Contraloría rechaza acusaciones de Chaves sobre bloqueo a construcciones de escuelas
La Contraloría General de la República (CGR) rechazó las acusaciones realizadas por el presidente Rodrigo Chaves Robles durante la conferencia de prensa del pasado miércoles 20 de agosto, en las que responsabilizó al órgano contralor de bloquear la construcción de las escuelas de Santa Elena, en Monteverde, y Portalón, en Quepos.
Durante el espacio de preguntas a la prensa, el mandatario aseguró que la Contraloría "actúa en ilegalidad" al intervenir en procesos licitatorios financiados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
"La que está actuando en ilegalidad es la Contraloría (…) y la consecuencia es para estos niños, porque ya no importa. Vamos a ir a todos los extremos de la ley, incluyendo acusaciones penales si fuera necesario", afirmó Chaves, quien además cuestionó a la contralora Marta Acosta con expresiones calificadas de irrespetuosas y misóginas.
El presidente señaló que, a su criterio, la Contraloría interpreta de forma arbitraria los procedimientos de contratación asociados a los préstamos internacionales, impidiendo que el gobierno ejecute obras educativas necesarias en las comunidades.
Ante esto, la CGR respondió mediante un comunicado en el que negó haber actuado ilegalmente y aclaró que sus resoluciones no obstaculizan los proyectos.
"El señalamiento de que la Contraloría frena la construcción de las escuelas es falso. La actuación de la División de Contratación Pública se ha limitado a resolver dos recursos de apelación presentados contra decisiones del Ministerio de Educación Pública (MEP)", indicó el órgano contralor.
Según la entidad, el MEP había declarado fracasadas ambas licitaciones por un aspecto meramente formal, sin que existiera un beneficio indebido para ninguna de las partes.
Ante ello, la CGR anuló esa decisión y ordenó al ministerio continuar con la valoración de la oferta que había sido desechada de manera equivocada.
"Es falso que la Contraloría General haya actuado de manera ilegal u obstaculice la continuación de la construcción de las escuelas. Las resoluciones permiten seguir con los procedimientos y no desecharlos, como era la intención del Ministerio de Educación, lo que hubiera obligado a reiniciar los trámites desde cero", puntualizó el comunicado.
