¿Cuáles son las funciones de la Contraloría? Esto dice la Constitución Política
La Contraloría General de la República (CGR) es una institución que forma parte del sistema democrático costarricense.
¿Sabe usted cuáles son sus atribuciones?, ¿Cómo funciona?, ¿Quiénes la dirigen? y ¿Cómo se escogen sus jerarcas? Estas respuestas están en la Constitución Política.
En su Capítulo II la Carta Magna señala que la CGR "es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia y administración en el desempeño de sus labores".
Entre sus deberes y atribuciones la Constitución Política resalta que la CGR se encarga de:
- Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.
- Que no se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella.
- Examina, aprueba o imprueba los presupuestos de las Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación.
La institución, según la carta fundamental, está a cargo de un contralor y un subcontralor.
Ambos funcionarios son nombrados por la Asamblea Legislativa, 2 años después de haberse iniciado el período presidencial, para un término de 8 años. Sus jerarcas pueden ser reelectos indefinidamente, y gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes.
El contralor y subcontralor responden ante la Asamblea por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por ella, mediante votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, "si en el expediente creado al efecto se les comprobare ineptitud o procederes incorrectos", señala la Constitución.
¿Qué propone el proyecto del Gobierno para restar competencias a la CGR?
El Poder Ejecutivo, por medio de su plan Jaguar, busca restar competencias al ente contralor.
Según la contralora general, Marta Acosta, este plan -de aprobarse- dejaría al ente contralor "pintado en la pared", sin capacidad de fiscalización y supervisión de los manejos públicos.
La Contraloría resumió en 5 aspectos el impacto que tendrá esta propuesta en sus funciones:
- Suprime la fiscalización de la legalidad de los controles y de la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
- Impide el uso de instrumentos vinculantes (disposiciones, órdenes etc.)
- Elimina los controles preventivos de la CGR, esto pese a que desde la Constitución Política se disponen actuaciones que son entendidas como controles previos, como lo relacionado con la materia de aprobación presupuestaria, el refrendo y la fase recursiva en materia de contratación pública, u otras en normativa legal como el sistema de la garantía de la función de auditoría interna.
- Se permite contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin concurso abierto, limitando la participación de oferentes.
- La reforma cambia la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, y permite a Japdeva escoger "a dedo" al socio estratégico con el que se haría el negocio, evadiendo los procedimientos de contratación pública.
La jerarca de la CGR también mostró su preocupación sobre la propuesta del Ejecutivo, porque esta elimina los instrumentos vinculantes que aplica. "Esto quiere decir que la CGR no va a poder ni recomendar, ni recordar, ni advertir, ni ordenar en temas que son función de la Administración activa. La CGR no podría prevenir, ni prevenir, ni auditar. Esto es muy delicado" sostuvo Acosta.
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