Costo de sistema informático en la CCSS aumentó más del 20% pese a que la ley lo prohíbe
Edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
El costo del contrato para el nuevo sistema informático de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ERP-SAP, aumentó más de lo permitido por la Ley General de Contratación Pública.
De acuerdo con un informe de la Auditoría Interna de la institución, el contrato original estaba fijado en $15.545.597 y por medio de 3 adendas se incrementó hasta $18.826.642. En términos porcentuales, creció un 21.11%.
La Ley General de Contratación Pública establece que:
La administración podrá modificar sus contratos vigentes siempre que con ello se logre una mejor satisfacción del interés público, sin superar bajo ningún concepto el veinte por ciento (20%) del monto y el plazo del contrato original.
Además, en el artículo 276 de su Reglamento Modificación Unilateral del Contrato de Bienes y Servicios se indica que:
La Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos de bienes y servicios para adaptar la prestación objeto del contrato, siempre que con ello se logre conseguir una mejor satisfacción del interés público, ya sea aumentando o disminuyendo sin superar el veinte por ciento (20%) del monto y el plazo del contrato original. Dicho porcentaje no podrá ser superado en condiciones normales bajo ningún concepto.
Primeramente, se realizó una adenda para licencias por un monto de $955.500, lo cual representó un aumento del 6,15%. Luego, la siguiente adenda se relacionó con el traslado de la salida en vivo del sistema de enero 2023 a enero 2025, esto significó un aumento de $1.375.545 (8.85%).
En marzo de 2025, la Dirección Plan de Innovación tramitó otra adenda por un monto de $950.000, es decir, un aumento del 6,11%. Con esta última adenda se superó en un 1,11% el límite del 20% permitido la Ley General de Contratación Pública.
De hecho, en la licitación se aseguró que la adenda representaba un aumento del 5,31% equivalente a 19.000 horas de soporte. La Auditoría verificó que el monto real era 6,11% y no 5,31%. "La variación acumulada derivada de las adendas alcanza un total del 21,11%", asegura el órgano auditor.
La Ley General de Contratación Pública habilita aumentos mayores al 20%, pero cuando ocurran circunstancias excepcionales, técnicamente acreditadas en el expediente.
El contrato podrá modificarse hasta un cincuenta por ciento (50%), en cuanto monto y plazo del contrato original, previa autorización del jerarca o por quien él delegue, se indica.
Con respecto a esto, la Auditoría aseguró que no se obtuvo prueba documental de que la situación correspondiera a circunstancias excepcionales para sobrepasar el límite del 20%.
Múltiples fallas
El pasado 2 de junio, la CCSS anunció la salida en vivo ERP-SAP.
Una de las primeras fallas que enfrentó el sistema fue con respecto al pago de subsidios por incapacidad, licencias y gastos fúnebres, por lo que su pago se suspendió. Al 10 de junio, 40 mil personas esperaban el pago.
La Auditoría Interna de la institución alertó el 11 de junio que las fallas ya habían sido advertidas previo a la implementación. Halló "un colapso operativo, financiero y tecnológico que pone en riesgo la continuidad de los servicios".
Identificaron desabastecimientos de medicamentos, atrasos en la entrega de insumos médicos y más de 1.500 facturas pendientes por más de $22 millones.
Se presentaron retrasos en pagos a funcionarios y a terceros, inconsistencias en el sistema financiero ERP y una "preocupante dependencia" de procesos manuales en áreas clave, como farmacia, mantenimiento y activos. Además, se concluyó que el sistema farmacéutico institucional enfrentó una crisis que afecta la salud y seguridad de los usuarios.
El 12 de junio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), denunció ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la Contraloría General de la República (CGR) la implementación del sistema. Se denunció el presunto delito de influencia indebida contra la hacienda pública.
Se resaltaron problemas con la asignación de claves a los usuarios del sistema. Además, se reportó la duplicación de datos durante el proceso de carga de información relacionada con las farmacias en 55 centros médicos.
Otro de los puntos críticos fue la migración de datos desde los sistemas anteriores al nuevo ERP contratado a la empresa SAP, proceso que presentó varios incidentes técnicos.
También se mencionó que, al momento de la activación del sistema, hubo problemas en la interfaz con el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
También, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines) presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por la implementación.
El recurso se interpuso contra Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, y la Junta Directiva de la institución.
En el reclamo se señaló que "la implementación forzada e irregular del sistema informático ERP-SAP compromete la continuidad de todos los servicios esenciales de salud y coloca en riesgo de muerte o de complicaciones graves a los asegurados".
Al 26 de junio, la Auditoría presentó un nuevo informe con fallas. 88 farmacias aseguraron tener problemas en la operación por cargas erróneas, de las que más de 60 alertaron de riesgo de desabastecimiento de medicamentos.
Al 25 de junio, la CCSS le adeudaba $71.7 millones de dólares a proveedores, cifra que se ha disparado desde la implementación del ERP-SAP. Al 6 de junio, 4 días después de la salida en vivo del sistema, se adeudaban $13 millones y para el 9 de junio la cifra creció a $24 millones.
A la misma fecha había 217 mil boletas físicas de incapacidades sin pago por fallos de integración de los sistemas.
Además, funcionarios dejaron de laborar por las fallas con el sistema, lo cual culminó en cirugías perdidas. Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio, denunció ante el Ministerio Público la implementación.
