Contraloría: Mideplán incumple con políticas, programas y planes de empleo público

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) incumple con la emisión de políticas públicas, programas y planes nacionales de empleo público.

Así lo concluyó una auditoría de carácter especial realizada por la Contraloría General de la República (CGR), con fecha del pasado 10 de noviembre.

La entidad auditó el direccionamiento estratégico y técnico del Sistema General de Empleo Público, a cargo de Mideplán, la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), entre el 10 de marzo de 2023 y el 31 de agosto de 2025.

En el documento, la institución argumenta que la auditoría es relevante porque la Ley Marco de Empleo Público busca regular las relaciones laborales entre las personas servidoras públicas y el Estado, con el propósito de proteger los derechos de quienes ejercen la función pública y asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de bienes y servicios públicos.

Hallazgos

Entre los resultados de la auditoría destacan los siguientes:

• Ausencia de instrumentos clave para el direccionamiento estratégico, ya que Mideplán no ha emitido políticas públicas, programas y planes de empleo público. Los entes rectores tampoco han emitido la declaración anual de la política de remuneración, y solo 28 de 246 instituciones cuentan con planes institucionales de empleo público para 2025. Esto limita la capacidad para orientar y modernizar la gestión del talento humano.
• Requerimientos pendientes para el direccionamiento técnico, debido a que Mideplán aún no ha emitido ni oficializado instrumentos normativos técnicos, ni se evidencia un servicio de asesoría técnica suficiente por parte de los entes rectores para una gestión del talento humano coherente en las instituciones cubiertas por la Ley Marco de Empleo Público.

Algunos de los datos auditados por la CGR revelaron:

• 89 % de las entidades del sector público no cuentan con planes institucionales de empleo público para 2025.
• Tres instrumentos normativos establecidos en la Ley Marco de Empleo Público están pendientes de emitir por parte de los entes rectores.
• El 39 % del total de salarios recibidos por las personas funcionarias de los ministerios (excluyendo al Ministerio de Educación Pública) en 2024 corresponde a pluses salariales.
• El 3,9 % es el aumento estimado en el gasto en remuneraciones de los ministerios (excluyendo al MEP) ante la transición completa al salario global.

La Contraloría concluyó:

• El direccionamiento estratégico y técnico del Sistema General de Empleo Público, a cargo de Mideplán y de la Dirección General de Servicio Civil, incumple en aspectos significativos con el marco normativo y técnico aplicable. Esto debido a la ausencia de instrumentos fundamentales para la planificación del empleo público, así como de normativa aún no emitida y requerida por la Ley Marco de Empleo Público.
• En cuanto al direccionamiento estratégico del empleo público, Mideplán aún no ha emitido políticas públicas, programas y planes nacionales de empleo público, ni las declaraciones anuales de la política de remuneración en conjunto con la DGSC y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, cerca de un 90 % de las entidades del sector público no cuenta con planes institucionales de empleo público para 2025. Como consecuencia, el Sistema General de Empleo Público continuaría operando sin una orientación clara para estandarizar y modernizar la gestión.
• El Sistema General de Empleo Público no cuenta con todos los requisitos para el direccionamiento técnico. Particularmente, se identifica una falta de atención u oficialización de tres requisitos de la ley por parte de Mideplán, entre ellos la metodología de valoración de puestos. Además, los entes rectores no han desarrollado políticas, acuerdos o programas para compartir recursos y espacios relacionados con la capacitación y desarrollo del personal, basados en cooperación interinstitucional. Consecuentemente, las relaciones de empleo público se ven expuestas a riesgos que pueden afectar su coherencia, equidad, transparencia y modernización, tal como lo exige el ordenamiento jurídico.

"Las debilidades señaladas requieren atención prioritaria por parte de los órganos rectores del empleo público, en virtud de los fines fundamentales de la Ley Marco de Empleo Público, la cual busca ordenar y simplificar el empleo en el Estado, así como promover un sistema de empleo justo, transparente y eficiente", agrega el informe.

La Ley Marco de Empleo Público entró a regir en marzo de 2023, cuando Laura Fernández ocupaba el cargo de ministra de Planificación Nacional y Política Económica.

Se pidió una reacción al Mideplán y se está a la espera de una respuesta.