Aprobación de 9 proyectos de ley aceleraría ingreso a la OCDE

La aprobación de 9 proyectos de ley, todos actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa, permitiría acelerar el paso para que el país cumpla los requisitos de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Así se desprende del último estudio elaborado por la Academia de Centroamérica, denominado "El proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE", a cargo de los economistas Miguel Loría y Josué Martínez, quienes analizaron este proceso, tanto en las áreas en las que el país ha obtenido una opinión formal sobre sus políticas, así como aquellas en las que existen desafíos importantes para seguir avanzando.

Según la investigación, las iniciativas de ley pendientes se relacionan con políticas de inversión, competencia, cohecho, gobierno corporativo, mercados financieros, gobernanza pública, política ambiental, análisis económico del desarrollo, estadísticas y pesca.

La OCDE es una entidad internacional de naturaleza no financiera que tiene como objetivo central promover la adopción de las mejores prácticas y reformas que conlleven a un desarrollo inclusivo y sostenible de los países. Hoy está conformada por 37 países.

"Sin duda, se trata de un proceso complejo, que toma tiempo, pero requiere de voluntad y capacidad de los estados para afrontar los desafíos que se presentan e ingresar a un grupo de países que funcionan bajo las mejores prácticas internacionales, que mantienen altos niveles de crecimiento económico y social y un compromiso con el desarrollo inclusivo", indicó el investigador Loría.

En su opinión, la responsabilidad que tienen los diputados en sus manos los convierte en actores claves en el proceso, por cuanto les compete la aprobación de los proyectos de ley que contribuyan a una modernización del marco de política del Estado y el Protocolo de Adhesión, último paso en todo el proceso de ingreso.

A mediados de enero pasado, la directora de la OCDE Gabriela Ramos enfatizó, en su visita al país, la urgencia que tiene Costa Roca de proceder con las reformas en las áreas de competencia, anticorrupción, estadísticas y fiscalidad internacional, las cuales son requeridas para alcanzar los estándares internacionales que promueve la OCDE.

Reformas que urgen

De los temas pendientes, la Academia de Centroamérica destaca una reforma a la ley vigente de promoción de la competencia y su autonomía e independencia política, financiera y administrativa con respecto al Poder Ejecutivo.

Los investigadores concluyeron que esta es quizá el área donde hay mayor brecha entre los estándares de la OCDE y la realidad costarricense, pues la reforma es crucial para garantizar un mayor grado de competencia en los mercados. La ley existente se creó hace 25 años y ha tenido mínimas actualizaciones.

Los investigadores explicaron que el proyecto de reforma (Ley de creación del Tribunal Administrativo de Competencia, expediente 19.996) fue presentado ante los diputados desde el 2016, pero aún no se aprueba. Actualmente está en proceso de socialización para luego ser estudiado por la Comisión Especial creada en la Asamblea Legislativa para estudiar y dictaminar los proyectos de ley relacionados con el ingreso a la Organización.

Otro de los proyectos fundamentales y que aún está pendiente de aprobación es el que garantiza la autonomía del Banco Central de Costa Rica (expediente 21.033, que modifica la Ley orgánica del Banco Central), en la conducción de la política monetaria mediante cambios en la conformación y nombramiento de su Junta Directiva. OCDE ha señalado que en Costa Rica hay prácticas que se alejan de las más sanas, por ejemplo, la sincronía entre el nombramiento del presidente del Banco Central y el ciclo presidencial y la ausencia de reglas claras para su despido.

La aprobación de esta reforma es necesaria para los comités de Mercados financieros y Análisis económico.

En relación con el tema de gobernanza pública, Costa Rica enfrenta el reto de una administración fragmentada. Un gran número de instituciones con mecanismos de rendición de cuentas limitados, que en la práctica han ido perdiendo funciones, personal y presupuesto.

Para resolver este tema, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley que buscan atender las recomendaciones de OCDE en esta materia. De estos ya se aprobó el expediente 20.580, el cual se convirtió en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Nº 9635): los otros se tramitan con los expedientes: 20.649, para la derogatoria de instituciones no funcionales y 20.202 sobre contrataciones.

Por otra parte, el país requiere fortalecer y centralizar el trabajo estadístico, actualmente disperso, para una mejora en la toma de decisiones.

La OCDE recomienda dar sostenibilidad al financiamiento de las estadísticas, eliminar vacíos legales y fortalecer la rectoría del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En esta dirección, el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto para regular del Sistema de Estadística Nacional (SEN). Este se tramita con el expediente 20.404.

También están pendientes de aprobación el proyecto 20.547, sobre responsabilidad de Personas jurídicas y dos convenios internacionales sobre responsabilidad por contaminación (expedientes 21.118 y 21.119).

Por último, falta la presentación de un proyecto con una reforma legal a la Ley 7384, para mejorar la gobernanza del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

Beneficios para Costa Rica

Aunque aún el país no ha concretado aún su ingreso a la OCDE, los investigadores creen que los beneficios del proceso ya comienzan a verse, mediante las reformas que se han ido logrando para cumplir los estándares de la Organización.

La OCDE facilita el acceso de los países miembros a una plataforma de conocimiento, alimentada por una base de datos estadísticos de amplia cobertura, comparable entre países y confiable.

Otro beneficio para el país es que ser miembro de la OCDE permite armonizar las políticas a nivel mundial en el campo de la eficiencia económica y social.

Según el estudio de la Academia de Centroamérica, para el caso de Costa Rica, un país caracterizado por lentas reformas, el ingreso a la OCDE es una oportunidad para impulsar reformas por largo tiempo pendientes, sin la presión de las condicionalidades que impone un apoyo financiero internacional.

"El país enfrenta el reto de convencer a la OCDE de que existe voluntad y capacidad para adoptar los estándares mínimos de buenas prácticas en las áreas pendientes. Elevar la calidad de las políticas y servicios públicos es un desafío país, independientemente de integrar o no la OCDE", indicó Loría.

Temas en los que el país debe avanzar son las reformas financieras, fiscales, mejoramiento de la calidad de la política macroeconómica, mejoras en el funcionamiento de los mercados, calidad de las estadísticas y las reformas institucionales en el Estado.