Comisión legislativa aprueba informe que recomienda destituir a Róger Madrigal

Por mayoría, la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa aprobó un informe que recomienda al presidente de la República, Rodrigo Chaves, la urgente destitución del jerarca del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal.

El informe contó con los votos a favor de los diputados Dinorah Barquero, Francisco Nicolás y Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), y Fabricio Alvarado, de Nueva República.

Fue votado en contra por las diputadas Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), y Ada Acuña y Daniel Vargas, del Gobierno.

La investigación hecha concluyó que el BCCR violó la normativa que protege los datos personales de los costarricenses en las solicitudes de información que hizo a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y a cuatro bancos comerciales.

Las razones para recomendar la destitución de Madrigal son "la falta de cumplimiento de normativas
legales y éticas en la obtención de información y la toma de decisiones que han sido públicas y evidentemente precipitadas y temerarias".

También se basan "en la necesidad de restablecer la confianza pública en la institución, preservar la integridad de las decisiones y salvaguardar la reputación del Banco Central, que ha sufrido un daño difícil de cuantificar".

Según los legisladores, la observancia de la normativa para proteger los datos personales de los costarricenses es de carácter imperativo para el actuar del Banco Central.

Su omisión constituye una violación manifiesta de la legislación vigente. Este descuido configura una transgresión de la obligación de resguardo, protección y adecuada administración de la información sensible y los datos pertenecientes a la ciudadanía, por parte tanto del Banco Central como de las entidades bancarias que facilitaron dicha información. La ausencia de referencia a esta norma legal es motivo de preocupación, ya que subraya una falta de diligencia en el cumplimiento de las disposiciones legales y resalta la necesidad de un escrutinio minucioso sobre la correcta aplicación de las normas de protección de datos por parte de las instituciones involucradas en esta investigación.

Omisiones

Según el informe, la justificación presentada por el BCCR para respaldar sus solicitudes de información a las entidades bancarias y la Sugef se fundamentó en un criterio emanado de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sostiene que el acuerdo del Banco Central podría ser objeto de una interpretación acorde con el Derecho Constitucional, indicando que la solicitud de información sería considerada válida, siempre y cuando no abarcara datos sensibles, se precisara el propósito estadístico al que se dirigía y se garantizara la confidencialidad, calidad y seguridad de la información.

Sin embargo, los diputados aseguran que ninguno de esos criterios fue cumplido por el Banco Central en las solicitudes de datos sin anonimizar a la Sugef, Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Banco de Costa Rica (BCCR), Banco Popular (BP) y BAC Credomatic.

La única justificación que podría ser aceptada en este sentido está relacionada con la finalidad estadística para la cual se buscaba obtener la información. Es imperativo destacar que la comisión reconoce la importancia de recopilar datos para elaborar políticas públicas fundamentadas en un evidente interés público, cuestionando únicamente la forma en que el Banco Central obtuvo esta información, sin considerar ni reconocer debidamente que los datos pertenecen a sus titulares y no a la administración, que es únicamente un custodio.

El informe indica que los datos personales de deudores y clientes de bancos comerciales que pidió el Banco Central de Costa Rica "no son equiparables a 'bienes de difunto' y tampoco pueden ser tratados como si fueran propiedad de las instituciones".

Los diputados también estiman que el BCCR no ofreció una justificación exhaustiva para requerir datos tan minuciosos de los clientes de los bancos comerciales y que Ley del Sistema de Estadística Nacional prohíbe el tratamiento de datos sensibles con fines estadísticos, a menos que exista un consentimiento expreso.

En este sentido, la comisión sostiene como criterio fundamental que el traslado de los datos en cuestión no cumplió con la exigencia legal mencionada anteriormente. La transmisión de esta información sensible sin el debido consentimiento expreso contradice las disposiciones establecidas en la ley de estadística y también en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos personales, lo cual constituye una falta a las normativas vigentes en materia de protección de datos personales. Por ende, es imperativo que se revisen los procedimientos y protocolos involucrados en la transferencia de datos, a fin de garantizar el pleno cumplimiento de las disposiciones legales y salvaguardar los derechos de privacidad y confidencialidad de los titulares de la información", agrega.

Conducta temeraria

El documento, por otra parte, indica que la gerente general del BCCR, Hazel Valverde Richmond, "procedió de forma deliberada y explícitamente temeraria" al denunciar penalmente a la jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, por negarse a entregar datos de los deudores a la entidad monetaria.

Según el texto, Valverde denunció a Aguilar, sin esperar un pronunciamiento de la PGR para conocer si podía entregar la información solicitada por el BCCR.

"A pesar de estas circunstancias, de manera deliberada y explícitamente temeraria, Hazel Valverde Richmond, gerente del Banco Central, procedió a presentar la denuncia sin esperar el pronunciamiento del órgano procurador para este caso concreto, tal como había sido propuesto por la jerarca de la Sugef", menciona el documento.

También se señala que la Gerente General del Banco Central "omitió agotar el proceso de diálogo y comunicación entre las instituciones, una práctica que había sido una tradición histórica".

Esta acción no solo denota una falta de prudencia y precaución, sino que también revela un enfoque autoritario y desmesurado por parte de la actual Administración del Banco Central. Este comportamiento, contrario a las buenas prácticas institucionales, que, además, forman parte de una tradición histórica de sana convivencia institucional, subraya la necesidad de examinar críticamente las actuaciones de la
Administración actual, garantizando el respeto a los principios de diálogo y cooperación entre entidades gubernamentales.

En el informe, se indica que Madrigal afirmó ante los diputados que la presentación de una denuncia penal contra Aguilar fue una consecuencia directa del incumplimiento en la entrega de la información solicitada.

Sin embargo, esta comisión observa con claridad que Rocío Aguilar Montoya, quien ostenta la jerarquía en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), planteó una consulta a la Procuraduría, en relación con la polémica solicitud del Banco Central. Lo hizo con el objetivo de determinar si estaba autorizada para divulgar los datos, y en ningún momento se negó a cumplir con esta entrega de información en forma absoluta o definitiva. Ante la incertidumbre razonada, la Sugef expresó una oposición temporal, justificada y razonable frente al Banco Central, actuando en concordancia con el deber de cuidado y la pericia que se exige a cualquier jerarca.

También se destaca que, además de la negativa de la Sugef de proporcionar al Banco Central datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada deudor, el BNCR se abstuvo de suministrar al BCCR datos cruciales.

Entre estos datos se encontraban el número de identificación de todos los depositantes, ahorrantes y cuentacorrentistas, así como detalles pormenorizados de los depósitos y los montos depositados.

La negativa, tanto de la Sugef como del Banco Nacional, de facilitar información sensible demandada por el Banco Central subraya la complejidad y la sensibilidad de la solicitud realizada. La reticencia de estas entidades reguladas resalta la importancia de evaluar con cautela la legitimidad y legalidad de dichas solicitudes de información, considerando la delicadeza inherente a datos de identificación personal y
financiera. Es imperativo garantizar un equilibrio adecuado entre la necesidad de información para fines estadísticos y la protección rigurosa de la privacidad y confidencialidad de los datos de los ciudadanos.

Los diputados estiman que las actuaciones del Banco Central no solo han generado una tensión innecesaria entre las instituciones responsables de salvaguardar la estabilidad económica y financiera del país, sino que también han ocasionado un considerable perjuicio reputacional y de confianza.

Este perjuicio se evidencia mediante una aparente falta de pericia y un comportamiento temerario en la dirección del Banco Central, concretamente por parte de su presidente ejecutivo, Róger Madrigal López, comportamiento nunca antes visto por ningún Presidente Ejecutivo en el Banco Central.