Critican tardanza en plan de empleo para Limón

El gobierno está en deuda en su presentación al país -pero sobre todo a los limonenses- del plan de acción para enfrentar los 900 despidos que sacudirán esa provincia dentro de cinco meses. 

El 29 de junio anterior el presidente de Japdeva, Greivin Viillegas, dijo que este plan se iba presentar en dos semanas, sin embargo esas dos semanas  ya pasaron a ser dos meses. 

A pesar que desde mayo cuando el presidente Carlos Alvarado nombró a Villegas en ese cargo prometió "una respuesta oportuna" para los 1.462 funcionarios de Japdeva, lo cierto es que la ansiedad se apodera entre los funcionarios de la institución por el incumplimiento del Ejecutivo. 

En palabras de Villegas, desde junio anterior el plan "se estaba afinando"  por parte de todos los ministerios e instituciones del gobierno, así como por diferentes sectores sociales de Limón, porque según dijo "será un proyecto país".

CRHoy dejó varios mensajes a Villegas para poder constatar su versión, pero no devolvió las llamadas.

Los despidos se avecinan porque en febrero entrante la empresa holandesa APM Terminals asumirá la carga de contenedores que Japdeva tuvo en sus manos durante años. La ex presidenta ejecutiva de esta institución, Ann McKinley, fue la que reveló en marzo de 2017 la cifra de 900 despidos ante este cambio. Esta administración no ha desmentido o contradicho ese número de ceses de funcionario.

Actualmente Japdeva cuenta con 1.462 empleados, una planilla que consume ¢32 mil millones anuales. 

A pesar de que el pasado gobierno dijo que había dejado una hoja de ruta para enfrentar estos despidos, diversos sectores aseguran que la administración Solís – Rivera no dejó nada y le pasó esta brasa caliente al gobierno de Alvarado. Esto con el agravante que la administración de Solís se gastó el dinero que se había separado desde el 2009 para las prestaciones (ver nota abajo).

Diputados exigen respuestas ante silencio en Zapote y Limón

Este incumplimiento tiene molestos a los diputados de la provincia. Los legisladores aseguran que el gobierno guarda silencio a pesar de reiteradas solicitudes de información, lo que los hace creer que el plan no avanza.

La diputada liberacionista Yorleny León dijo que existe una gran preocupación en Limón, como en su despacho, dado que ni la Casa Presidencial ni en Japdeva le responden sus inquietudes. Según la legisladora, extraoficialmente el gobierno estaría valorando no hacer estos despidos y enfrentar los gastos de Japdeva con los mismo recursos de la institución, algo que a su parecer sería difícil, pues con la carga que perderá Japdeva se dejarán de percibir miles de millones de colones.

"Estamos preocupados. El gobierno guarda silencio en un tema que le quita el sueño y la tranquilidad a muchas familias, exigimos una respuesta", dijo León.

El diputado Eduardo Cruickshank de Restauración Nacional también espera desde hace semanas respuestas del gobierno. A él tampoco le han contestado.

El legislador aseguró que este silencio del gobierno confirma las versiones de varios sectores que le han dicho que el gobierno "no tiene nada".

Cruickshank aseguró que el gobierno debe de apurarse, pues en Limón los ciudadanos están molestos por el incumplimiento y valoran medidas de presión.

"No me han contestado y según información confidencial que tengo, no tienen nada", dijo Cruickshank.

El liberacionista David Gourzong aseguró que, ante la falta de propuestas por parte del gobierno, su despacho preparó un proyecto de ley que impulse una pensión anticipada entre los funcionarios mayores de 55 años.

Gourzong dijo que le hubiera gustado conversar acerca de esta propuesta con el gobierno, pero su hermetismo ha complicado la situación.

"Yo tampoco tengo ninguna información y claro que hay preocupación desde hace tiempo,pero el silencio de la Casa Presidencial y de Japdeva genera más ansiedad y molestia, exigimos que el gobierno se pronuncie", dijo el verdiblanco.

Los tres diputados dijeron que esperaban que el presidente Carlos Alvarado llegue con información sobre este plan en su gira a la provincia a fin de este mes.

Sin plata para prestaciones

El gobierno de Luis Guillermo Solís no solo dejó manos arriba al de Alvarado con un hueco de ¢900 mil millones en las finanzas públicas, también lo dejó sin plata para liquidar y pagar las prestaciones de estos  900 trabajadores.

En el 2017 el pasado gobierno decidió utilizar ¢15 mil millones de colones que se habían presupuestado desde el año 2009 para el pago de las prestaciones de los empleados de la institución para comprar, por petición de los sindicatos, dos grúas tipo Postpanamax para atender grandes buques de 4 y 8 mil TEUS.

El dinero del que echó mano Japdeva se había presupuestado en 2009, bajo la administración de Óscar Arias; y durante el período de Laura Chinchilla (2010-2014) los recursos no se tocaron.

Cuando trascendió ese desvío de fondos, Francisco Jiménez, exministro de Obras Públicas y expresidente de Japdeva, cuestionó la decisión y aseguró que la adquisición es una irresponsabilidad administrativa, además dudó que esa inversión pueda ser recuperada por medio de las tarifas.

Los empleados de Japdeva tienen derecho al pago de cesantía con un tope de 20 años, pues así lo establece su convención colectiva.

El pasado gobierno se opuso y nunca reveló cuál era el monto que se requiere para las liquidaciones de estos trabajadores.

APM Terminals ha dicho que creará entre 600 y 650 puestos de trabajo directos y 1.400 indirectos durante sus primeros tres años de operación, no obstante, a la fecha no se han concretado planes de movilidad hacia esa empresa por parte de los funcionarios de Japdeva.