Diputado presenta proyecto de Ley para cerrar el CTP
Una iniciativa para cerrar el Consejo de Transporte Público (CTP) tocó las puertas de la Asamblea Legislativa durante este miércoles 21 de mayo.
La propuesta estuvo a cargo del jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos Cruz, quien presentó proyecto de Ley.
Dentro de las modificaciones incluidas en el proyecto se encuentran la disolución total del órgano adscrito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el traslado de competencias a la cartera ministerial bajo un modelo de desconcentración mínima.
El proyecto contempla además que quien ostente el cargo de viceministro de Transportes se encargue de planificar, regular, fiscalizar, otorgar permisos y coordinar con gobiernos locales para mejorar la gestión del sistema.
Con respecto a posibles trámites o concesiones pendientes, el MOPT contará con un plazo máximo de 6 meses para resolverlos.
Según Campos, el proyecto no busca cerrar una institución, sino transformar la calidad del servicio y garantizar decisiones alineadas con el bienestar de las personas, libres de cualquier presión por intereses particulares.
"El proyecto de ley pretende el cierre del Consejo de Transporte Público, una institución que ha estado envuelta durante muchísimo tiempo en escándalos asociados a presunta corrupción, incluyendo también bajo rendimiento. Pero lo más importante, es una institución que no responde a los intereses de los usuarios", manifestó el diputado Campos.
Según Campos, el CTP genera burocracia y no resuelve los problemas importantes del transporte público.
Expresó que de continuar con el modelo actual del transporte público, iniciativas como el pago electrónico en autobuses y la creación de rutas intersectoriales estarían corriendo riesgo.
Cuestionamientos institucionales
El CTP ha estado envuelto en cuestionamientos prácticamente desde su creación a inicios de este siglo.
La Defensoría de los Habitantes calificó a esta entidad, en su informe anual de 2012, como un "modelo de gestión que se agota", señalando además la pérdida de control estatal sobre el sistema de transporte público.
Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) evidenció que el CTP ejecutaba más del 95 % de su presupuesto, aunque solo alcanzaba la mitad de sus metas institucionales durante ese mismo año.
El 25 de junio de 2024, la atención del país se centró en los allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a las oficinas centrales del CTP, debido al caso de corrupción "Madre Patria", donde se descubrió una red criminal con complicidad de funcionarios del Consejo para apropiarse ilegalmente de rutas autobuseras.
Estos hechos exponen una institucionalidad debilitada y una ausencia de controles efectivos, aspectos que comprometen la estabilidad del organismo.
Además, la Procuraduría General de la República ha advertido en múltiples ocasiones sobre la urgencia de reforzar mecanismos de control interno y supervisión en el Consejo.
Por último, la Contraloría General de la República comunicó los resultados de un informe de Auditoría el pasado 30 de abril, en el cual se señalaron débiles controles para atender escenarios de corrupción a lo interno del CTP.
Dentro de las inquietudes expresadas por la Contraloría destacan el otorgamiento de concesiones y permisos en los que la corrupción compromete la calidad del servicio y pone en entredicho la seguridad de los usuarios al debilitar su confianza ciudadana.
También se evidenciaron problemas de acciones limitadas para fortalecer el control interno, la falta de roles y responsabilidades para prevenir incompatibilidades o conflictos de intereses; así como la inexistencia de un canal sobre los trámites formales y mecanismos de confidencialidad para gestionar denuncias y proteger a quienes denuncian.
El proyecto de ley toma como referencia casos internacionales como Chile y Colombia, donde los Ministerios de Transportes lideran la regulación pública del sistema con mayor eficiencia y control, reduciendo de manera significativa los niveles de corrupción.
Finalmente, si el expediente logra convertirse en ley, entrará en vigencia 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
