Denuncian que Gobierno cede a “intereses y amenazas de pescadores de tiburón”

La fundación Marviva denunció hoy que el Gobierno de la República está cediendo ante las presiones, amenazas e intereses de los percadores de tiburón. Eso, indican, es patente en un nuevo Decreto Ejecutivo que traslada la conservación de tiburones amenazados al Ministerio de Agricultura y al Incopesca.

De este modo, a partir de la publicación de ese decreto (del pasado 4 de mayo) será el Incopesca el que determine si una especie es o no de interés pesquero y si se puede o no exportar tiburón martillo u otras especies en peligro dependiendo del interés que tenga para la pesa y no de la sostenibilidad de la especie.

Con este decreto, el Gobierno eliminó la participación de expertos científicos de las ONG, la academia, y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) como hasta ahora se hacía, dejando la decisión en manos de Incopesca, cuya Junta Directiva es manejada por los intereses de los mismos pescadores.

"Esta iniciativa de la Presidencia emana de su compromiso con el sector pesquero de permitir la exportación de aletas de tiburón martillo y su frustración ante la negativa de los científicos nacionales a autorizarlo", denunció Randall Arauz de la organización internacional de investigación y conservación marina Fins Attached.

Pese a que Costa Rica es parte de la Convención CITES, un tratado internacional que vela por la supervivencia de animales y plantas silvestres amenazados, el gobierno hace caso omiso a la regulación de dicho tratado que exige nombrar una autoridad administrativa y una autoridad científica para emitir un Dictamen que sería el que autorice o no la exportación de especies amenazadas.

Hasta el pasado jueves, la autoridad administrativa estaba integrada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la autoridad científica era el Consejo de Representantes de Autoridades Científicas (CRAC-CITES), conformado por universidades estatales, Incopesca, Senasa, el sector pesquero y un representante de ONG. A partir de este decreto, la exportación de toda especie de interés pesquero -amenazada o no-, será autorizada por Incopesca y el MAG y quien decidirá si una especie es de interés pesquero será, también, el mismo Incopesca.

Modificación a conveniencia

Desde 2015, el gobierno había el Decreto que regulaba la composición del CRAC-CITES para incluir representantes del sector pesquero. Aún así, el nuevo CRAC-CITES decidió en abril pasado mantener la prohibición de exportación de aletas de tiburón martillo por considerar que ponía en peligro esta especie.

Después de conocer esa decisión, el sector pesquero, por iniciativa de los palangreros, anunció una protesta en las costas el 2 de mayo, con lo que el Gobierno se apresuró a negociar. Luego de estas "negociaciones" el sector pesquero anunció que suspendía su intención de manifestarse y ocho días después apareció publicado el decreto.

Según Jorge Jiménez, director de Fundación MarViva "Este vergonzoso cambio implica un enorme retroceso en la protección de las especies marinas amenazadas y en la participación de la sociedad civil. Se manipulan las regulaciones para conveniencia de los intereses económicos de un grupo, pasando por encima de los intereses colectivos del medio ambiente y su conservación. La preservación de especies en peligro de extinción no debería estar en manos de INCOPESCA, una entidad cuestionada por el irresponsable manejo que hace de nuestros recursos pesqueros".