Al unísono, sectores y cámaras condenan anuncio de más impuestos

• Empresarios advierten de que hoja de ruta de Alvarado aumentará pobreza, desigualdad, evasión, desempleo e informalidad

(CRHoy.com).- A una sola voz, cámaras empresariales y organizaciones que representan a la ciudadanía condenaron la apuesta del gobierno de Carlos Alvarado de fundamentar la negociación  con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el aumento de la carga de impuestos.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) opinaron de manera idéntica y reaccionaron en cadena contra la hoja de ruta que planteó el Gobierno.

Álvaro Jenkins, presidente de la Uccaep afirmó que Costa Rica no puede ni debe permitirse más impuestos.

La Unión concluyó que las medidas que planteó el Poder Ejecutivo y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) la tarde de este jueves van en la dirección contraria de aquella que el país debería tomar para reactivar su economía en medio de la peor crisis económica que han enfrentado en las últimas décadas.

“Crear un tributo del 0,3% a todas las transacciones bancarias durante los primeros dos años, para luego bajarlo a 0,2% al tercero y cuarto año es sin duda improcedente. Este tipo de medida precariza los esfuerzos por bancarizar a la población, generar mayor trazabilidad sobre los flujos y es un duro golpe para las familias.

“Además de que generará un incentivo una mayor hacia la informalidad lo cual es totalmente contrario a lo que debería ser el objetivo primario en estos momentos cuando lo que se requiere es incrementar la base contributiva. Subir tasas no es equivalente a incremento en recaudación. Sólo se está intentando sacarle más a los que hoy ya aportan”, comunicó Uccaep.

“La propuesta del Gobierno está sesgada hacia los impuestos que afectarán al sector productivo y con ello la reactivación y el crecimiento económico y la generación de empleo.  Del lado del gasto hay poco nuevo y lo que tiene mayor impacto es lo que ya de todas formas se tiene que aplicar de forma estricta el contenido de  la Regla Fiscal y medidas complementarias contenidas en el Título IV de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, criticó, por su parte, la CICR.

Los voceros del gremio de la construcción, golpeado por la crisis económica actual, consideraron “en extremo preocupante” que el Gobierno enfoque su propuesta al FMI en incrementar los impuestos y en crear otros nuevos.

“Es indudable que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social”, recalcó la CCC.

José Manuel Quirce, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX), lamentó que mientras el Gobierno se esmeró en su propuesta para incrementar la carga tributaria, no lo hiciera con la misma claridad en el cálculo de los recortes del gasto público, en la fusión de entidades públicas y de otros ahorros, como en la venta de activos del Estado.

“Nos parece que la venta propuesta en activos del Estado es sumamente pequeña y que debía de profundizarse aún más”, afirmó el empresario.

Sobre ese mismo punto, los industriales consideraron que este es el momento para que el Gobierno se plantee “en serio” la venta de algunas instituciones públicas más allá de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) y del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), cuyo impacto en la reducción de la deuda pública sería ínfimo.

Este mismo sector celebró la decisión del Gobierno de reducir temporalmente las cargas sociales. No obstante, lamentaron que la propuesta del Gobierno sea omisa en plantear una reducción de las tarifas eléctricas, un elemento que consideran clave para aumentar la competitividad del país y del sector productivo.

El sector de la construcción reclamó, además, por la falta de agresividad del planteamiento del Gobierno en materia de recorte al gasto público. Allí, exigieron al Poder Ejecutivo que se esmere más en propuestas que mejoren la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

“No es viable que se cargue todo el peso del ajuste sobre las espaldas de los contribuyentes, ya que esto solo ocasionará mayor contracción económica mientras los recursos gubernamentales continúan despilfarrándose en sostener instituciones anacrónicas, duplicidad de funciones y privilegios para los empleados públicos”, destacaron en la CCC.

Los empresarios de la industria alimentaria fueron al grano: consideran la propuesta que el Gobierno llevará al FMI como excesiva en impuestos y carente de reformas estructurales a largo plazo. 

Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) afirmó que el plan de Casa Presidencia destruye más valor del que genera y reduce aún más la posibilidad de reducir el desempleo creando más puestos de trabajo. Hoy el país sufre una tasa de desempleo de un 24,4%.

“Por otra parte, las menciones de medidas temporales en materia de movilidad laboral voluntaria, la eliminación de cierto tipo de exoneraciones al impuesto de renta, la congelación de salarios mientras la deuda pública supere el 60% del PIB u otras iniciativas en tránsito en la Asamblea Legislativa para unificar salario, eliminar pluses a futuros funcionarios o suspensión de anualidades de manera temporal, son medidas necesarias pero aún tímidas que no se visualizan aún como soluciones reales a través de una verdadera reforma estructural del Estado”, señaló Musmanni.

El empresario fue preciso al señalar que la única vía “realmente responsable y efectiva” para salir de la crisis sería un replanteamiento del tamaño, objetivos, indicadores desempeño y rendición de cuentas del Estado costarricense. 

“No podemos aceptar la tesis de que se le dará estabilidad a la economía a través de más impuestos o con mayor endeudamiento, pues serán fondos destinados a financiar el mismo Estado que el sector político se resiste a hacer más eficiente y en pocos meses estaremos exactamente en el mismo debate”, zanjó.

Gravámenes sobre rentas molestan

Sobre el aumento del impuesto sobre los salarios superiores a los ¢840.000 y a las ganancias de las empresas, así como aumentar los gravámenes sobre las propiedades, la Uccaep lo calificó como un “martillazo” para los sectores productivos pues, según el gremio, vendrán a aumentar la informalidad.

Otro de los señalamientos sobre la gravedad de las consecuencias del plan del Gobierno es la afectación que sufrirá la imagen del país como destino para inversionistas.

“Con cargas tributarias de más del 48% si se aprueban las propuestas de aumento en impuesto a las utilidades y dividendos, se está creando un desincentivo a la inversión tanto interna como externa en el país. Para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la retórica sobre un gasto público inflexible y con poco espacio de reducción se desgastó y no es sostenible“, advirtió.

Los industriales también levantaron la mano para condenar el incremento en los impuestos sobre las ganancias de las empresas y sobre las propiedades.

“Tasas de impuesto sobre la renta de empresas del 36%, aunque sean temporales, afectan la competitividad del país en relación, por ejemplo, con otros países de la región centroamericana que tiene incluso tasas del impuesto sobre la renta de empresas menores al 30% (en Guatemala por ejemplo el impuesto sobre la renta es de 25% y el de dividendos de 5%).

“Imponer un nuevo impuesto a la propiedad de bienes inmuebles también aumentará, para las empresas, la Tasa Impositiva Total de una empresa nacional tipo que es del 58,3%, una de las más altas a nivel internacional, según los últimos cálculos del Doing Business, del Banco Mundial”, manifestaron.

La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) también comunicó su desacuerdo con la propuesta que anunció el Gobierno, sobre todo, por el enfoque en aumentar los impuestos e igual que las otras organizaciones empresariales del sector privado lamentó que el Poder Ejecutivo no pusiera más cartas sobre la mesa relacionadas con la reducción del gasto público.

“Se deben eliminar privilegios, así como simplificar el aparato estatal, conformado por más de 322 instituciones. Aumentar la carga impositiva para el sector productivo y los consumidores, generaría un impacto negativo en la competitividad, la formalidad, la capacidad adquisitiva de las familias y el crecimiento económico de Costa Rica; por lo que el Gobierno debe apostar por crear mejores condiciones para dinamizar la economía y generar mayores empleos”, reseñaron los comerciantes.

Expertos en tributos encienden alarmas

Los expertos en tributos también tienen un criterio divergente con respecto al del Gobierno en materia de aumento de tributos.

Francisco Villalobos, fundador de ICS y exdirector de la Dirección General de Tributación, consideró que la relevancia que el Gobierno de Alvarado le dio a la propuesta en materia fiscal no es la misma con la que planteó al FMI las medidas en gasto y reactivación, las cuales calificó como “no lo suficientemente significativas”.

Felipe Guevara, abogado tributarista de la firma Consortium Legal, consideró que la propuesta carga de nuevo por completo el costo de salir de la crisis en el sector privado, con sobretasas y con impuestos que calificó como “cuestionables”, como el que se cobrará a toda transacción bancaria.

“Buscan doblar el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, lo cual es muy peligroso porque estoy pagando por el simple hecho de tener bienes. En muchos casos de propietarios de bienes, probablemente ni siquiera van a tener dinero para costear los impuestos, como por ejemplo, personas que heredaron propiedades no tienen actividad económica. Es gente que no están explotando sus propiedades y llevar al 0,50% del valor fiscal los impuesto sobre un inmueble en un país donde su valor está totalmente fuera de mercado es peligrosísimo y atenta directamente contra la capacidad económica de las personas“, advirtió.

El abogado Adrián Torrealba, doctor en Derecho Financiero y Tributario, de la firma Faycatax, consideró que la reforma fiscal que el Gobierno quiere impulsar para optar por un crédito de $1.750 millones con el FMI se desvía de los principios fundamentales que deberían orientar las alternativas de reforma tributaria en este momento.

Dijo que el primer principio que el Gobierno debió cumplir es buscar zonas de riqueza que están tributando por debajo de otros sectores, para crear una equiparación.

Sin embargo, en materia de asalariados, según el jurista, la reforma se separa de ese principio y más bien, en lugar de igualar el cobro de los asalariados y los trabajadores independientes, lo que hace es aumentar la discriminación contra este último grupo, al ponerlos a pagar una tasa adicional de un 35% sobre sus ganancias que, en suma, llegaría a casi un 58% de carga tributaria sobre la renta neta de este grupo cuando reporte ingresos por ¢14 millones.

“El otro principio básico que tiene que darse es que si tengo un problema de evasión, no lo voy a resolver aumentando la tarifa del impuesto, porque se estaría exagerando el nivel de imposición para aquellos que no son evasores y el que es evasor, con más razón va a tratar de seguir evadiendo si se aumenta la carga tributaria. Si hay un problema de control tributario de los independientes, la solución no es aumentar la tarifa, es aumentar las instancias de control e incluso revisar un exceso de tributación que puede estar causando la evasión por imposibilidad de pagar lo que pretende el Estado”, afirmó el tributarista.

Torrealba subrayó que en esas condiciones será prácticamente imposible que se reduzca la informalidad, pues más gente optará por alejarse del brazo del Ministerio de Hacienda.

Casa Presidencial va rumbo a negociar con el FMI con el compromiso de aprobar un incremento en el impuesto sobre la renta de empresas que pasaría de un 30% a un 36% por dos años, para luego dar paso al esquema de renta global, es decir, que el cálculo del impuesto se hará sumando todos los ingresos del contribuyente.

A los asalariados, el Gobierno les aumentará significativamente el impuesto sobre sus sueldos, que pasará de un 0,25% a un 0,75%.

También se propone gravar a las cooperativas que sean grandes contribuyentes. En cuanto a las transacciones bancarias, el Gobierno quiere cobrar un impuesto con una tasa de un 0,3% los primeros dos años, que luego pasaría a ser de un 0,2% los siguientes dos años.