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Crece oposición a reforma para reconocer la conectividad como derecho humano

Diputados consideran que propuesta no garantiza conectividad para todos

Por Alexánder Ramírez | 25 de Jun. 2022 | 12:13 am

Fotografía con fines ilustrativos. (Archivo/CRH).

(CRHoy.com) -Una reforma constitucional que busca reconocer la conectividad y el acceso a las tecnologías de información y telecomunicaciones como un derecho humano genera más oposición en la Asamblea Legislativa.

La iniciativa -que es impulsada por la bancada legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN)- es adversada por diputados de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP).

Los cuestionamientos técnicos y jurídicos que plantean legisladoras del PUSC y PLP son similares a los que semanas atrás expusieron representantes de la industria de telecomunicaciones.

La reforma es estudiada por una comisión especial del Congreso que deberá recomendar al Plenario Legislativo su aprobación o rechazo.

Vanessa Castro, diputada del PUSC. (Archivo/CRH).

Sin embargo, desde ya congresistas como Vanessa Castro, del PUSC, y Johana Obando, del PLP, anuncian que votarán en contra de recomendar al Plenario la aprobación de la propuesta.

A como está el texto, es imposible que yo pueda votar a favor (…) Yo no puedo violentar la parte técnica. No la puedo violentar porque considero que no está bien hecho (el proyecto), simplemente porque quiero verlo ahí (en la Constitución Política).

Castro argumentó que la propuesta para elevar a rango constitucional el acceso a la conectividad y a las tecnologías de información y de telecomunicaciones debe revisarse en su dimensión técnica y jurídica.

Aunque reconoció la importancia de elevar a los más altos estándares jurídicos el acceso a la conectividad, sostuvo que se deben tomar en cuenta elementos y recursos para hacer realidad el enunciado constitucional que se propone.

"No solo es tenerlo en letra, en blanco y negro, sino que se pueda ofrecer al costarricense una ejecución real de ese derecho. Por ejemplo, la Constitución habla del derecho del trabajo, pero no necesariamente le estamos dando trabajo a los miles de desempleados", expresó.

¿Engaño?

La reforma fue admitida por el Plenario Legislativo. (Archivo/CRH).

En ese sentido, la socialcristiana manifestó que no se puede engañar a los costarricenses y decirles que la reforma implicará que "se le dará conectividad a todo mundo".

Es decir, la reforma al artículo 33 de la Constitución no es una garantía de conectividad para todos los costarricenses porque el país no tiene los elementos ni los recursos para hacerlo en un 100%.

Además, recordó que la Ley General de Telecomunicaciones, aprobada por el Congreso en 2008, ya prevé el contenido económico para extender la conectividad en el país.

El otro argumento en contra de la propuesta que mencionó Castro es que no sería razonable ni lógico incorporar el acceso a la conectividad como un derecho humano en al artículo 33 de la Constitución, que señala que toda persona es igual ante la ley, porque también se tendría que agregar el derecho a la salud y al trabajo, por ejemplo.

Imprecisiones

Johana Obando, diputada del PLP. (Archivo/CRH).

La diputada Obando, por su parte, dijo que a pesar de que favorecen fortalecer el uso de las tecnologías de información y telecomunicaciones, la reforma contiene imprecisiones conceptuales, como el acceso universal a las mismas.

El concepto del acceso universal es el que permite que el acceso a las tecnologías de información y telecomunicaciones llegue a todas las personas, y el que va a regular es el Estado. Cuando nos encontramos con el concepto de acceso universal, estamos excluyendo, bajo el criterio técnico, a todos los operadores. Nos preocupa enormemente porque la libre competencia promueve que esos fondos económicos que producen los operadores lleguen al Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que es el encargado de los proyectos en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información, y de reducir la brecha digital.

También sostuvo que la redacción del texto deja por fuera conceptos técnicos fundamentales que deben estar resguardados y recordó que ya existe la Ley General de Telecomunicaciones "que tiene un asidero para esos términos".

En una línea similar a Castro, expresó que el artículo 33 de la Constitución Política no debería modificarse y que la reforma debería ser incluida en otro articulado de la Carta Magna.

Aseguró que la reforma constitucional, que se tramita bajo el expediente 22.617, es innecesaria porque la Ley General de Telecomunicaciones "es bastante robusta".

"Ya hay una ley de telecomunicaciones amplia que promueve el acceso a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información. En caso de que este proyecto siga prosperando, lo más importante es que su redacción sea correcta en cuanto a términos técnicos para que no quede ningún portillo abierto", concluyó Obando.

Innecesario

Fotografía con fines ilustrativos. (Archivo/CRH).

Semanas antes, representantes de la industria de telecomunicaciones coincidieron ante los diputados de esa comisión especial en que ya existe legislación para llevar conectividad a todo el país, por lo que no consideraron necesario una reforma constitucional para reconocer la conectividad como un derecho humano.

El asesor legal de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), Erick Jiménez, afirmó que las leyes vigentes son suficientes para regular de una forma eficaz la real necesidad de llevar conectividad a todo Costa Rica.

Agregó que invertir tiempo en nuevas reformas a la Constitución no es necesario y que, en su lugar, se deben aplicar las normas vigentes.

Gilbert Camacho Mora, presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), indicó que el desarrollo en la penetración de internet fijo y móvil en zonas rurales y urbanas en el país ha sido exitoso en los últimos 10 años.

Insistió en que no son necesarias más leyes para garantizar el acceso universal, pero sí un plan de implementación por parte del Poder Ejecutivo.

"Es necesario que el Poder Ejecutivo, por medio del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, establezca las políticas para el acceso al servicio universal. Ya Costa Rica tiene suficiente legislación para reducir la brecha digital, no es necesario más leyes", agregó.

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