Comerciantes urgen a Gobierno y diputados acuerdo para bajar alquileres de negocios

(CRHoy.com) La pandemia del COVID-19 ya pasa una cara factura a los comerciantes del país y a sus empleados.

Este sector era uno de los más robustos, ya que empleaba alrededor de 343.000 personas (16% del sector privado), pero solo en lo que va del mes de marzo, 7.980 negocios cerraron dejando sin empleo a 109.000 personas.

A esta lamentable cifra se suman otros 24.000 desempleados que arrastra el sector por la crisis económica que ya experimentaba Costa Rica previo a la llegada del coronavirus.

Ante las alarmantes proyecciones, la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) pide a los diputados llegar a un acuerdo que permita reducir o modificar los costos de los alquileres comerciales para evitar mayor desempleo y cierre de micro, pequeñas y medianas empresas.

“Estamos conscientes que las medidas que se vayan a aplicar, no pueden ser iguales para los que pagan alquileres sobre sus viviendas, como para los que pagamos alquileres comerciales. El impacto para nuestro sector comercio será por muchos meses, ya que nuestra economía se verá afectada por un plazo que supera con creces este período inicial de 3 meses”, indicó Julio Castilla, Presidente de CCCR.

En un comunicado de prensa aseguraron que respaldan la propuesta de ley del diputado Pedro Muñoz en el Proyecto, expediente No. 21.851,” Ley para que en eventos de fuerza mayor se modifiquen o se suspendan las formas de pago y otras condiciones contractuales” y piden al Presidente Carlos Alvarado que lo convoque en sesiones extraordinarias para su discusión.

Finalizar contratos sin multas

Los comerciantes insisten en la necesidad de que una ley -ya sea la propuesta por Muñoz o alguna otra- permita la renegociación o terminación de contratos de alquileres comerciales sin multas o penalidades por motivos de fuerza mayor, en caso de que en las negociaciones entre arrendatarios e inquilinos no se llegue a ningún acuerdo.

“Desde nuestro sector urgimos sobre la importancia de incorporar la potestad para que los comercios puedan negociar los contratos en las condiciones que ambas partes acuerden. El espíritu que debe prevalecer en estas negociaciones es que ambos sectores tanto el comercio, como los propietarios de los locales, minimicemos las pérdidas”, concluyó Castilla.

Los comerciantes piden que en caso de no lograrse acuerdos o la aprobación de una ley, que por lo menos se apruebe que antes del 30 de abril los autoricen a cancelar los contratos sin cláusula de castigo, amparado a un ambiente de fuerza mayor.

Este medio solicitó una reacción a Casa Presidencial, sin embargo al cierre de edición de esta nota no se recibió respuesta.