10 retos estructurales de las finanzas públicas costarricenses

Costa Rica enfrenta 10 retos estructurales en sus finanzas públicas que deben ser atendidos con urgencia, reveló un análisis pormenorizado de los indicadores financieros de los últimos 20 años, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

De acuerdo con este Instituto, cuya sede está en Ciudad de Guatemala, a pesar de los resultados esperados de la reforma fiscal aprobada a finales del 2018, el Estado costarricense requiere lograr un acuerdo político en materia fiscal, integral y con visión de largo plazo, que permita la sostenibilidad y suficiencia fiscal.

Los retos son los siguientes:

1. La insuficiencia del gasto público para garantizar, promover y proteger los derechos de la población consagrados en la Constitución Política.

El gasto público del Gobierno Central de Costa Rica ha oscilado en los últimos años, en alrededor del 20% del PIB.

De acuerdo con el Icefi, dicho nivel de gasto, aunque es uno de los más altos de Centroamérica, no ha sido suficiente para evitar que dos costarricenses de cada diez vivan en condiciones de pobreza; que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, prácticamente se haya duplicado en los últimos años, mientras persisten niños y adolescentes, especialmente en preescolar y secundaria, que no tienen acceso a la educación.

La debilidad relativa del aparato fiscal durante el siglo XXI, también ha visto reducir en la última década el crecimiento del PIB a niveles promedio de 3,7%, por debajo del 4,8% reportado en los primeros ocho años del siglo.

El Instituto concluyó que esta ralentización económica puede explicarse, entre otros factores, por la relativamente insuficiente y baja calidad de la infraestructura vial del país y el aumento de la desigualdad económica.

Acerca de este último aspecto denotó que Costa Rica es el único país del istmo en donde empeoró la distribución de la riqueza en las últimas dos décadas.

2. Mejora de la transparencia, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas.

Los niveles de percepción de corrupción definidos por Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de Corrupción, aumentaron en 2018, aunque en esencia no han cambiado desde 2012.

De igual forma, el Índice de desviación de fondos públicos del World Economic Forum muestra un retroceso, y el Índice de Presupuesto Abierto sigue posicionando al Estado costarricense en el promedio, muy lejos de los Estados con las mejores prácticas de transparencia presupuestaria.

3. Una debilitada sostenibilidad fiscal del país

De acuerdo con el Icefi, este reto encuentra entre sus principales manifestaciones unos ingresos tributarios que alcanzan en promedio alrededor del 13% del PIB en los últimos años —sin contar los ingresos destinados a la seguridad social—; mientras que los gastos del presupuesto, excluyendo el servicio de la deuda, han representado en promedio, en los últimos años, alrededor del 17% del PIB.  Al adicionar a este desbalance el servicio de la deuda, se registra anualmente un mayor deterioro fiscal que dificulta la gestión efectiva de las finanzas públicas.

4. Diferentes gobiernos y legislaturas no han podido elevar la carga tributaria.

Esta situación ha sido resultado tanto de la falta de consenso y la polarización política, como de otros factores que el Instituto ha identificado relacionados con esfuerzos administrativos para mejorar la recaudación de los impuestos existentes, alcanzables sin necesidad de elevar las tasas tributarias.

5. Falta eficiencia en el combate de la evasión fiscal

De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda y del Fondo Monetario Internacional, la evasión se encuentra en niveles que pueden reducirse.

6. Urge la modernización del impuesto sobre la renta

Esto permitiría el combate a los flujos ilícitos de capitales, que representan, conforme el Global Financial Integrity, cerca del 18% del PIB; y que obliga, especialmente ante el interés de Costa Rica de pertenecer a la OCDE, a implementar el principio de renta mundial.

7. Revisión y limitación de la estrategia de gasto tributario para promover la inversión

Según el Instituto, el gasto no ha tenido los efectos de largo plazo deseados, y representa la pérdida de más de 5% del PIB anual en recaudación.

8. Necesidad de modernizar la estructura tributaria del país

Debido a la prevalencia de impuestos indirectos, la estructura tributaria del país tiene rasgos regresivos. Dicha situación la ocasiona no solo que la mayor parte de impuestos son al consumo, sino también que algunos segmentos económicos de gran capacidad de pago quedan al margen del pago de impuestos, violando así el principio constitucional de capacidad de pago.

9. Un creciente déficit fiscal. 

Esta deficiencia –que ha representado alrededor del 6% del PIB en los últimos años– podría reducirse si la recién aprobada reforma fiscal de 2018 tiene éxito en su ejecución.

Sin embargo, aun cuando se estima que la reforma tributaria rendirá alrededor del 1,5% del PIB en el período 2019-2022, el efecto sobre el gasto es menos claro debido a la dificultad que sugiere la aplicación de la regla fiscal, que implicaría la reducción (más allá de los ajustes en las remuneraciones incluidas en la ley) de rubros en los gastos de funcionamiento, ajenos al pago de intereses de la deuda, por alrededor de 0.8% del PIB en 2020, 0.7% en 2021 y 0.6% en 2022.

10. Rasgos de insostenibilidad observados en la deuda pública

Esta insostenibilidad se da tanto por su estructura, como por la tasa de interés a la que ha sido negociada la misma.

Según el Icefi hacen falta medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. El Instituto hizo hincapié en que la solución definitiva de los desafíos discutidos implica esfuerzos políticos para avanzar hacia el alcance de un acuerdo político fiscal, integral y con visión de largo plazo, que permita la sostenibilidad fiscal al tiempo en que se logre alcanzar los objetivos del desarrollo.