Diputados objetan plan del Gobierno para supervisar a entidades financieras
Legisladores de oposición no respaldan proyecto enviado por el Ejecutivo y llaman a análisis profundo del texto
Montserrat Ruiz, diputada del PLN. (Asamblea Legislativa).
Diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso expresaron este miércoles la oposición a la intención del Gobierno de supervisar a las entidades financieras del país.
Así lo manifestaron Montserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN); Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Los legisladores reconocieron que no respaldan el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con ese propósito, tal como está redactado el texto, y aseguraron que la propuesta —que se tramita bajo el expediente 24.616— requiere un análisis "sumamente cuidadoso".
Aunque, según el proyecto, el objetivo es establecer mejores prácticas en la defensa de los consumidores financieros, introduce un modelo de doble supervisión sobre las entidades financieras, lo cual podría tener implicaciones en su estabilidad y solidez.
Por un lado, se mantendría la supervisión sistémica ya desarrollada por las superintendencias, relacionada con los requerimientos propios de solidez y prevención de riesgos del sistema financiero en su conjunto. Por otro, se plantea centralizar en un solo órgano competente todo lo relativo a la regulación de la conducta del mercado: el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), transformando y especializando a la Comisión Nacional del Consumidor como un tribunal administrativo en la materia.
Cuestionamientos
El proyecto 24.616 está actualmente en etapa de análisis dentro de la Comisión de Asuntos Económicos.
La diputada Ruiz afirmó que la iniciativa surgió de una necesidad real de proteger a los consumidores financieros y evitar que se repitan situaciones como las vividas por las personas afectadas en los casos de Aldesa o Desyfin.
Sin embargo, reconoció que hay aspectos del texto que requieren ajustes importantes antes de que se pueda emitir un dictamen por parte de la comisión.
La legisladora explicó que no avala la propuesta inicial del Ejecutivo y que se construirá un texto sustitutivo de consenso entre todas las diputaciones de la comisión, que garantice las mejoras necesarias y logre un balance adecuado entre la protección del consumidor y la estabilidad del sistema financiero.
"No se trata de apresurar el dictamen, sino de presentar al Plenario una propuesta responsable, sólida y en beneficio de toda la población", agregó Ruiz.
Por su parte, Pacheco señaló que la iniciativa debe ser revisada mediante mesas de trabajo y con mucho cuidado.
"Creo que son excesivas las potestades que se le estarían dando al MEIC, y el proyecto se vence en septiembre. Tenemos tiempo para trabajarlo, para convocar a las partes en la comisión. Hay varias mociones de audiencia que debemos realizar antes de aprobar un proyecto de esa magnitud", dijo.
Campos, por su parte, manifestó que el proyecto busca conferirle al MEIC una serie de potestades que actualmente ejercen las superintendencias financieras.
"Implica una serie de elementos potestativos que se le darían al MEIC, que actualmente no tiene, incluyendo sanciones por conductas o acciones que las empresas financieras realicen en el mercado. Hay que tomar en consideración que el Ministerio de Economía no es un ente especializado en materia de supervisión financiera. Otorgárselo al MEIC no solo le daría un poder que hoy no posee, sino que también le permitiría incidir directamente en el mercado financiero. Hay que valorarlo con muchísimo cuidado y cautela", añadió.
Amplias potestades
El proyecto establece el pago de una nueva tarifa por regulación y supervisión de hasta un 1 % del patrimonio de las entidades, adicional a la que ya pagan a las superintendencias.
Esa carga financiera, derivada del canon propuesto, sería trasladada al consumidor financiero, quien la asumiría a través de los productos que adquiera.
La iniciativa también contempla multas consideradas desproporcionadas para las entidades financieras que cometan infracciones graves a la regulación propuesta.
Para las infracciones muy graves se establece una multa como porcentaje del patrimonio contable de la entidad.
Además, se proponen sanciones como la suspensión de operaciones por un periodo de entre cinco días y tres meses, e incluso el cierre de bancos y entidades, sin una fecha o plazo definido.
