Corrupción y delincuencia organizada: Una guerra necesaria

Resulta una tarea casi imposible abarcar la inmensidad de detalles que conlleva este tópico en un artículo de opinión, pese a eso, he de indicar, que -contrario a lo podría suponerse- el problema de la corrupción nos concierne a todos y no solo a las autoridades competentes del Estado, eso porque afecta de manera directa a la economía del país, ya que a mayor relajación de los controles democráticos en la aplicación de la ley, superior la desconfianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y además se incrementa la posibilidad de fuga de talentos al exterior o sectores no gubernamentales ante el potencial amiguismo en la selección de puestos donde debería primar la meritocracia. ¿Han observado lo que sucede cuándo se designa -amparados en la discrecionalidad- a alguien no calificado para una posición de alto perfil para la cual se necesita experiencia y excelente preparación profesional y ética?

La delincuencia organizada, no tiene una etimología académica de acuerdo con el especialista alemán en criminología Klaus von Lampe. Como concepto nació con el término crimen organizado con cierta regularidad a partir de 1919, por una institución norteamericana llamada "La Comisión del Crimen de Chicago" ("The Chicago Crime Comission"), organización cívica formada principalmente por hombres de negocios, banqueros y abogados, creada con el fin de promover diversos cambios en el sistema penal de justicia. Tal comisión no identificaba a organizaciones criminales, sino más bien relacionaba aquel fenómeno, de forma mucho más amplia, con una clase criminal que, se encontraba compuesta por más de diez mil delincuentes que percibían el crimen como un negocio en la ciudad de Chicago. En palabras llanas, se trató de la identificación de una nueva realidad en el mundo del hampa, que se ubica con exactitud en el contexto de una sociedad norteamericana que transitaba desde la prosperidad hacia una gran depresión económica, en la que ciertos grupos, dentro de las zonas urbanas, asumieron el control de actividades ilegales tales como: la prostitución, las apuestas, la distribución de cervezas y licor, y las extorsiones, siendo un hecho preciso el que propiciaría la transición de esta criminalidad grupal hacia el surgimiento de un fenómeno criminal amenazante y al parecer incontenible: la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas a través de la denominada Volstead Act o Ley seca, o Prohibición, que aunque fue vetada por el presidente Woodrow Wilson, el veto fue anulado por el Congreso el 28 de octubre de 1919 y la norma fue finalmente promulgada trayendo efectos insospechados. La prohibición del licor permitió la consolidación de bandas criminales organizadas fuera de Chicago y se produjo un giro decisivo: Ya a partir de 1930, el concepto de crimen organizado comienza a ser empleado a los grupos, que, seguían las órdenes de grandes jefes que operaban como poderosos líderes y el crimen organizado dejó de ser percibido como el producto de condiciones que podían ser remediadas a través de reformas sociales o políticas, en lugar de ello, para enfrentar tal amenaza, el énfasis del gobierno se centró en una aplicación más vigorosa de la ley y el orden. La batalla empezaba… La delincuencia organizada no era un problema local, sino que Estados Unidos de Norteamérica lo visualizó a escala nacional, identificando a la Mafia a través del FBI, dándole un origen étnico como la Cosa Costra (nuestra cosa), por ser sus integrantes originales ítalo americanos. En términos simples, para este nuevo planteamiento, el crimen organizado era, esencialmente, una operación económica en marcha cuyo negocio era proveer bienes y servicios ilegales. Evidentemente, este modelo primigenio es anacrónico, hoy día existen las mafias rusas, las Yakuza japonesas, las Triadas Chinas, las bandas latinoamericanas, entre muchas. Este modelo de delincuencia organizado es arcaico, aunque persiste, pero ha sido superado por la evolución comercial y tecnológica del Siglo XXI, sin mencionar el modelo sui generis de los narcotraficantes que son una especie aparte.

Además de la Convención de Palermo (2000) y las legislaciones nacionales que brindan un marco de homogeneidad en la normativa penal, los recursos para enfrentar a estos organismos delincuenciales son siempre escasos, ya que debe tomarse en cuenta la vertiginosa y maligna creatividad con que cuentan estos "empresarios" de la delincuencia, que en apariencia lucen respetables y refinados, pero esconden un corazón oscuro y retorcido. Personalmente no temo a las personas tatuadas, me inquieta mucho más la delincuencia de cuello blanco con recursos que rayan en lo infinito.

Sociológicamente, es necesario admitir, que, en procura de mayor impunidad, el conocimiento en la cadena de mando dentro de estos grupos puede ser limitado, al igual que la membresía. Mientras más bajo se está en el escalafón, más vulnerable es el delincuente para efectos de un arresto o de una ejecución. Los capos verdaderos suelen permanecer en la penumbra halando los hilos del negocio, y a menudo fomentan una imagen respetable.

La corrupción es esencialmente el mal uso del poder que fue confiado a personas que fueron designadas para procurar un bien común y no el cumplimiento de agendas personales en beneficio propio o de familiares y amigos. Los funcionarios públicos ejercen siempre un poder delegado en una democracia, por ello, a mi parecer, el primer indicio de que hay problemas en el matorral de una mente, es el envanecimiento o mareo por el haber sido designado en un puesto de cierta importancia. El diablo está en los detalles.

La Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica necesitan recursos urgentes para combatir este tipo de delincuencia. No creo con sinceridad que el problema sea falta de voluntad de la Corte Suprema de Justicia, es un tema de carencia de dinero para dotar de insumos a esos órganos en su valiente lucha. Confío en que pronto esos fondos se obtengan. No se puede bajar la guardia contra una hidra de muchas cabezas, pese al problema del endeudamiento público y los asuntos presupuestarios, es prioritario preservar a Costa Rica como un sitio confiable para los negocios y la convivencia humana con respeto al ordenamiento jurídico.

Jaime Robleto