Defensoría denuncia riesgo grave en cárceles por falta de policías penitenciarios

Mediante un comunicado de prensa, la Defensoría de los Habitantes dio a conocer un informe en el que se evidencia una situación de riesgo grave en los centros penitenciarios del país, debido a un déficit de oficiales de la Policía Penitenciaria.

Se trata de una investigación de oficio iniciada en 2023, en la que se demostró que el faltante de personal pasó de 1.754 agentes en 2023 a un total de 2.722 en abril de 2025. Eso significa que, en ese intervalo de tiempo, el déficit aumentó en 968 policías.

De acuerdo con la Defensoría, esta situación ha generado una afectación directa en los derechos laborales del personal y también en los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

El órgano defensor realizó inspecciones en los centros penitenciarios, las cuales revelaron:

• Niveles de agotamiento físico y emocional en el personal.
• Recargo de funciones.
• Acumulación de vacaciones no disfrutadas.
• Limitaciones en la atención médica, técnica y educativa de las personas privadas de libertad.

Asimismo, la falta de agentes compromete la operatividad de los centros, principalmente en lo que respecta a la seguridad institucional; además, retrasa los traslados médicos y judiciales, afecta el contacto de los reclusos con sus familias e incrementa el riesgo de motines y fugas.

La Defensoría de los Habitantes recomendó al Ministerio de Justicia y Paz adoptar una serie de medidas, entre las que destacan:

• Implementar acciones presupuestarias, administrativas y logísticas concretas para fomentar y fortalecer con urgencia la contratación de personal.
• Realizar la reposición progresiva de los agentes de policía necesarios para atender la labor de custodia.

Además, en julio de 2025, solicitó remitir un nuevo informe detallado de todos los centros penitenciarios del país, en el que se visualice el faltante de plazas de agentes policiales, así como implementar un sistema de información anticipado, de forma semestral, que permita identificar a los agentes penitenciarios que se acogerán a su derecho de jubilación, con el objetivo de generar una proyección anual de las plazas vacantes por centro penitenciario.

También se recomendó implementar un sistema de información anticipado, de manera semestral, que permita identificar a los agentes que han fallecido, renunciado o han sido despedidos, con el fin de generar una base de datos actualizada sobre las plazas vacantes en cada centro penitenciario.

La institución también solicitó al Ministerio de Hacienda realizar las gestiones necesarias para garantizar el presupuesto requerido para nombrar a los 2.722 agentes penitenciarios faltantes.