Dictan sobreseimiento a favor de vecinos que protestaron por falta de agua en Hatillo
El Juzgado Penal dictó sobreseimiento definitivo a favor de 7 personas que fueron arrestadas en marzo de 2024 por participar en una manifestación en Hatillo, en la que se protestaba por la falta de agua en varias comunidades del sur de San José.
La resolución, firmada por la jueza penal Marcia Williams Forbes, ordena archivar el caso y cerrar el proceso por el presunto delito de obstrucción de vía pública en perjuicio de la seguridad pública.
"Se dicta sobreseimiento definitivo a favor de María Edith García Abea, José Manuel Ramírez Solari, Laura Bonilla Vargas, Jorge Arturo Uzaga Carrasquilla, Jorge Alberto Sánchez Bogantes, Harold Esteban Araya Coto y David Conteras Mora, por el delito de obstrucción de vía pública, en perjuicio de La Seguridad Pública", indica la resolución judicial.
Una de las absueltas, María Edith García, compartió un mensaje en su perfil de Facebook.
"Nos quisieron callar, quisieron convertir en delito lo que fue un acto de dignidad. Por alzar la voz por el derecho al agua en Hatillo, intentaron hacerme pasar como culpable. Pero hoy, con el sobreseimiento definitivo, queda claro que nunca estuve sola: fue la comunidad la que se levantó, la que no se rindió, la que sigue luchando. Esto no es solo una victoria personal, es un paso más de un pueblo que no se deja, que se organiza y que defiende lo que le pertenece. Porque en Hatillo, el agua no se pide: se exige. Y mientras sigamos unidos, no nos van a vencer".
"El agua es un derecho": reacción sindical
Este medio también conversó con Mario Rodríguez, secretario del Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA), quien respaldó la manifestación de los vecinos y cuestionó la gestión del AyA.
"Primero, indicar que el acceso al agua es un derecho constitucional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también reconoce el derecho a la manifestación y la protesta social como parte de la libertad de expresión. Así lo respalda esta sentencia. Los pobladores de Hatillo ejercieron su plena libertad. Lo mismo deberían hacer comunidades como San Vito de Coto Brus o sectores de Puntarenas, donde también hay graves problemas de abastecimiento. La situación actual es el reflejo de una falta de infraestructura histórica en el AyA, que hoy se traduce en fallas del servicio", añadió Rodríguez.
Contexto: protesta por el agua
Los hechos ocurrieron en marzo del 2024, cuando un grupo de vecinos de Hatillo bloqueó el tránsito en la ruta de Circunvalación, en ambos sentidos, utilizando una cuerda amarilla como medida de presión por la ausencia prolongada del servicio de agua potable.
La Policía detuvo a un grupo de personas, quienes fueron remitidas a la Fiscalía de Flagrancia. Sin embargo, todas fueron liberadas ese mismo día sin medidas cautelares, mientras el proceso pasó a la vía ordinaria en la Fiscalía de Hatillo.
En ese momento, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) reconoció los problemas de abastecimiento, pero manifestó su desacuerdo con los bloqueos, alegando que afectaban el tránsito de ambulancias, estudiantes y el traslado de productos perecederos.
Con este fallo, el Poder Judicial da por finalizado el proceso penal contra los manifestantes, quienes durante más de un año enfrentaron una causa judicial por ejercer su derecho a la protesta.
Este medio solicitó una reacción al AyA sobre el cierre del proceso penal; sin embargo, al momento de la publicación de esta nota, la consulta se mantenía en trámite.
