Cuarterías de ₡1.000 la noche: una “bomba” antigua que desnuda el COVID-19

(CRHoy.com). Unas 60 espumas viejas e insalubres se apilan en un ruinoso edificio de San José. Dormir ahí cuesta ₡1.000 la noche. Para muchos es poco, para otros es mucho y más que suficiente ¿Pensar en la pandemia antes de adentrarse ahí? Eso es lo de menos.

Así viven, día a día, cientos de personas en la capital y en otras zonas del país. A la sombra de una problemática social añeja que sale a flote, ahora más que nunca, por culpa de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Esa imagen la narra Marcelo Solano Ortiz, jefe de la Policía Municipal de San José, quien explicó a CRHoy.com que desde que inició la emergencia sanitaria las cuarterías están en el punto de mira por la vulnerabilidad que representan para la propagación de la enfermedad.

Ya se detectaron varios casos positivos en ocupantes de estos inmuebles. El más reciente fue la víctima mortal número 19 de la emergencia. Un hombre joven, cuya identidad no trascendió,quuue  falleció el sábado 4 de julio tras ingresar en estado de shock al Hospital San Juan de Dios (HSJD) proveniente de una cuartería josefina. La autopsia, posterior a la muerte, reveló que tenía COVID-19.  Producto de eso, 50 habitantes de la cuartería están en cuarentena.

"Estamos tratando de resolver, en el marco de la emergencia sanitaria y en pocos días, problemas no resueltos a lo largo de los años. El abordaje es verdaderamente difícil. La gente reclama que se intervengan y cierren las cuarterías. Es el reclamo popular, pero la cuartería existe en todo el país y se ha convertido en la solución de techo para muchísimas personas", señaló Solano.

En San José, cantón con la mayor cantidad de activos casos de COVID-19, existen edificios en los que se cobran montos de entre ₡1.000 y ₡5 mil por noche. Son sitios sin ningún tipo de acondicionamiento para albergar a decenas de personas.

Algunos son salones abiertos, con las espumas apiladas en el suelo, sin el mínimo esfuerzo de distanciamiento físico y social requerido en esta época. Incluso, cuentan con pocos servicios sanitarios o duchas para tantas personas.

Por ejemplo, en los peores casos, las "habitaciones" comparten bombillos entre divisiones maltrechas. Mientras, en "mejores" condiciones algunos edificios cuentan con salones para estar o espacios comunes más "amplios".

"Es un negocio muy lucrativo para las personas que tienen edificaciones en condición de ruina. Ellos no invierten en el mantenimiento de la edificación. Al mantener la edificación en ruina son responsables del deterioro urbano y sin realizar inversiones tienen ganancias de hasta ₡2 millones o 3 millones de colones por mes. Todo a costas de personas que solo tienen ₡1.000 para pasar la noche", describió el jefe policial.

Resistencia legal

Hay que diferenciar a las cuarterías de las pensiones. Pese a que son similares, funcionan bajo diferencias considerables. Las primeras no tienen ningún permiso de operación, mientras las segundas sí cuentan con avales para funcionar bajo un esquema similar al de los hostales. Generalmente estas últimas no dan problemas a las autoridades.

Solano explicó que existen limitantes judiciales para que el control policial se pueda ejecutar contra las cuarterías. Por ejemplo, hay fallos constitucionales que restringieron las intervenciones al indicar que los cuartos son propiedad privada. También, las resoluciones pidieron tomar en cuenta que con ello se busca evitar que aumente la cantidad de personas en condición de calle.

"Anteriormente la policía irrumpía en las habitaciones. El administrador abría los cuartos y la policía realizaba un control, con perro antidroga y enfocado –por ejemplo- en verificar que trabajadoras del sexo no convirtieran esos lugares en prostíbulos.

"Pero, años atrás, la Sala Constitucional nos advirtió que la policía no podía irrumpir en los cuartos debido a que eran zonas privadas. Debía considerarse la existencia de contratos de arrendamiento bajo la ley de inquilinato, así fueran las paredes hechizas o con latas de zinc. Es propiedad privada. Eso hizo que el que el control de las cuarterías se ralentizara", expuso Solano.

Desde que inició la crisis sanitaria la Policía Municipal ha fiscalizado 8 cuarterías. Todas en condiciones insalubres y con habitantes temporales en altísima vulnerabilidad ante la propagación del virus.

"Son personas que atraviesan situaciones difíciles desde el punto de vista socio-económico. Es claro que no operan bajo la legalidad. No tienen un permiso sanitario de funcionamiento y representan un factor importante  en medio de la expansión del COVID-19. Hemos abordado los casos que se han ido presentando", dijo Daniel Salas, ministro de Salud.

El jerarca, quien encabeza la cruzada nacional contra la pandemia, agregó que estos "son asuntos que salen a flote en diferentes fases de la emergencia" y apuntan a un abordaje interinstitucional.

A este lunes 6 de julio el cantón central de San José reportaba 56 casos nuevos para un total de 743 activos. Mientras, en todo el país se registraban 3.452 pacientes con la enfermedad activa.