Contraloría ve riesgo de estrujamiento en inversiones en favor de gastos corrientes
Gasto de capital se reduce para el 2022 pero dinero para mantener operaciones de burócratas más bien creció
(CRHoy.com).- La obligatoriedad que tiene el gobierno de cumplir con la regla fiscal y la forma en cómo la actual administración ha interpretado que debe cumplirla, puede conllevar a un riesgo de "estrujamiento" del gasto de capital (dinero para inversiones) en favor del gasto corriente (dinero para la operación general y administrativa).
El temor se basa en una tendencia que el Órgano Contralor ha detectado, no solo porque el dinero para inversiones ha venido bajando, sino porque también el gasto corriente más bien subió para 2022.
Esta situación se plasmó en el documento" Comportamiento de los gastos por clasificación económica y aplicación de la Regla Fiscal en el proyecto de ley de presupuesto 2022", elaborado recientemente por la Contraloría en el cual se le ponen cifras al reclamo que ya hizo la contralora general Marta Acosta a mitad de semana en la Asamblea Legislativa.
El límite de crecimiento en el presupuesto del 2022 según la regla fiscal debe ser del 1,96%. En la totalidad del monto, el plan de gastos de la Administración para el próximo año sí cumple con este precepto, pero esto no ocurre así al separar los distintos tipos de gasto, privilegiando el crecimiento en el gasto corriente y reduciendo el gasto de capital.
Acosta señaló al gobierno de interpretar el cálculo del tope como un todo (total). El documento técnico elaborado por la Contraloría se refiere a esta situación como una "particularidad" que puede representar "un riesgo de estrujamiento del gasto de capital en favor del gasto corriente -dada la poca flexibilidad del presupuesto en cuanto a estas últimas erogaciones-, respecto de lo cual no debe perderse de vista que el gasto en inversión realizado de forma eficiente, forma parte de una potencial ruta de reactivación de la economía, tras los efectos que ha dejado la pandemia. La CGR ya ha señalado que es apremiante una inversión focalizada en proyectos de alta rentabilidad social y que castigar la inversión más bien implica riesgos futuros".
Así, al separar ambos tipos de erogaciones, el gasto corriente estaría creciendo un 2,23%, una cifra mucho más elevada que el tope del 1,96% establecido por la regla fiscal, mientras que el gasto de capital caería en casi un 5%.
El Ministerio de Hacienda, a través de un comunicado, refutó esta interpretación del Ente contralor, al señalar que el techo de crecimiento que se debe aplicar al gasto total es de un 1,96%.
"Es importante indicar que el gasto total corresponde a todos los egresos que se incorporan en el presupuesto nacional, salvo los egresos cuyo destino es la atención de la amortización de la deuda. El gasto total presupuestado es de ¢8.725.206 millones, en comparación con los ¢8.569.021 millones del presupuesto inicial del 2021. En otras palabras, el presupuesto del 2022 tiene una tasa de crecimiento del 1,82%, cuando pudo haber sido hasta del 1,96%. Por tal razón, el Ministerio de Hacienda reitera el cumplimiento de la regla fiscal para el proyecto de presupuesto nacional para el ejercicio económico 2022; tal y como fue consignado en la exposición de motivos de dicho proyecto de presupuesto", indicó la cartera.
En términos generales, el análisis de la Contraloría señala que para 2022 ya habrá una afectación directa sobre las inversiones. Mientras el gasto en favor de los burócratas no sufre la misma situación.
Por ejemplo, en materia de transferencias encontró reducciones de entre un 13% hasta un 55% en la mayoría de beneficiaros. En un caso (el fideicomiso del aeropuerto Juan Santamaría), la transferencia quedó en cero.
Según el presupuestario, el incremento neto de ¢179.117 millones (2,23%) en el gasto corriente del proyecto de presupuesto 2022 respecto del presupuesto inicial 2021, se compone de incrementos en el gasto corriente de la mayoría de entidades.
Algunos de los que más crecen son el Tribunal Supremo de Elecciones (28%), Ministerio de Gobernación (17,1%) y Presidencia de la República (12,7).
En cuanto al gasto de capital sobresalen disminuciones en el Ministerio de Trabajo (¢14.162 millones), el Ministerio de Educación (¢13.282 millones) y el MOPT (¢13.027 millones).