Denuncian a directivos de Aresep y a ministro del Minae

El diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Edgardo Araya, denunció ante el Ministerio Público a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y al ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez, por presunto incumplimiento de deberes en el trámite de una concesión de aguas para el el proyecto hidroeléctrico San Rafael, de la empresa H Solís.

Araya sostuvo que el proyecto hidroeléctrico se encuentra dentro del área de protección del río San Rafael, en Pérez Zeledón, y que antes de que se otorgara cualquier concesión debió haberse obtenido un decreto ejecutivo de declaratoria de conveniencia nacional.

Adujo que sin ese decreto es prohibido construir la hidroeléctrica en la margen del río. Sin embargo, manifestó que a pesar de la necesidad de cumplir con requisito, Gutiérrez y los directivos de la Aresep autorizaron la concesión.

Indicó que el Ministro de Ambiente y Energía, a quien le corresponde declarar la conveniencia nacional junto con el Presidente de la República, no valoró el otorgamiento de la declaratoria.

Según declaró, Gutiérrez estaría omitiendo su responsabilidad y dejándola en manos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

Aseguró que la Aresep, por su parte, archivó el expediente de concesión de servicio público porque al momento de la audiencia pública la empresa no contaba con la concesión de aguas.

"Se omitió pedir requisitos esenciales, incluso a pesar de que la ciudadanía alertó al Ministro y a la Junta Directiva de que se necesitaba un decreto de conveniencia nacional. El Ministro de Ambiente le tira la bola a los que están más abajo que él y se niega aceptar que se requiere la declaratoria, y que él como Ministro de Ambiente tiene que ser vigilante del cumplimiento de la ley ambiental", insistió.

Añadió que "la Junta Directiva de la Aresep se atrasó mucho tiempo, podría creerse que para darle a la empresa el tiempo de conseguir la concesión de aguas. Es sospechoso que se la aceptaran meses después y que en una resolución donde no explican nada, se otorgue la concesión a tan solo tres días de que se acabara el plazo de la empresa con el ICE para presentar todos los requisitos legales. Estas personas, funcionarias públicas, podrían estar incumpliendo sus deberes".

El 31 de octubre de 2017, se vencía la Carta de Entendimiento entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la empresa H Solís en la cual se acordaban los términos de la compra de electricidad por parte del Estado.

Para esa fecha, según Araya, la empresa tenía que presentar la viabilidad ambiental y las concesiones de aguas y de servicio público.

"A tan solo tres días del vencimiento del plazo, la Aresep resucitó una concesión que ya había archivado sin explicar por qué. Esta actuación de la Autoridad Reguladora permitió que no se extinguiera el acuerdo con el ICE y que el proyecto siga siendo posible", concluyó.