Diputados advierten imposibilidad de venta del Teatro Castella y piden intervención de Procuraduría

Varios diputados advirtieron al Registro Nacional la imposibilidad de vender el Teatro Arnoldo Herrera del Conservatorio Castella.

Los legisladores solicitaron al Registro consignar la advertencia registral por varios puntos, entre ellos, que dicho inmueble es de uso público.

"Nos apersonamos a solicitar se consigne nota de advertencia registral en el inmueble matrícula San José-524964-000, por lo siguiente:

Que el Centro Educativo Conservatorio Castella, fue declarado como institución oficial dependiente del Ministerio de Educación Pública, y por consecuente, el bien inmueble matrícula San José-524964-000, mismo que está afectado al uso público de conformidad a lo establecido por el Decreto Ejecutivo número 29324 del 20 de febrero del 2001, publicado el día 01 de marzo del año 2021.

Que la Fundación Conservatorio Castella, cédula jurídica 3-006-051229, de conformidad a sus estatutos vigentes, inscritos y visibles en las citas al Tomo: 40, Folio: 114, Asiento: 50984, específicamente en su Artículo Quinto, establece prohibición de disponer de sus bienes inmuebles, de manera total", detallaron los diputados.

Asimismo, agregaron que la misma Fundación propietaria registral violenta sus propios estatutos al realizar dicha compraventa.

"La Fundación propietaria registral, violentando sus propios estatutos, celebró compraventa del inmueble matrícula San José- 524964-000, misma que se tramita en este registro bajo las citas: 2024- 166674-001, pese a estar imposibilitado para gestionar dicha acción, violentando y colocando en riesgo el fin público para el que el bien está destinado actualmente.

Además, la escritura pública a inscribir, indica la disposición de demoler el teatro que se encuentra en dicho inmueble, por lo cual, al verse en peligro inminente el interés del Estado en este asunto, debe este Registro calificar dicha disposición al afectar el fin público que nos ocupa", agregaron los legisladores.

Ante la preocupación que hay, los diputados pidieron la intervención de la Procuraduría General de la República al existir posibles intereses del Estado costarricense.

Esta solicitud fue firmada por Ariel Robles, Priscilla Vindas, Antonio Ortega, Jonathan Acuña, Rocío Alfaro y Ariel Robles, todos estos del Partido Frente Amplio (FA), así como por Kattia Rivera de Liberación Nacional (PLN)  y Ada Acuña del oficialismo.