives, como responsables del delito de concusión, según lo establecido en el artículo 355 del Código Penal.
Este delito se castiga con penas de 2 a 8 años de prisión a todo funcionario público que, abusando de sus funciones, obligue o induzca a alguien a entregar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial, para sí o para un tercero.
Según el Ministerio Público, el contrato con el BCIE permitió financiar con fondos públicos los servicios de imagen institucional en Casa Presidencial, lo que habría beneficiado a la empresa de Christian Bulgarelli, quien prestó servicios de consultoría entre octubre de 2022 y agosto de 2023 por un monto aproximado de $400 mil.
