Defensa de Celso Gamboa pide absolutoria por certeza e indemnización al Estado
Durante conclusiones en juicio por tráfico de influencias
Natalia Gamboa, hermana y abogada de Celso Gamboa Sánchez, solicitó al Tribunal Penal de Hacienda la absolutoria por certeza del extraditable, acusado de tráfico de influencias por un supuesto favorecimiento al exalcalde Johnny Araya Monge, presuntamente orquestado junto con la exfiscala Berenice Smith Bonilla.
Este es el segundo juicio que se realiza contra estos tres exfuncionarios por, supuestamente, gestionar la eliminación del exalcalde de una causa penal en plena campaña electoral de 2016, cuando Araya aspiraba a regresar a la Municipalidad de San José.
En el primer proceso en 2021, los tres imputados fueron absueltos por dudas. Esa resolución fue apelada y, por ello, se ordenó este segundo juicio. Sin embargo, ahora la defensa pide que se absuelva de forma definitiva por certeza; es decir, que los jueces concluyan de forma certera que no existió delito alguno.
Adicionalmente, el equipo legal fue más allá: solicitó absolverlo también en la acción civil resarcitoria para evitar el pago de ₡12 millones por daño a la imagen del Estado y, por el contrario, condenar al Estado a indemnizar a Celso Gamboa por las costas del proceso.
"Nuestra petitoria quedó clara: una absolutoria por certeza y una condenatoria en costas porque no había ninguna razón para litigar. La Procuraduría invirtió una gran cantidad de dinero en un proceso de peritaje que no era un peritaje.
Durante todos estos años en audiencias, en juicios y en juicios de apelación, lo que corresponde es una absolutoria por certeza y ya los vicios que nosotros señalamos es lo que da fundamento a nuestra petitoria", señaló la abogada.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) sorprendió esta semana al solicitar absolver al exmagistrado Gamboa, al exalcalde capitalino y a la exfiscal subrogante Smith.
Natalia Villalta, fiscala adjunta y jefa de FAPTA, explicó que la razón para solicitar la absolutoria fue la objetividad, al no contar con evidencia ni elementos de prueba suficientes para pedir una condena contra los acusados.
La acusación elaborada por otro equipo de fiscales años atrás no describía claramente qué presiones habrían ejercido Gamboa y Smith para favorecer a Araya, lo que dificultó demostrar la existencia de un delito, indicó Villalta.
"Nosotros tenemos que hacer un análisis de toda la prueba testimonial y documental, pero es que el análisis tiene que ser bajo el principio de objetividad y eso fue precisamente lo que hoy nosotros aplicamos.
Analizamos todo el universo de prueba y nos llevó a la conclusión de que en este caso lo procedente era pedir una absolutoria en favor de los imputados", señaló Villalta.
Contrario a ese criterio, la Procuraduría sí solicitó condenar a los tres acusados y, además, pidió una indemnización. En su rol de abogado del Estado, este órgano solicitó sentenciar a Gamboa y a Smith a pagar ₡15 millones cada uno, y ₡12 millones en el caso de Araya.
Asimismo, entre las pretensiones de la defensa del extraditable está la solicitud de abrir una investigación penal contra la testigo principal, la fiscala Natalia Rojas, quien habría recibido presiones de Gamboa y Smith para modificar la situación de Araya.
Inicialmente, la tesis fiscal sostenía que hubo contactos con el entonces subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa, para impulsar gestiones que permitieran cambiar el estatus judicial de Araya.
La Fiscalía alegó en aquel momento que los tres imputados —Gamboa, Araya y Smith— ejecutaron una serie de acciones concertadas entre noviembre de 2015 y enero de 2016, con el objetivo de manipular una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y eliminar la condición de imputado de Araya.
Según esa versión, Gamboa y Smith habrían utilizado su jerarquía para influir sobre la fiscala instructora del caso, Natalia Rojas Méndez, y conseguir que emitiera un oficio que —en apariencia— afirmaba falsamente que Araya no era imputado.
Ese documento, identificado como FAPTA-08-2016, fue entregado a Araya el 6 de enero de 2016. Al día siguiente, su nombre fue eliminado del sistema informático de la Fiscalía.
Dos días después, el entonces candidato a regresar al municipio por el partido Alianza por San José envió el oficio por WhatsApp a una periodista de La Nación, que preparaba un reportaje sobre aspirantes con causas penales activas.
Gracias a esa maniobra, el nombre de Araya no apareció en el listado publicado el 2 de febrero de 2016. Según la Fiscalía, los imputados habrían generado una "ventaja indebida" que le permitió ocultar su condición procesal ante el electorado.
La postura del Ministerio Público cambió tras recibir toda la prueba. En la fase de conclusiones, el fiscal Carlos Rodríguez explicó que la acusación inicial carecía de precisión y claridad, lo que impedía sostener una solicitud de condena.
