Contraloría plantea dudas sobre proyecto contra la pobreza
Contraloría General de la República. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -La Contraloría General de la República (CGR) planteó un conjunto de dudas sobre un proyecto de ley que busca hacer más eficiente la lucha contra la pobreza por parte del Estado.
Así lo detalló en una respuesta a una consulta hecha por los diputados acerca de la iniciativa que se tramita bajo el expediente 23.098 en la Asamblea Legislativa.
La propuesta, impulsada por los legisladores del Partido Liberal Progresista (PLP), tiene como objetivo establecer una rectoría clara para la coordinación y articulación de la política social selectiva.
Para ello, se propone la creación de un Consejo Rector para definir y orientar la política pública vinculada a la política social y la creación de una Secretaría Técnica de carácter especializado, estable y permanente, que genere y aporte al Consejo Rector los insumos técnicos requeridos para la elaboración y modificación de las principales políticas sociales selectivas, basado en la evaluación de los programas y proyectos implementados por las instituciones involucradas en la materia.
El Consejo estaría integrado por los ministros de Planificación Nacional y Política Económica, Trabajo y Seguridad Social y Hacienda, con la asistencia del Presidente de la República.
Aunque la CGR señala que ha insistido en la necesidad de disponer de una mayor articulación, organización, dirección y seguimiento de las políticas vinculadas con el sector social, recomienda que eso se materialice dentro de un marco claro y dentro del ordenamiento jurídico existente.
En ese sentido, recuerda que la rectoría técnica está a cargo de entes y órganos del sector, pero que la rectoría política solo puede ser ejercida por el Poder Ejecutivo.
"En criterio de la Contraloría General, esta Asamblea Legislativa deberá analizar las funciones que se le asignen a dicho Consejo Rector y a la Secretaría Técnica, en tanto la rectoría política, acorde con lo aquí señalado, solamente puede ser ejercida por el Poder Ejecutivo, en cuyo caso le corresponde establecer las políticas generales para el sector, la emisión de directrices y la vigilancia en el cumplimiento de esas políticas y directrices, así como la coordinación correspondiente con otros órganos o entes, atribuciones que podrían tener choques con las eventualmente asignadas al Consejo Rector y Secretaria Técnica dentro del presente proyecto de ley", amplía la entidad fiscalizadora.
La Contraloría también formuló las siguientes observaciones:
- Aclarar la estructura del sector que propone la iniciativa.
- Apegarse a las reglas de organización del Estado.
- Falta claridad sobre la fuente y dotación de recursos para implementar la reforma propuesta.
- Cambios en el rol del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y dispersión de programas e instituciones que atienden el sector social.
"En conclusión, si bien es cierto, la Contraloría General reafirma su posición sobre la necesidad de disponer de una mayor articulación, organización, dirección y seguimiento de las políticas vinculadas con el sector social, considera que el presente proyecto de ley no atiende los objetivos propuestos dadas las debilidades e inconsistencias plasmadas a lo largo del presente criterio (vinculadas principalmente con el alcance de la rectoría planteada, la estructura organizacional propuesta y el control interno aplicable)", finaliza la respuesta de la CGR.
