¿Cuáles actos cometieron Chaves y figuras cercanas que los hace afrontar hoy acusación penal?
Informe del TSE revela posibles delitos electorales que cometieron mandatario, jerarcas y diputados acusados penalmente
El mandatario Rodrigo Chaves Robles, el vicepresidente Stephan Brunner Neibig, el canciller Arnoldo André Tinoco y los diputados oficialistas Pilar Cisneros Gallo, Waldo Agüero Sanabria, Paola Nájera Abarca y Luz Mary Alpízar Loaiza integran la lista de siete personas imputadas por la Fiscalía General, como presuntos responsables de delitos electorales en el caso conocido como Financiamiento Jaguar.
La acusación fue presentada este lunes ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar si remite el expediente a la Asamblea Legislativa para tramitar el eventual levantamiento del fuero de improcedibilidad —más conocido como inmunidad— que protege a los altos funcionarios de Supremos Poderes.
Aunque el Ministerio Público aún no ha precisado los delitos individuales que se les atribuyen, sí confirmó que se investigan posibles infracciones a varios artículos del Código Electoral relacionadas con financiamiento irregular de campañas, contribuciones privadas prohibidas y recepción de fondos ilegales.
Buena parte de la acusación se fundamenta en las pesquisas del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), contenidas en el expediente administrativo IDI-DFPP-007-2024, el cual fue secuestrado por la Fiscalía a inicios de este año y divulgado por CR Hoy el pasado 1.° de febrero pasado.
El informe documenta la existencia de al menos dos estructuras paralelas que canalizaron recursos para financiar la campaña de Chaves y del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Una de ellas fue el fideicomiso Costa Rica Próspera, constituido el 25 de febrero de 2021 con el propósito de respaldar las aspiraciones políticas del ahora mandatario.
La segunda estructura operó entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, e incluyó el financiamiento de la candidatura legislativa de Waldo Agüero, con participación del banquero Jack Loeb Casanova y Sofía Agüero Salazar, hija del diputado.
Mandatario Chaves
Según el informe, el gobernante habría cometido al menos tres delitos electorales durante la campaña que lo llevó al poder, lo que lo expone a penas de hasta seis años de cárcel por cada uno, en caso de ser hallado culpable.
Como co-constituyente del fideicomiso Costa Rica Próspera e impulsor público de depósitos en las cuentas de ATA Trust Company S.A. tras ser proclamado candidato oficial, habría violado el artículo 273 del Código Electoral, que castiga con prisión de dos a cuatro años la recepción indebida de financiamiento electoral.
Además, se le acusa de haber recibido donaciones a través de esta estructura paralela, eludiendo los controles internos del partido. Esa conducta podría ser sancionada con dos a seis años más de cárcel, según el artículo 275, inciso b).
De comprobarse que conocía y consintió un segundo esquema de financiamiento orquestado por Jack Loeb y Sofía Agüero, se sumaría otra eventual pena por el mismo rango.
Vicepresidente Brunner
Como extesorero del partido durante la campaña, Brunner habría conocido de los activos adquiridos de forma irregular por el fideicomiso sin denunciarlos, lo que contraviene el artículo 275, inciso a), que impone penas de dos a seis años de prisión por omisión.
Una de las pruebas principales es un audio revelado por CR Hoy, en el que Brunner informa a Chaves sobre “dineros contaminados” que habían ingresado del fideicomiso. No obstante, nunca denunció el hecho ni ante el TSE ni ante el partido.
Brunner fue tesorero del Comité Ejecutivo Superior del PPSD entre el 18 de noviembre de 2021 y el 2 de mayo de 2022, cuando renunció tras asumir la vicepresidencia. Durante ese periodo, tuvo plena capacidad para ejecutar movimientos financieros en nombre del partido, incluidos cheques y transferencias, desde las cuentas en el Banco de Costa Rica.
Canciller André
El ministro de Relaciones Exteriores figura como administrador real del fideicomiso, según el informe. Fue uno de sus fundadores y principales contribuyentes, y presuntamente administró las cuentas mediante la empresa fiduciaria ATA Trust Company S.A., de la cual era presidente y representante legal.
El secretario de la junta directiva de esa sociedad, Alonso Vargas Araya, declaró ante la Asamblea Legislativa que André era quien realmente manejaba el fideicomiso. En ese mismo foro, el actual canciller se abstuvo de responder preguntas por estar bajo investigación judicial, aunque reconoció haber administrado las cuentas.
El fideicomiso recibió depósitos desde febrero de 2021, y André fue uno de los primeros donantes, con al menos $5.500.
Parte de sus aportes se realizaron mediante las sociedades Galería Tres Mil S.A. y Península Group S.A., ambas presididas por él, lo que constituye presuntas contribuciones privadas ilegales, tipificadas en los artículos 273 y 274 del Código Electoral, con penas de dos a cuatro años de prisión por cada infracción.
Diputada Cisneros Gallo
Cisneros integró el comando de campaña de Chaves, aportó recursos y fue señalada en varias denuncias ante el TSE. Se mantiene como una de las personas más cercanas al mandatario e incluso liderará la campaña que buscaría la continuidad de la actual administración.
Aunque no figura como imputada en el informe administrativo, sí es catalogada como persona de interés debido a su rol central en decisiones clave de campaña, incluidas las relacionadas con el financiamiento.
Múltiples testimonios señalaron a Cisneros Gallo como una de las principales responsables de la cúpula que tomaba determinaciones relevantes sobre recursos y otras estrategias de campaña.
David Segura Román, jefe de campaña entre setiembre y noviembre de 2021, declaró que Cisneros ocupó un puesto de liderazgo. Durante una audiencia legislativa en octubre de 2023, el financista Calixto Chaves confirmó que ella, junto con Federico Cruz Saravanja (“Choreco”), dirigía un grupo operativo clave complementado por el mismo Chaves y Natalia Díaz, exministra de la Presidencia.
También se le atribuye la decisión de rescindir, en agosto de 2021, los servicios de la agencia publicitaria La Tres Letras del Génesis S.A.
El informe muestra que fue beneficiaria directa de recursos del fideicomiso Costa Rica Próspera. El levantamiento del secreto tributario reveló pagos por casi ₡102 millones, principalmente en publicidad, algunos de los cuales favorecieron su candidatura legislativa.
Además, adquirió bonos de cesión de contribución estatal por ₡14 millones, pero al comprarlos con descuento habría desembolsado solo ₡8,4 millones, obteniendo una ganancia personal.
Un estudio de solvencia económica de los contribuyentes, donantes y financistas —entre ellos la diputada— fue remitido a investigación para analizar el origen de los fondos e identificar posibles anomalías adicionales.
Cisneros también militó en el PPSD y, al parecer, participó en la ejecución de servicios publicitarios contratados o pagados con recursos del fideicomiso investigado.
Diputada Luz Mary Alpízar
La legisladora, fundadora y presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar Loaiza, tampoco estuvo exenta de responsabilidad. Según el informe, habría incurrido en delitos relacionados con contribuciones privadas ilegales.
La diputada podría enfrentar una pena de entre dos y seis años de cárcel por haber recibido, en su calidad de presidenta del partido, múltiples donaciones en especie, con conocimiento de que estas no provenían de personas físicas costarricenses, y haberlas reportado al TSE como si lo fueran.
El informe señala que Alpízar sabía que la campaña de Chaves estaba siendo financiada mediante la estructura paralela. Esta conclusión se basa en correos electrónicos, en el testimonio de una persona que negó haber hecho donaciones, y en un permiso tramitado ante la Fuerza Pública.
Entre el 28 y el 30 de julio de 2021, Alpízar envió correos a Sofía Agüero —hija del diputado Waldo Agüero y enlace entre el fideicomiso y el partido— con instrucciones sobre cómo realizar las donaciones.
“La prueba recabada evidencia que, pese a la negativa formal de la señora Luz Mary Alpízar Loaiza de vincular la actividad del fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera con la del PPSD, en correos electrónicos recabados durante la investigación, consta que la señora Alpízar Loaiza reconoce que el fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera sufragó bienes y servicios de naturaleza electoral (incluyendo a organización y capacitación política), después del 4 de julio del 2021, y que —a juicio de ella— debían reportarse a este Tribunal a nombre de la agrupación política”, menciona el documento.
Diputado oficialista Waldo Agüero
El informe también atribuye un eventual delito al diputado oficialista Julio Ubaldo Agüero Sanabria, más conocido como Waldo. Se le investiga por su posible participación en un esquema de contribuciones privadas ilegales, penado con entre dos y seis años de cárcel.
Para sustentar la acusación, debe demostrarse que Agüero conocía de antemano la existencia del esquema de financiamiento paralelo organizado por el banquero Jack Loeb, destinado a sufragar gastos de su candidatura legislativa, y que, aun así, aceptó beneficiarse de él.
El artículo 275 del Código Electoral establece la pena correspondiente para este tipo de infracción, en caso de que el diputado sea declarado culpable.
La sétima acusada es la diputada chavista Paola Nájera. Ella es mencionada en el informe del TSE solamente en lo relativo a su función como secretaria general del Partido y a su participación en las negociaciones de Chaves con agrupaciones políticas previo a su ingreso al PPSD.
