Diputados impulsan reforma para que municipios puedan trabajar proyectos en forma conjunta

Una iniciativa impulsaba por diputados de varias fracciones, con el respaldo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pretende establecer un marco legal para que las municipalidades puedan trabajar conjuntamente en proyectos específicos.

Se trata del expediente 24.080 "Ley para el Fortalecimiento de las Mancomunidades Municipales" y que cuenta con el respaldo de la mayoría de las bancadas de oposición en el Congreso.

De aprobarse la nueva legislación, las municipalidades que así lo decidan podrán optar por unirse para gestionar proyectos, ejecutar convenios, ofrecer servicios públicos, establecer fondos para la reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, así como desarrollar iniciativas de movilidad, recuperación de ríos, infraestructura turística y de renovación urbana, garantizando así un mejor uso de los recursos y mayor eficiencia en los procesos, evitando duplicidades y aprovechando las ventajas de la economía de escala.

Actualmente, el Código Municipal autoriza a las municipalidades a asociarse en federaciones, confederaciones y agencias intermunicipales, sin embargo, no define ni desarrolla estas figuras.

El proyecto de ley presentado pretende subsanar este vacío legal y así fortalecer el marco jurídico que permita a los gobiernos locales y a las federaciones existentes, el desarrollo de objetivos comunes.

La propuesta apunta a garantizar el mejor cumplimiento de objetivos locales en temas como gestión de residuos, economía circular, gestión del recurso hídrico, mantenimiento de parques y zonas verdes, conectividad en corredores biológicos, alcantarillado pluvial, gestión territorial y proyectos de vivienda municipal.

El diputado del Frente Amplio (FA) Antonio Ortega, señaló que la adecuada regulación de este mecanismo de asociatividad municipal puede ser la antesala de los procesos necesarios y urgentes para la regionalización del país.

"En un país con una extensión territorial pequeña, pero muy desordenada, las mancomunidades municipales son una forma innovadora de impulsar el desarrollo y garantizar una administración territorial más efectiva", señaló.

Ortega recordó que si bien hoy los artículos 9, 10 y 11 del Código Municipal permite a los gobiernos locales crear federaciones, confederaciones y establecer convenios intermunicipales, pero esto no se traduce automáticamente en potestad para ejecutar competencias a través de estos entes, porque la ley no lo autoriza ni lo define explícitamente.

Con la reforma, se creará el marco para que estas entidades se consideren como mancomunidades municipales y que, mediante la Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta, estén autorizadas para construir infraestructura y dar servicios públicos bajo la forma de sociedades mercantiles que puedan asociarse con otros entes públicos o con sujetos de derecho privado. Esto con todos los alcances y límites claros de acuerdo a la ley.

"De esta manera, las mancomunidades municipales contarán con independencia técnica y margen de acción para ejecutar políticas públicas lejos de intereses políticos y sin detrimento de la autonomía de cada gobierno local", agregó el diputado del FA.

La elaboración del proyecto contó con el apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del Proyecto Transición hacia una Economía Verde y Urbana (TEVU), que se ejecuta con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) y sumó el acompañamiento del Instituto para el Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

La propuesta responde a necesidades expresadas por 20 municipalidades de la GAM durante la elaboración del informe diagnóstico sobre el Estado de la situación financiera municipal: Hacia una economía verde, así como de federaciones existentes, e iniciativas de mancomunación como Komunitas. Dicho informe lo puede leer en este enlace: Estado de la situacion financiera municipal

José Vicente Troya Rodríguez, representante residente del PNUD en Costa Rica, apuntó que: "las municipalidades son esenciales para el desarrollo del país y la efectiva atención de necesidades inmediatas que inciden en el día a día de las personas, como la gestión integral de residuos sólidos, la seguridad ciudadana, la atención y prevención de violencia contra las mujeres a nivel local, así como la gestión del riesgo y acceso a espacios verdes de calidad, con enfoque interseccional de género. Este es un primer paso positivo para impactar directamente en la mejora de los servicios públicos municipales, que inciden directamente en la calidad de vida de las personas".

La iniciativa cuenta con el apoyo y las firmas de toda la fracción del FA, de Luis Diego Vargas y Kattia Cambronero del Partido Liberal Progresista (PLP), de Rosaura Méndez, Paulina Ramírez y Pedro Rojas del Partido Liberación Nacional (PLN) y de Horacio Alvarado y Alejandro Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la diputada independiente María Marta Padilla.

El proyecto deberá ahora iniciar su trámite legislativo y debido a que el Congreso se encuentra en el periodo de sesiones extraordinarias, dependerá si el Poder Ejecutivo quiere convocarlo para su avance.