Asamblea del Popular duda de proyecto para aseguradora “social solidaria”

El Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular puso en tela de duda la conveniencia de dar trámite a un proyecto de ley que pretende dar facultades al banco para que cree una aseguradora con filosofía "social solidaria".

Así lo indicó el presidente del órgano, Alfonso Molina, en una carta dirigida a la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, luego de que se convocó a sus representantes para dar su criterio sobre la iniciativa.

El proyecto 20.177, presentado desde noviembre del 2016, busca modificar los artículos 7 y 47 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, para que los bancos públicos puedan entrar al mercado de seguros, pese a la existencia del estatal Instituto Nacional de Seguros, ya de por sí de capital público y con participación dominante en el mercado.

"A pesar de conocer las diversas posiciones sobre la intención de crear una aseguradora que sea propiedad del Banco; no obstante, y en defensa del fin público para el cual fue creado la entidad, estimamos poco prudente en la situación fiscal actual del país, invertir recursos en una nueva aseguradora sin el sustento de un estudio de factibilidad completamente terminado que garantice la protección de los fondos que se administren", dijo Molina en la misiva enviada a los diputados.

Ya en el pasado la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese) se manifestaron en contra de este proyecto. Los bancos por considerar que el INS tiene la operación mayoritaria y más robusta del país y la Superintendencia por considerar que la apertura a la competencia y mejora en precios podría retroceder por una alta concentración de mercado.

Esto sucedería porque la ley Reguladora del Mercado de Seguros, que data del 2008, permite a los bancos públicos la creación de una aseguradora, pero con 2 condiciones: que al menos el 51% de las acciones sean propiedad del INS y que la nueva entidad no cuente con la garantía del Estado.

Según los proponentes del proyecto -entre ellos el exdiputado Víctor Morales Zapata–  esta situación ha ocasionado que "el Banco Popular y las organizaciones de la economía social no hayan podido cumplir con su aspiración de contar con una empresa aseguradora de su propiedad".

No obstante, Molina dijo a nombre de la Asamblea de Trabajadores que la protección a las personas trabajadoras se logra a través del fomento del ahorro y la creación de mecanismos que faciliten el acceso al crédito.

"Es una realidad que al intentar incursionar en una actividad que no es propia del banco, existe el riesgo de que la inversión no sea recuperable y que el costo no pueda ser justificado razonablemente, lo cual crearía un riesgo innecesario al patrimonio de la entidad-el cual si buen es muy sólido- no es nuestra intención comprometerlo", agregó en la carta a los legisladores.

Dicho esto, el representante de la Asamblea Nacional de Trabajadores dijo no poder tomar una posición definitiva sobre el proyecto.

CRHoy.com conoció que el martes la Comisión de Asuntos Económicos revisará esta posición expresada por el órgano superior.

En las últimas semanas el Banco Popular ha estado en medio de la polémica por el nombramiento expedito de una nueva planilla gerencial y una reestructuración organizacional que, en voz de sus sindicatos, crea es una estructura solapada de nuevos puestos gerenciales con privilegios salariales.

Los directivos nombrados por el Consejo de Gobierno que votaron a favor del cambio gerencial y la persistencia de una estructura salarial diferente a las directrices del presiden Carlos Alvarado se mantienen suspendidos.