Defensoría pide que se anule prohibición a notarios de casar parejas gais

En enero de este año la Dirección Nacional de Notariado prohibió a los notarios del país inscribir matrimonios entre personas del mismo sexo. La organización alegó que era "legalmente imposible", ante lo estipulado por el Código de Familia y sin una reforma legal o sentencia judicial.

Posteriormente se interpuso un recurso de amparo contra ese acuerdo. Ahora la Defensoría de los Habitantes pidió a la Sala Constitucional, que declare con lugar el reclamo y anule la decisión de la Dirección de Notariado. El órgano presentó una coadyuvancia al recurso el pasado 21 de marzo.

El acuerdo surgió luego de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida el 24 de noviembre del 2017. El criterio señaló al Estado costarricense, que debía asegurarle a las parejas de personas del mismo sexo los mismos derechos que le asegura a las heterosexuales, entre ellos el matrimonio.

En el recurso de amparo se alegó que:

• el acuerdo de la dirección viola el principio de igualdad y prohibición de la discriminación (contenidos en la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros);
• se debe proteger el derecho a la familia;
• y los principios de jerarquía de las normas hace vinculantes las opiniones de la Corte IDH

En su coadyuvancia el defensor Juan Manuel Cordero recordó que la Corte aclaró los alcances de las obligaciones de Costa Rica, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

"La Corte ha señalado que a partir de la emisión de una opinión consultiva, ‘todos los órganos de los Estados miembros de la OEA (…) cuentan con una fuente que, acorde a su propia naturaleza, contribuye también y especialmente de manera preventiva, a lograr eficaz respeto y garantía de los derechos humanos y, en particular, constituye una guía (…) y así evitar eventuales vulneraciones de derechos humanos", argumentó la Defensoría.

La institución también mencionó que en otras sentencias previas, se aclaró la incorporación de las decisiones de la Corte como directamente ejecutables a nivel interno del país.

La Defensoría se refirió a la Dirección Nacional de Notariado, al mencionar que el ejercicio del notariado está cubierto por la obligación del Estado de ejercer un "control de convencionalidad", garantizando que los notariados cumplan las obligaciones internacionales, "en este caso con los estándares dispuestos por la Corte IDH", para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida y el matrimonio homosexual.

"Ignora que la emisión de las opiniones consultivas por parte de la Corte IDH refiere a situaciones en las cuales los Estados han postergado excesivamente la adopción de medidas para atender escenarios que resulten violatorios de los derechos humanos", reclamó el Defensar Cordero.

En enero también el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una organización conformada por defensores de los derechos humanos de la región, presentó un recurso reclamando "la violación al acceso a la justicia pronta y cumplida". Esto por el caso de las 2 mujeres que se casaron en el 2015, debido a que un primer recurso interpuesto lleva casi dos años en proceso.