Diputadas señalan “matonismo de Chaves” al intervenir con policías acueducto de Naranjo

Dos diputadas por Alajuela y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se pronunciaron contra la actuación del Gobierno de Rodrigo Chaves, que intervino el acueducto municipal de Naranjo con policías para ejecutar una conexión a un proyecto habitacional.

La mañana de este sábado, funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) tomaron control del acueducto municipal con el apoyo de miembros de la Fuerza Pública.

Para la diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio, el Gobierno está violentando la autonomía municipal al obligar la conexión, pese a que existen procesos legales en curso sobre este tema.

"Creo que es una una muestra de matonismo del presidente (Chaves). Creo que sienta un precedente nunca antes visto, porque si bien el AyA puede tomar la administración de un acueducto municipal, eso lleva un proceso, no es así a la brava ni porque ellos dicen.

Eso genera muchísima preocupación a la hora de pensar en qué sigue después de esto y que además es en contra de una municipalidad en específico. Hay muchas otras municipalidades que tienen situaciones muy similares y que no se ha actuado de esta manera", indicó la congresista a CR Hoy.

Vindas agregó que la acción también vulnera el derecho de acceso al agua de los habitantes del cantón, dado que la conexión la realiza el AyA sobre un acueducto pagado con recursos municipales, destinados a garantizar la provisión del recurso hídrico.

"La alcaldía había inclusive anticipado que se está haciendo una inversión. La intención es darle el agua a estas personas, sin embargo, tiene que haber un respaldo en la infraestructura y la Municipalidad estaba intentando hacer esa inversión en el acueducto municipal.

Se acaba de hacer una inversión de ₡213 millones de fondos municipales y eso también de cierta manera se violenta a la hora de que el AyA viene, y le facilita el acceso al agua a este condominio que, por ejemplo, no tiene medidores.

En este momento la Municipalidad no tiene cómo hacerle cobro si se empieza a utilizar el recurso hídrico. También hay que constatar si el AyA utilizó recursos públicos en una una propiedad privada, si fue en calle pública o si fue dentro de la misma propiedad, porque toda la conexión que corresponde dentro del condominio corre por cuenta del desarrollador.

Sí es un proyecto de vivienda de bienestar social, pero sigue siendo una propiedad privada en la cual el Estado no puede invertir recursos propios", añadió la frenteamplista.

En la misma línea, la diputada liberacionista Montserrat Ruiz señaló que la irrupción del Poder Ejecutivo constituye un grave atropello al orden democrático y que respaldará las acciones legales que emprenda el ayuntamiento contra la actuación del Gobierno.

"Rechazo categóricamente esta demostración de fuerza arbitraria, que desconoce los procedimientos técnicos y jurídicos en curso, y que amenaza la seguridad hídrica de miles de familias naranjeñas.

La autonomía de los gobiernos locales no puede ser vulnerada por decisiones centralizadas que, lejos de dar soluciones sostenibles, generan conflicto y ponen en riesgo la confianza ciudadana en nuestras instituciones.

Es importante aclarar que el pueblo de Naranjo, su Municipalidad ni mi persona, nos oponemos al acceso a vivienda digna; lo que se exige es que dicho desarrollo se haga respetando la legalidad, los estudios técnicos y el debido proceso, para que ni las familias beneficiarias ni el resto de la comunidad vean comprometido su derecho al agua", señaló Ruiz.

La UNGL, mediante un comunicado, respaldó la actuación del municipio, que presentó procesos judiciales y medidas cautelares para que los jueces definan la ruta a seguir.

"Estamos frente a un trato arbitrario que atenta directamente contra la autonomía municipal. No se puede tolerar que desde el Gobierno Central se tomen decisiones de manera unilateral y al margen de los procesos judiciales vigentes.

Este tipo de prácticas son un ataque al régimen municipal y general un clima de confrontación en lugar de respeto y coordinación", señaló Juan Diego Gómez, presidente de la entidad.

¿Qué pasó?

El Gobierno ejecutó un operativo con más de 50 oficiales de la Fuerza Pública y funcionarios del AyA para realizar la conexión del proyecto La Esperanza al acueducto municipal de Naranjo, según la Municipalidad.

En redes sociales, la Municipalidad calificó la actuación del Ejecutivo como "una grave violación a la autonomía municipal, al derecho constitucional, al debido proceso y al derecho de defensa" y anunció que interpuso acciones legales.

Sobre este tema existe un recurso en la Sala Constitucional y un expediente ante el Tribunal Contencioso Administrativo que están pendientes de resolución.

La intervención dañó la calle cantonal, el pavimento y la infraestructura de la calzada, además de emplear maquinaria no autorizada para perforar e interconectarse a la nueva tubería municipal.

¿Qué responde el Gobierno?

Mediante un comunicado, el AyA aseguró que su actuar es "apegado a la norma" y a un análisis técnico que garantiza que los 12.000 habitantes del casco central del cantón no se verán afectados.

"No podemos permitir que el agua se utilice como un cheque de cambio. El AyA actúa hoy con decisión, haciéndose presente como ente rector y como garante de que el agua es un derecho constitucional.

Ningún operador, teniendo el recurso, lo niegue y la municipalidad como encargado debe tomar las previsiones para asegurar el suministro en los próximos años", señaló Lourdes Sáurez, presidenta del AyA.

La intervención ocurre dos días después de que la Junta Directiva del AyA acordara "instruir" al alcalde de Naranjo, Randall Vega, a ejecutar la interconexión al proyecto de vivienda La Esperanza, o bien, que lo hiciera directamente la institución.

La situación se desarrolla en medio de una escalada de tensión entre el Gobierno y el municipio, encabezada por el presidente Rodrigo Chaves, quien se ha dedicado a criticar al alcalde Vega, destituido años atrás por esta misma administración cuando era viceministro de Seguridad.

CR Hoy consultó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, y a la oficina de prensa de la Fuerza Pública sobre quién giró la instrucción de emplear oficiales, cuál fue la finalidad y bajo qué fundamento legal se ejecutó la acción. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.