Cámara de Comercio vincula “outlets de cajón” con “crimen organizado, evasión de impuestos” y otros delitos

Arturo Rosal, Ricardo Carvajal y Alonso Elizondo. (CRH).

La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) denunció este jueves supuestas irregularidades por parte de los llamados "outlets de cajón".

La CCCR y el Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) expresaron su profunda preocupación por la proliferación de outlets de cajón en el país y señalaron prácticas de competencia desleal que ponen en riesgo la supervivencia de pequeñas y medianas empresas, afectan la hacienda pública, la salud de la población y vulneran los derechos de los consumidores.

"Los outlets de cajón se han popularizado por su oferta de productos a precios sumamente bajos. Esto, en condiciones normales, sería una excelente noticia. Sin embargo, la evidencia recopilada por la CCCR muestra que estas ofertas son posibles gracias a la evasión de impuestos, el incumplimiento de regulaciones sanitarias y violación de los derechos de los consumidores. Es evidente que esto constituye una injusticia contra el comercio formal que cumple con todas las regulaciones y pone en riesgo la salud de la población", sostuvo Arturo Rosabal, presidente de la Cámara de Comercio.

Los comerciantes mencionaron evidencias de irregularidades cometidas por este tipo de negocios en materia aduanera, tributaria, sanitaria y derechos de los consumidores, como las siguientes:

• Declaraciones de importación irregulares. Los importadores traen contenedores con saldos de inventario de tiendas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, sin conocer el contenido exacto de la carga. Esto implica que presentan declaraciones aduaneras no ajustadas a la realidad y omiten reportar una gran cantidad de productos. Esto les permite evadir el pago de impuestos y el cumplimiento de regulaciones no arancelarias como registros sanitarios y certificaciones ambientales y energéticas.
• Subfacturación. Los importadores y agentes aduaneros declaran valores de mercancías muy inferiores al valor aduanero real, lo que les permite reducir el pago correspondiente de impuestos y aranceles.
• Incumplimiento de obligaciones tributarias. Muchos de estos comercios no entregan facturas a los consumidores y están inscritos ante la Dirección General de Tributación bajo el Régimen de Tributación Simplificada, aún cuando no cumplen con los requisitos establecidos en la normativa. Esto les permite reducir sustancialmente el pago de impuestos.
• Incumplimiento de reglamentación técnica e información al consumidor. En la gran mayoría de puntos de venta, se violan las disposiciones de etiquetado en español, advertencias de seguridad e información de la composición de los productos. Además, se incumplen las políticas de cambio y garantías, lo que reduce sus costos asociados al cumplimiento de las regulaciones.
• Incumplimiento de regulaciones sanitarias. Muchos de estos comercios ofrecen productos de interés sanitario como alimentos, suplementos dietéticos, cosméticos, productos químicos e higiénicos y medicamentos. Estos productos no cuentan con los registros sanitarios correspondientes, algunos incluso están vencidos o deteriorados, con lo que ponen en riesgo la salud de la población.

Además de las irregularidades detectadas en los procesos de importación y comercialización de los outlets de cajón, la CCCR expresó su preocupación por la posible incursión del crimen organizado en este sector a través de la legitimación de capitales.

"Es realmente frustrante ver cómo todas estas irregularidades suceden a vista y paciencia de las instituciones. La Cámara ha presentado múltiples denuncias, se ha reunido con autoridades del Ministerio de Hacienda, la Policía de Control Fiscal, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Salud. Todos reconocen la seriedad del problema, pero tras dos años de denuncias, aún no se han aplicado sanciones administrativas ni penales a los infractores", manifestó Alonso Elizondo, director ejecutivo de la CCCR.

"Desde el Observatorio de Comercio Ilícito de la CCCR hacemos un llamado a las autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que pongan fin a la impunidad que rodea estas prácticas comerciales. Estamos convencidos de que con un trabajo articulado entre las distintas instituciones del sector público es posible atacar a los infractores y garantizar el cumplimiento de la ley", agregó Ricardo Carvajal, director del OBCI.