Corte tramita hoy solicitud de levantamiento de inmunidad contra ministro de Justicia
Fiscalía acusa a Gerald Campos por peculado, falsedad ideológica y beneficios laborales irregulares cuando era subdirector del OIJ: magistrados determinarán si remiten causa al Congreso
El Tribunal de la Corte Suprema de Justicia tramitará este lunes la acusación penal que presentó la Fiscalía General contra el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, por los presuntos delitos de peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.
Ante consulta de CR Hoy, el Poder Judicial confirmó que este lunes está en agenda el inicio del trámite de la causa, que permanece pendiente desde hace varios meses.
El paso que debe cumplir hoy la Corte es fundamental para que el pleno de magistrados decida si remite el expediente a la Asamblea Legislativa, instancia que debe resolver si se le levanta o no el fuero de improcedibilidad —conocido como inmunidad—, para que Campos enfrente un eventual juicio.
Aunque el trámite inició hoy, se requiere un análisis exhaustivo de la causa para determinar si cumple con los requisitos legales, a fin de que luego el Congreso tramite la solicitud.
Luego de esa eventual autorización, la Sala Tercera de Casación Penal podría procesar al alto jerarca, quien goza de protección especial por ser miembro de los Supremos Poderes y no puede ser procesado por la vía judicial ordinaria.
La audiencia es de carácter privado. La acusación ha estado estancada por año y medio, desde el pasado 30 de enero de 2024, cuando la Fiscalía envió al Tribunal de la Corte Plena una acusación contra el jerarca.
En detalle, los presuntos delitos que se le atribuyen son: reconocimiento ilegal de beneficios laborales en concurso ideal con dos delitos de peculado, así como dos delitos de peculado en concurso ideal con dos delitos de falsedad ideológica, según el Ministerio Público.
El concurso ideal es una figura jurídica que se configura cuando, mediante una sola acción, se cometen dos o más delitos. Es decir, en un solo acto, el actual ministro habría incurrido en múltiples conductas ilegales.
En la causa penal que enfrenta Gerald Campos, se le achacan varios actos presuntamente ilícitos, como el uso irregular de un vehículo asignado, cobros excesivos por horas extra para un custodio de apellido Jara y la inclusión de datos, en apariencia falsos, para justificar el pago de viáticos.
Los hechos habrían ocurrido años atrás, cuando el jerarca ocupaba el cargo de subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Inicialmente, la causa se tramitaba de forma ordinaria en un tribunal penal. Sin embargo, cuando el funcionario fue nombrado ministro y adquirió inmunidad, la persecución penal pasó a manos del fiscal general.
Una vez bajo su competencia, en enero de 2023 la Fiscalía presentó la acusación y la solicitud de apertura de juicio ante la Sala Tercera de Casación Penal, instancia encargada de tramitar causas contra ministros.
No obstante, los magistrados de esa Sala devolvieron la solicitud a la Fiscalía. Fuentes cercanas a la Corte Suprema de Justicia informaron a CR Hoy en abril de 2024 que el motivo de la devolución fue la necesidad de corregir el procedimiento.
Como la persecución penal inició mediante un procedimiento ordinario, cuando Campos aún no tenía fuero especial, la Fiscalía no podía simplemente trasladar esa acusación al régimen especial. Era necesario adecuar el procedimiento y la formulación de cargos.
Por casi un año, y pese a contar con la investigación concluida, el expediente permaneció sin avances en el Ministerio Público. Finalmente, a finales del mes pasado, se presentó nuevamente ante la Corte.
El procedimiento es especial. Tras conocer la solicitud de apertura a juicio, la Sala Tercera debe emitir un informe para que la Corte Suprema de Justicia, en pleno, solicite a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del ministro. Solo así puede iniciarse el juzgamiento.
Aferrado a la inmunidad y la cereza en el pastel
El 3 de abril de este año, Gerald Campos renunció a su plaza como subdirector del OIJ, aferrándose al menos 13 meses más a la inmunidad que le otorga su permanencia como ministro, lo que dificulta que sea llevado a juicio.
La decisión del jerarca se dio dos días después de que la Corte Plena rechazara extenderle el permiso para continuar en el gabinete, dado que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que un funcionario judicial de su rango requiere autorización de los magistrados.
El único camino para que Campos permaneciera como titular de Justicia y Paz era renunciar al OIJ. De no hacerlo, habría tenido que dejar el ministerio para reincorporarse a la Policía Judicial.
Consultado por CR Hoy el día de su renuncia, negó que su motivación fuera conservar la inmunidad.
"No, la inmunidad termina, la causa no. Yo siempre he dicho que investiguen a los que tengan que investigar.
El problema es cuando las investigaciones son por cosas basura. (…) Si usted escuchó el razonamiento que dio la Corte en la última votación, no hablaron de eso (la acusación penal)", señaló a este medio.
En 2022, cuando el entonces subdirector del OIJ pidió permiso a los magistrados por primera vez, prometió renunciar a la inmunidad cuando la causa avanzara. Por eso se amplió el permiso también para 2023 y 2024.
Pero en abril de este año afirmó que, como la acusación aún no ha llegado a la Asamblea Legislativa, no "discutirá" con el Poder Judicial en una etapa que "no corresponde".
Un video subido a YouTube en enero de 2016 detonó las investigaciones contra Campos, quien aún estaba en la Policía Judicial. La publicación fue titulada La cereza del pastel de GCV1.
Además, se habría comprobado la inserción de datos falsos en Hojas de Liquidación de Gastos de Viaje en el Interior del País, para justificar el pago de viáticos por desayunos, almuerzos o cenas a Campos y su custodio.
Al parecer, el entonces subdirector habría recibido alrededor de ¢900.000 en viáticos, mientras que su guardaespaldas, Jara, habría percibido ¢5,8 millones por horas extra y más de ¢800.000 por viáticos.
La acusación estuvo lista desde febrero de 2022, cuando la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentó la petición ante el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José.
Posteriormente, Campos asumió como jerarca y obtuvo el fuero especial, lo que complicó el avance del proceso.
Otras causas contra jerarcas con inmunidad
Entre otras causas activas ante la Corte contra miembros de los Supremos Poderes figura el caso BCIE–Choreco, en el que se investiga al mandatario Rodrigo Chaves Robles y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, por el presunto delito de concusión.
A ambos se les atribuye haber ideado un plan para inducir al empresario audiovisual Cristian Bulgarelli —contratado por Casa Presidencial— a girar $32.000 al amigo cercano y exasesor presidencial Federico Cruz Saravanja, alias Choreco, con fondos provenientes de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La contratación se formalizó entre octubre de 2022 y octubre de 2023, por un monto de $400.000, financiado mediante una donación del BCIE.
Choreco habría sido beneficiado con $32.000 para la compra de una vivienda. En ese momento, también habría participado el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien fungía como jefe de despacho presidencial y luego como ministro de Comunicación.
También sigue en trámite el expediente por el caso Financiamiento Jaguar, sobre el presunto uso de dos estructuras paralelas para costear la campaña electoral de 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en aparente violación a las normas de financiamiento político.
Además del mandatario, figuran como acusados el primer vicepresidente, Stephan Brunner Neibig, y el canciller Arnoldo André Tinoco.
La lista la completan los diputados oficialistas Pilar Cisneros Gallo, Paola Nájera Abarca, Waldo Agüero Sanabria y Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta fundadora del PPSD. La acusación fue presentada hace una semana.
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