Diputados archivan proyecto del Gobierno que buscaba excluir a jueces en decisiones tributarias
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron de forma negativa el proyecto de ley denominado “Ley de Fortalecimiento del Control Tributario” (expediente 23.759), el cual formaba parte de la agenda fiscal del Gobierno.
La iniciativa buscaba excluir la participación de jueces en procesos relacionados con el cobro, embargo, aplicación de medidas cautelares y secuestro de documentos en materia tributaria.
“Nos satisface dictaminar negativamente esta propuesta, que pretendía otorgar superpoderes a la Administración Tributaria, con amplias atribuciones de gestión, control, supervisión, sanción y cobro. Esto podría prestarse para abusos y arbitrariedades. La actuación de la Administración Tributaria debe estar sujeta a límites, para no violentar el debido proceso, las garantías procesales y los derechos fundamentales de los administrados”, manifestó la presidenta de la Comisión, Paulina Ramírez.
El texto proponía eliminar la intervención judicial en procesos de cobro, embargo y aplicación de medidas cautelares, permitiendo que la Administración ordenara directamente el secuestro de documentos o bienes, sin necesidad de autorización judicial.
Además, contemplaba que los socios de una empresa fueran responsables por las deudas fiscales de la sociedad, estableciendo una figura de responsabilidad subsidiaria, es decir, que si el deudor principal no paga, la deuda podría cobrarse a los socios.
“Esto podría generar un alto riesgo para los socios, muchos de ellos pasivos, que no tienen forma de controlar las decisiones de los administradores y, aun así, podrían enfrentar consecuencias ante el fisco”, explicó Ramírez.
El proyecto también planteaba un cambio significativo en cuanto a la calificación de declaraciones fraudulentas. Actualmente, solo un juzgado penal puede determinar si una declaración es fraudulenta, lo que permite extender el plazo de prescripción fiscal hasta 10 años.
Sin embargo, la iniciativa pretendía que la propia Administración Tributaria pudiera, con base en indicios, calificar una declaración como fraudulenta, y así extender unilateralmente el plazo de prescripción, lo cual fue considerado inconstitucional por varios legisladores.
Con este dictamen negativo, el proyecto queda archivado en la Comisión y con nulas posibilidades de pasar al Plenario Legislativo.
