Deuda de 10 centros educativos con Jupema por cuotas no trasladadas asciende a ¢5.600 millones
Jupema. (CRH).
La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) alertó que diez centros educativos privados del país adeudan actualmente ¢2.446 millones por concepto de cuotas obrero-patronales no trasladadas, lo que afecta directamente a los trabajadores de la educación, quienes podrían ver comprometido su derecho a una pensión digna.
De ese total, cuatro instituciones concentran ¢1.833 millones, lo que, de acuerdo con la entidad, evidencia un patrón de incumplimiento reiterado y de retención indebida de los aportes que se descuentan mensualmente a los educadores.
Al sumar los acuerdos de pago incumplidos, los intereses moratorios y las cuotas no canceladas, la deuda total que mantienen los centros educativos privados con Jupema asciende a ¢5.600 millones.
"Este tipo de prácticas representa una grave violación al derecho de los trabajadores a una jubilación digna. En muchos casos, los educadores llegan a solicitar su pensión y descubren que no cuentan con las cuotas necesarias porque sus patronos nunca trasladaron los aportes que les descontaron", explicó Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema.
La institución recordó que retener las cotizaciones sin trasladarlas constituye un delito de retención indebida, sancionado por la legislación costarricense.
Jupema instó a los educadores a revisar periódicamente su historial de cotizaciones y a denunciar cualquier irregularidad. Para ello, pueden acudir a las sucursales de la institución, a la plataforma de servicio e inspección o escribir al correo supervision@juntadepensiones.cr
Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia para que se informen sobre la situación de los centros donde estudian sus hijos, ya que la morosidad con la seguridad social suele reflejar inestabilidad financiera y alta rotación del personal docente, lo que impacta directamente en la calidad educativa.
Jupema subrayó que continuará con sus procesos judiciales, administrativos y de cobro para garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales y la protección de los recursos del fondo de pensiones del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC).