Corte califica como “oportuno” cerrar DIS para trasladar labores al OIJ y Seguridad Pública
La Corte Plena aprobó este lunes un informe favorable al proyecto de ley del Frente Amplio que busca cerrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el servicio de inteligencia y policía política que opera bajo el mando exclusivo del presidente de la República.
La iniciativa propone trasladar todos los recursos, el personal y los bienes de la DIS al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en partes iguales. Además, las funciones también se dividirían entre ambas instituciones.
Al transferir mayor carga y realizar modificaciones, la Asamblea Legislativa debe someter el proyecto de ley a revisión de la Corte Suprema de Justicia, a fin de determinar si existe injerencia en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, lo que implicaría la necesidad de aprobarlo con 38 votos de diputados.
"Desde el análisis que se ha hecho no existe ninguna afectación. Estamos hablando de un traslado que tiene que ver con investigaciones al OIJ y al Ministerio Público que hoy día son resorte de uno y otro, por expresa disposición legal es lo que nos toca realizar desde el Poder Judicial", indicó la magistrada Patricia Vargas, quien rindió el informe.
La función principal de la DIS es recopilar y analizar información para prevenir riesgos a la seguridad nacional, como amenazas a la independencia, la integridad territorial o la estabilidad del país.
Sin embargo, la institución acumula años de polémicas y acusaciones de uso como policía política durante el gobierno de Rodrigo Chaves. El proyecto de ley excluye a la DIS de la lista de cuerpos policiales mencionados en la ley y deroga todo lo relativo a su existencia.
Plantea que los asuntos relacionados con investigaciones de delitos pasen al OIJ y al Ministerio Público, y que las funciones preventivas y administrativas se trasladen al MSP. En cuanto al personal, las plazas serían trasladadas al MSP, que las ubicaría en distintos cuerpos policiales según criterios técnicos y siempre que cumplan los requisitos de idoneidad.
Además, se plantea que, tratándose del Poder Judicial, se podría crear un convenio con el Ejecutivo para transferir personal al OIJ y fortalecer las capacidades contra el crimen organizado.
A diferencia de otros cuerpos policiales, el traslado al OIJ está condicionado al convenio que se suscriba con el Poder Judicial, lo cual es recomendable por la separación de poderes y porque el OIJ tiene sus propios requerimientos de idoneidad.
Respecto a los bienes, como equipos y activos asignados a la DIS, pasarían al MSP para su reasignación a distintos cuerpos policiales del país, incluido el OIJ. Según la magistrada, sería prudente definir criterios claros para esta asignación, de manera que no dependa únicamente del MSP.
En cuanto a los archivos y expedientes de la DIS, se plantea que pasarán al MSP y, en un plazo prudencial, al Ministerio Público. La Corte sugirió a la Asamblea Legislativa definir un plazo específico, pues al tratarse de asuntos penales, podrían aplicarse plazos de prescripción que no conviene dejar a discreción.
Sobre el presupuesto, la reforma establece que el 50 % se destinará al OIJ para la creación de plazas para personal de investigación, y el otro 50 % al MSP. El traslado de investigaciones requerirá reforzar tanto al OIJ como a la Fiscalía.
"Evidentemente pueden requerirse algunos recursos adicionales que el proyecto contempla, este 50 % no deja de ser una contribución importante, pero que en términos generales no afectaría organización y funcionamiento", añadió la magistrada.
El expediente legislativo propone un transitorio de seis meses para aplicar los cambios y cerrar definitivamente la DIS.