Diputados aprueban primer presupuesto extraordinario de 2025 y fustigan al Ejecutivo por falta de inversión social

La Asamblea Legislativa aprobó, en segundo debate, el primer presupuesto extraordinario de la República para el año 2025, en medio de fuertes críticas de parte de diputados del Frente Amplio (FA), quienes reclamaron la falta de voluntad del Ejecutivo para destinar mayores recursos al área social.

El plan contempla una reducción neta de deuda por ¢15.000 millones, resultado de una disminución de ¢28.000 millones en deuda y un aumento de ¢13.000 millones para financiar obra pública.

Distribución

Entre las asignaciones específicas incluidas en el presupuesto destacan:

• ¢543 millones al Poder Judicial, para el fideicomiso del nuevo edificio de la Sala Constitucional.

• ¢732 millones para la compra de chalecos antibalas para cuerpos policiales.

• ¢3.000 millones al Ministerio de Seguridad Pública, destinados a la compra de equipos de cocina para delegaciones policiales.

En infraestructura, se incorporan:

• ¢5.812 millones para la finalización de obras viales como la sustitución del puente sobre el río La Estrella, en Limón.

• ¢3.000 millones para mejoras en la ruta 240, también en la provincia de Limón.

• ¢4.800 millones al MOPT, para el diseño y construcción del corredor vial de la Circunvalación Norte.

Frente Amplio cuestiona

El diputado Jonathan Acuña, del FA, criticó duramente al Gobierno por su negativa inicial a asignar recursos al gasto social, y defendió las reasignaciones impulsadas desde el Legislativo:

“Teníamos razón cuando destinamos recursos a necesidades urgentes como becas e inversión en escuelas y colegios públicos. El Gobierno dijo que eso comprometería el pago de intereses, pero nunca ocurrió: lo dijeron en 2022, en 2023, y en el presupuesto 2024. Y aquí estamos otra vez”, señaló Acuña.

El legislador acusó al Ejecutivo de mantener una narrativa alarmista para evitar el fortalecimiento del gasto social.

Otros ajustes

El proyecto también contempla una reducción de ¢18.157 millones en la colocación de títulos valores internos de largo plazo, derivada de la revalidación de saldos del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de devoluciones de superávits, producto de las leyes de fortalecimiento de las finanzas públicas y eficiencia en la administración de recursos.

Además, se incorporan ingresos por ¢4.864 millones, provenientes principalmente de:

• Devoluciones de la CCSS al Fodesaf, y

• Reintegros del Poder Judicial.

Estos recursos se asignarán a comedores escolares y a la adquisición de equipo y maquinaria para los programas Servicio Jurisdiccional y Defensa Pública, entre otros.

También se contemplan ingresos de capital por ¢8.819 millones, provenientes de convenios con Japdeva, los cuales se transferirán al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para infraestructura.

Principales traslados y asignaciones

El presupuesto incluye traslados por más de ¢27.590 millones entre programas, destinados a atender solicitudes específicas de distintos ministerios y poderes del Estado. Entre las principales asignaciones se encuentran:

• ¢6.871 millones al Ministerio de Justicia y Paz, para compra de alimentos y pago de agua.

• ¢1.455 millones para diseño y construcción de Centros Cívicos para la Paz.

• ¢2.295 millones al MTSS, para compensaciones a exmuelleros de Limón.

• ¢1.516 millones al MOPT, para servicios de mantenimiento preventivo.

• ¢1.244 millones al Ministerio de Hacienda, para pago de resoluciones por traslado de cotizaciones a la CCSS y Jupema.

• ¢1.216 millones al Incofer, para la reconstrucción del puente sobre el río Parismina.

Tras su aprobación en segundo debate, el proyecto pasa ahora al Ejecutivo para su publicación y ejecución oficial.