Corte ya recibió renuncia formal de ministro de Justicia Gerald Campos

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, presentó formalmente su renuncia a la plaza que ostentaba en propiedad como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Dejó el cargo de forma oficial una semana y media después de haberlo anunciado.

Durante la sesión del pasado 7 de abril, la Corte Plena informó que recibió el oficio de dimisión, cinco días después de que Campos lo anunció junto al mandatario Rodrigo Chaves Robles en el programa televisivo semanal de Presidencia.

Solicitó que su separación irrevocable fuera efectiva a partir del 11 de abril. De esta forma, la Dirección de Gestión Humana ya recibió la instrucción para abrir el concurso y buscar un reemplazo de forma permanente. Durante la ausencia, el cargo ha sido ocupado de forma interina por Michael Soto Rojas.

El nombramiento debe ser acordado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cual designó a la Comisión de Nombramientos para encargarse de los trámites necesarios para sustituir en propiedad a Gerald Campos.

El pasado 2 de abril, Campos anunció su salida definitiva del OIJ para continuar como jerarca del gabinete de Chaves, cargo que ocupa desde mayo de 2022. De esta manera, se aferra durante 13 meses a la inmunidad que le otorga el puesto, pese a tener una acusación penal pendiente en su contra.

La decisión se dio dos días después de que la Corte Plena rechazó extenderle el permiso para seguir desempeñándose como ministro, dado que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que un funcionario judicial de su envergadura debe contar con autorización de los magistrados. En 2023 y 2024 se lo extendieron.

En 2022, cuando el exsubdirector del OIJ pidió permiso a los magistrados por primera vez, prometió renunciar a su inmunidad cuando la causa avanzara. Ahora señala que, como la acusación no ha llegado a la Asamblea Legislativa, no "discutirá" con el Poder Judicial en una etapa que "no corresponde".

Al tomar esta decisión, el jerarca se asegura de gozar de un fuero especial que impide que sea juzgado por los tribunales penales ordinarios, ya que se debe seguir un procedimiento especial en el que los magistrados deben solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de su inmunidad antes de poder procesarlo.

El documento de renuncia fue presentado ante la Dirección General del OIJ, la Corte y Recursos Humanos del Poder Judicial. A partir de este paso, pueden realizarse los trámites para el nombramiento del sustituto.

Los requisitos para el puesto son: ser costarricense, mayor de edad y tener una conducta intachable, así como contar con una Licenciatura en Derecho e incorporación al Colegio de Abogados, según el Manual de Clases de Puestos Institucional.

Separación e inmunidad

Campos Valverde ingresó de forma interina al Poder Judicial como auxiliar de servicios generales en 1992. Poco tiempo después pasó a ser técnico judicial. Su nombramiento en propiedad se dio a mediados de ese año, al ser nombrado asistente jurídico; luego fue auxiliar administrativo y, en 1994, comenzó como investigador.

A partir de ahí tuvo varios ascensos, y en 1997 obtuvo su primer puesto de jefatura. En 2013 fue nombrado en propiedad como subdirector general del OIJ. En 2015 tuvo un breve paso como director interino de la Policía Judicial.

El ministro priorizó su cargo en el gobierno de Chaves por encima de 33 años de carrera judicial. Consultado por CR Hoy, negó que su decisión estuviera motivada por el interés de garantizar su inmunidad frente a la causa penal que enfrenta.

No, la inmunidad termina, la causa no. Yo siempre he dicho que investiguen a los que tengan que investigar.

El problema es cuando las investigaciones son por cosas basura. (…) Si usted escuchó el razonamiento que dio la Corte en la última votación, no hablaron de eso (la acusación penal). 

En el oficio de renuncia, Campos cuestionó que no se le otorgara el permiso para terminar el período de cuatro años en la actual administración. Alegó como razones su negativa a renunciar a la inmunidad, la posible politización ante un eventual regreso y las puertas giratorias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial para altos funcionarios.

El jerarca aseguró que su nombramiento como ministro no fue un favor político y que sufrió acoso laboral cuando fue funcionario del OIJ.

Pese a que Rodrigo Chaves y el propio Campos arremetieron contra la Corte por no autorizar el permiso del ministro y calificaron la situación como "una sacadota de clavo", lo cierto es que, desde 2022, los magistrados han otorgado 14 permisos para que funcionarios judiciales se integren a su Poder Ejecutivo con un rol importante.

A excepción de la negativa al titular de Justicia, solo hay un antecedente similar. La única ocasión previa en la que la Corte negó definitivamente una autorización a un funcionario judicial para pasar al Ejecutivo fue en julio de 2023, cuando rechazaron un permiso sin goce de salario solicitado por el fiscal adjunto de Pérez Zeledón, Édgar Ramírez Villalobos, quien pretendía asumir como presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, quien era jueza, recibió el visto bueno para desempeñarse como ministra de Trabajo en 2022. Manuel Jiménez Steller, exfiscal, también pudo convertirse en el polémico viceministro de Seguridad, gracias al aval de la Corte.

Exleine Sánchez y Sergio Sevilla asumieron viceministerios de Justicia junto a Gerald Campos, también con permisos otorgados por los magistrados. Además, el juez Fernando Ramírez recibió autorización para asumir la dirección del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Acusación en espera

La Fiscalía General elevó el pasado 30 de enero una acusación contra el ministro de Justicia, a quien se le atribuye la presunta comisión de varios delitos, entre ellos peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.

Los delitos atribuidos a Campos Valverde incluyen reconocimiento ilegal de beneficios laborales en concurso ideal con dos delitos de peculado, así como dos delitos de peculado en concurso ideal con dos delitos de falsedad ideológica.

La causa penal que enfrenta Campos data de años atrás, incluso antes de que asumiera un cargo en el gabinete de Chaves. Los hechos ocurrieron cuando ejercía como subdirector del OIJ.

Un video subido a YouTube en enero de 2016 detonó las investigaciones contra Campos, quien seguía en la policía judicial en ese momento. La publicación fue titulada La cereza del pastel de GCV1.

"Una vez analizada la información… se denotó un excesivo cobro de horas extras hechas por Jara (custodio de Campos en ese momento), así como gran cantidad de giras realizadas por ambos en ese corto plazo (de abril del 2016 a enero del 2017), las cuales en su mayoría finalizaban los días sábados y domingos", indicó un estudio hecho por el OIJ.

Además, se habría comprobado la inserción de datos falsos en Hojas de Liquidación de Gastos de Viaje en el Interior del País, para lograr el reconocimiento de Campos y Jara del rubro de viáticos correspondiente a desayunos, almuerzo o cenas.

Al parecer, la cifra que habría recibido el exsubdirector fue de ¢900.000 en viáticos, y a su guardaespaldas, Jara, se le habrían pagado ¢5,8 millones por horas extra y más de ¢800.000 por viáticos.

La acusación estuvo lista desde febrero de 2022, cuando la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) elevó la petición ante el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José.

Posteriormente, Campos asumió como jerarca y obtuvo el fuero especial de inmunidad, lo que complicó el proceso, dado que la Sala Tercera de Casación Penal devolvió la solicitud de apertura a juicio al Ministerio Público para corregir el procedimiento debido al cambio de circunstancias.

Durante casi un año, y pese a haber concluido la investigación, el expediente se mantuvo sin avances en el Ministerio Público, hasta que finalmente, a finales de enero pasado, fue presentado nuevamente ante la Corte.