Contraloría ordena a MOPT y a CNFL frenar instalación ilegal de vallas en postes de alumbrado público

 

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) para detener la instalación de publicidad ilegal en postes de alumbrado público y en vallas ubicadas en terrenos del Estado.

Según el informe de la CGR, la CNFL, con permisos otorgados por el MOPT, habilitó a una empresa privada para colocar publicidad en postes de manera ilegal, por lo que los permisos deben ser dejados sin efecto y los anuncios retirados junto con sus estructuras de soporte.

"Tras una investigación originada por una denuncia ciudadana, la Contraloría General determinó que la publicidad colocada por la CNFL con permiso del MOPT es ilegal y pone en riesgo la seguridad vial y el resguardo de los bienes públicos. Por lo que se ordenó dejar sin efecto la habilitación dada a la empresa privada y retirar los anuncios", afirmó Lía Barrantes, del Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible.

Vallas ilegales en terrenos estatales

La CGR también identificó dos vallas publicitarias instaladas de forma ilegal en terrenos estatales, una en el Parque del Agricultor, en Alajuela, y otra en el Centro de Conservación Santa Ana. La orden establece que el MOPT debe demoler estas estructuras e imponer las sanciones correspondientes a los responsables.

Las órdenes se tramitan bajo los expedientes: DFOE-SOS-ORD-03,04,05-2025.

"Adicionalmente, el MOPT lleva 11 años sin regular las pantallas digitales de publicidad y es inefectivo en sus funciones de control sobre la publicidad exterior. Se ordenó la adopción de acciones correctivas inmediatas para atender estas irregularidades", agregó Barrantes.

Falta de regulación sobre pantallas digitales

Desde 2013, el MOPT ha reconocido la necesidad de emitir normativa específica para pantallas digitales de publicidad exterior, debido a su posible impacto en la seguridad vial, la contaminación visual, la planificación urbana y el medio ambiente. Sin embargo, aún no existe regulación vigente, lo que ha permitido que estas pantallas se instalen al margen del control estatal.

La CGR instruyó al MOPT a emitir la normativa pertinente, asegurando que cumpla con los estándares de seguridad y planificación urbana, y a fortalecer la gestión del departamento encargado de publicidad exterior.

Investigación del convenio CNFL-Publiex

En marzo de 2025, la CGR inició la investigación de un convenio entre CNFL y la empresa Publiex, que permitía a la segunda colocar publicidad en seis rutas nacionales, específicamente en postes de la CNFL. El acuerdo tiene una duración de cinco años, hasta 2029, y fue impulsado tras una denuncia ciudadana. Además, la Fiscalía mantiene una investigación abierta.

Según documentos de la Junta Directiva de CNFL del 4 de noviembre de 2024, la empresa estatal acordó recibir el 40 % de los ingresos netos, equivalente a $86 mensuales por poste, con una estimación de $46 millones para el primer año, a iniciar en enero de 2025. La CNFL proporciona los postes, supervisión e inspección, y la conexión eléctrica de los banners, mientras que Publiex comercializa la publicidad.

Las rutas incluidas en el convenio son: Ruta 1 (General Cañas), Ruta 2 (Interamericana Sur), Ruta 32 (San José-Limón), Ruta 39 (Circunvalación), Avenida 4, Avenida Segunda y Paseo Colón en San José. La instalación comenzó el 7 de diciembre de 2024.

Controversia política y cercanía con el presidente

Publiex ha estado en el centro de la polémica por colocar vallas con mensajes políticos promovidos por el presidente Chaves, incluyendo campañas contra el fiscal general, la contralora, y los presidentes de la Corte Suprema y del Congreso.

No siempre se conoce quién financia estas vallas; en una ocasión, el empresario Boris Marchegiani, ex candidato a alcalde, admitió haber pagado la publicidad en enero pasado. Además, Publiex colocó vallas con mensajes de bienvenida durante la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Costa Rica.

La relación entre Giovanni Vásquez, propietario de Publiex, y el presidente Chaves es cercana, según comunicados y fotos públicas de la fundación de Vásquez, lo que ha generado cuestionamientos sobre el vínculo entre el acuerdo comercial y la influencia política.