Dictamen médico privado para vacunarse contra COVID-19 ¿un portillo para mentir sobre factor de riesgo?
Falsificar estos documentos es ilegal
(CRHoy.com).- La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha sido enfática en que si una persona que recibe atención médica privada y tiene un factor de riesgo, debe de presentar un dictamen médico oficial para así ser vacunado contra el COVID-19.
Este dictamen médico permitirá a la institución verificar que la persona padece de algún factor de riesgo, ya que sus patologías han sido tratados por médicos privados o los correspondientes a empresas.
“En el caso de las personas que utilizan servicios privados de salud para el control de sus enfermedades, deben aportar el dictamen y registrarse para la vacunación ya que sus datos no están en el EDUS”, indicó la CCSS.
Asimismo, este martes 1 de junio, con el fin de validar los factores de riesgo para la vacunación de una persona del grupo 3, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) acordó aceptar los siguientes documentos:
- Referencia médica oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de medicina de empresa y medicina mixta
- Certificado médico digital del Colegio de Médicos y Cirujanos, en caso de personas en control en medicina privada
- Referencia de medicina penitenciaria en caso de personas privadas de libertad
No obstante, esta situación ha levantado muchas dudas, pero ante todo cuestionamientos sobre la veracidad que cada uno de estos dictámenes médicos pueda tener.
Cecilia Bolaños, Fiscala General del Colegio de Médicos y Cirujanos, aclaró ante esta situación que, un dictamen médico es el único certificado válido para que una persona que es atendida de manera privada compruebe que tiene una enfermedad o padecimiento.
De esta manera, Bolaños aclaró que serán todos los médicos incorporados al Colegio de Médicos y Cirujanos, quienes podrán realizar el dictamen; siempre y cuando se haga cumpliendo con el código de ética.
Además aclaró la obligación que tienen todos los médicos profesionales de realizar dicho certificado de la manera más veraz y profesional posible.
“No se puede favorecer a nadie ni se pueden inventar padecimientos; se tiene que poner solo información veraz y esta es la obligación de todo médico y está consignado en el código de ética” aseguró la Fiscala.
Fingir un factor de riesgo:
Sin embargo, Bolaños aseguró que por el contexto que afronta el país y sobre todo, teniendo en cuenta el panorama actual en la vacunación contra el COVID-19, los dictámenes médicos podrían dar paso a mentir sobre los factores de riesgo que presenta la persona.
Para el Colegio de Médicos y Cirujanos, estos no son hechos aislados, ya que al 1° de junio y desde que se implementó la medida, se están investigando 3 posibles casos en donde al parecer se mintió para justificar algún padecimiento.
“El Colegio se encuentra investigando 3 casos, en donde 2 de ellos son de un mismo establecimiento privado de salud. En estos supuestos casos se consignaron datos falsos para adelantar la vacunación en algunos pacientes”, señaló la Fiscala del Colegio.
Por eso, Bolaños considera que conductas como estas abrirían el paso para que más personas acudan a médicos inescrupulosos y así poder obtener la vacunación de manera más rápida.
Ante estas situaciones, el Colegio aseguró que está totalmente prohibido el que un médico incurra en alguna de estas conductas, ya que el código de ética la establece como una falta grave de acuerdo con los principios del gremio.
Por tal razón, si se logra comprobar alguno de estos hechos, se sancionará fuertemente al médico y este podría ir desde suspender el ejercicio de la profesión entre uno y 6 años.
“Nosotros hemos hecho una campaña por medio de las redes sociales internas de Colegio para recordarle a todos los colegas la obligación de solo colocar información real. Asimismo se ha indicado constantemente que no se pueden realizar estos documentos a familiares de primer grado”, aclaró.
La representación del gremio médico espera que estas situaciones no ocurran y hace un llamado a la CCSS para tener un mayor control en cuanto a la priorización de la vacuna contra el COVID-19 a personas con factores de riesgo.