Consumidores y Uber piden ser parte de negociación con taxistas
Uber cumplió 3 años de operar en el país
La empresa de transporte Uber y las asociaciones de consumidores piden al Gobierno, que se les tome en cuenta en cualquiera de las negociaciones que las autoridades entablen con los taxistas.
El martes se cumplieron los 45 días que tomó el Poder Ejecutivo para dar una respuesta a los taxistas. Casa Presidencial solamente reafirmó la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pero no llegó a una posición clara sobre el futuro del servicio. Unos 22 mil conductores trabajan mediante la aplicación en teléfonos inteligentes.
Este plazo coincidió con los 3 años de operación de la firma Uber, que atiende a unos 738 mil usuarios mensuales en Costa Rica.
"En una democracia, como la que se vive en Costa Rica, el derecho a elegir es un pilar fundamental. La movilidad no es un tema de unos sectores. Es una decisión que debe estar en manos de todo un país y no en manos de pocos", solicitó Andrés Echandi, gerente de Uber para América Central.
La empresa pide "escuchar y respetar" la voz de los usuarios de la plataforma, que ven en Uber una alternativa para satisfacer sus necesidades de movilización, así como de los conductores que generan ingresos extras utilizando la aplicación.
Consumidores alzan la mano
Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, explicó que el pasado 19 de julio hubo una reunión de la agrupación con el ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, en la cual se le planteó la necesidad de incorporar a los usuarios en la discusión que el Gobierno tiene con los taxistas para determinar condiciones de uso y legalidad.
"Sin embargo, pese a que el ministro se puso a la disposición de los usuarios, a la fecha no han sido llamados a conformar la supuesta mesa de ‘diálogo' con los otros sectores", afirmó.
Consumidores de Costa Rica sostiene que el principal consultado en este tema debe ser el usuario.
"Negociar a espaldas de los usuarios responde a prácticas antidemocráticas de antaño e invisibiliza la obligación del estado de velar por el bienestar de sus ciudadanos. Apostamos por una modernización del andamiaje legal de prestación de servicios de movilidad", señaló la agrupación en un comunicado.
Ulate opinó que en el MOPT la solución se puede complicar. "Tradicionalmente hay ahí un bastión para los taxistas y un oído sordo para los usuarios", dijo.
Gilberto Campos, vicepresidente de la organización, opinó que existe una necesidad de que el Estado revise la reducción de requisitos y cargas sobre los taxis y cree a su vez condiciones legales propicias para el desarrollo de nuevas de relaciones de servicio para beneficio de los usuarios.