Diputado del PUSC propone habilitar allanamientos en casos de extradición
El diputado Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó un proyecto de ley para reformar la Ley de Extradición (N.º 4795), con el fin de permitir el allanamiento de inmuebles durante procedimientos de extradición, cuando exista presunción fundada de que la persona requerida se encuentra dentro de una propiedad.
La propuesta surge como respuesta a la reforma constitucional del artículo 32, que permite la extradición de costarricenses por delitos de terrorismo y narcotráfico internacional. No obstante, la ley vigente no contempla herramientas como los allanamientos, lo cual limita la capacidad operativa de las autoridades.
Esta discusión se da luego de la detención del exmagistrado Celso Gamboa, ante la solicitud de extradición de la DEA de Estados Unidos.
Nuevo artículo
El proyecto plantea la creación de un artículo 7 bis, que regule los allanamientos con fines de extradición bajo los siguientes lineamientos:
-
Autorización previa por parte de un juez, mediante resolución debidamente motivada.
-
Control judicial estricto de toda la actuación.
-
Respeto a los derechos fundamentales de la persona requerida.
-
Ejecución preferentemente entre 6:00 a. m. y 6:00 p. m., salvo excepciones urgentes debidamente justificadas.
Objetivos de la reforma
La iniciativa busca fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, facilitar la ejecución efectiva de órdenes de captura internacionales y garantizar el respeto al debido proceso.
"Con esta propuesta, el Estado costarricense podrá ejecutar capturas en extradición de forma eficaz, además de fortalecer la cooperación internacional y garantizar que el proceso se realice con apego a los derechos humanos", afirmó Alvarado, quien además hizo un llamado a sus colegas legisladores para agilizar la aprobación del proyecto.
Esto se da luego de que el director del Organismo de Invstigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, pidió a los legisladores en sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, mejoras legislativas que permitan detener a extraditables vía allanamiento.
