Banco Central se suma a dudas sobre proyecto para mejorar liquidez estatal
Asegura que "muchas" de sus recomendaciones no fueron incorporadas por la CGR en el texto
Rodrigo Cubero, presidente del BCCR compareció esta tarde en la Comisión de Asuntos Hacendarios (CRH)
(CRHoy.com) El Banco Central de Costa Rica (BCCR) se sumó a las dudas y cuestionamientos alrededor del proyecto de ley, propuesto por la Contraloría General de la República (CGR) para mejorar el manejo de la liquidez del Estado.
Este miércoles, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el presidente del BCCR, Rodrigo Cubero Brealey, dijo que el texto propuesto por el ente contralor "tiene debilidades y falencias". Además, reprochó que, a pesar de que el BCCR trabajó de la mano con la CGR en su elaboración, "muchas" de sus recomendaciones no fueron incluidas en el proyecto enviado al Congreso.
El economista aseguró que, a pesar de que la intención del plan es "loable" y que es consecuente con la búsqueda de un mejor uso de los recursos públicos, el plan tiene varios vacíos, entre los que mencionó que sus alcances y objetivos "no están claramente definidos" en el texto.
A su vez, dijo que es importante que se defina su ámbito de cobertura y las entidades sobre las que recaería la propuesta. Aseguró que el plan no es claro en sus apreciaciones en relación con las razones por las cuales deben de excluirse a entidades comerciales del régimen de competencia.
A su vez, dijo que el proyecto no es claro en algunas definiciones y conceptos que son fundamentales.
Añadió que, el plan "es omiso" al tratamiento que se le debe de dar a los recursos líquidos del sector público que se encuentren sujetos a algún tipo de gravamen, entre las que mencionó garantías, prendas o embargos judiciales.
"Se habla de liquidez y excedentes de liquidez, pero claramente no se trata de lo mismo. Es importante que se defina sobre que va a recaer la normativa. Tampoco es claro si se aplica a flujos o a saldos, parecen ser ambos, pero se debe esclarecer estos temas", dijo Cubero.
Por otra parte, señaló que también es "omiso" al análisis que está detrás del cálculo de los beneficios, sus costos y riesgos.
Mencionó que el plan no habla de los costos, por ejemplo, de los inherentes a los desarrollos tecnológicos que serían necesarios tanto en el Ministerio de Hacienda y el resto del sector público.
"El proyecto establece un rendimiento del 1% del PIB, en términos de ahorro para el gobierno, pero no específica la metodología, los cálculos o supuestos que validan esa estimación. No sabemos, realmente, de donde salió esa estimación del 1%", subrayó Cubero Brealey.
Semanas atrás, diputados de distintas fracciones legislativas señalaron sus preocupaciones por el proyecto, sobre todo sobre el impacto global en el sistema financiero y en la economía costarricense, si el texto se aprueba tal y como está redactado.
Ana Lucía Delgado, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconoció semanas atrás que tiene reservas y explicó que están en un proceso de recabar información para contar con más elementos de juicio.
"Estamos en un proceso de recabar información y analizar los insumos brindados por las instituciones del Estado, lo cual permitirá a las diputadas y diputados tener mayores elementos de juicio que faciliten el proceso de toma de decisiones. Por ahora, resulta muy prematuro emitir un criterio sobre la votación final que tendrá este expediente en comisión", dijo.
La Superintendencia General de Entidades Financieras también cuestionó el plan. Su jerarca, Rocío Aguilar Montoya, dijo que la medida tendría un fuerte impacto en los bancos públicos. Acotó que, su implementación significaría para el Banco Nacional y el de Costa Rica la salida de al menos ¢1 billón.
En el texto propuesto, se explica que el proyecto pretende integrar y estandarizar, mediante mecanismos eficientes, los procesos de gestión de la liquidez de las finanzas públicas. Menciona que se mantendría como propósito garantizar la disponibilidad de fondos líquidos suficientes para sufragar gastos al momento de su vencimiento en un marco de gestión de riesgos, minimizar el costo del financiamiento e invertir excedentes temporales de manera productiva y con garantías adecuadas.
Además, aprovechar la información consolidada, oportuna y transparente para la toma de decisiones y la prevención de la corrupción.