Crecen críticas a Nogui Acosta por rechazo a crédito con dinero para la CCSS

Más diputados se sumaron a las críticas al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por la decisión de no utilizar un crédito de apoyo presupuestario, por un monto de $400 millones, que incluye un 15% de recursos para el pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los legisladores Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), y Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionaron la decisión de Acosta y advirtieron que tendrá consecuencias financieras y políticas.

El titular de Hacienda, por su parte, respondió que los congresistas se atribuyeron gestiones que nos les corresponde y pusieron condiciones inviables desde el punto de vista fiscal en el proyecto de ley que ya fue aprobado en primer debate por el Plenario Legislativo.

El crédito fue negociado por el Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportó $300 millones, y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que desembolsó $100 millones, para el cambio de deuda cara por deuda barata. Un 15% de los recursos son para abonar al pago de la deuda del Estado con la CCSS.

“Un poco mezquino”

Ramírez, quien preside la Comisión de Asuntos Hacendarios, órgano del Congreso que avaló el préstamo y lo remitió al Plenario Legislativo para su votación, sostuvo que nota cierta mezquindad en la decisión de Acosta de no utilizar los recursos.

"Me parece un poco mezquino por parte del señor Ministro que simplemente por incorporar un 5% de recursos más de lo que normalmente se ha venido incorporando para el pago a la Caja (10%) rechace un crédito tan importante y con las implicaciones tan serias que puede traer para nuestro país", dijo.

Usualmente, los diputados han establecido que del total de cada préstamo de apoyo presupuestario un 10% de los recursos se traslade a la CCSS.

La liberacionista aseguró que la Asamblea Legislativa continuará el procedimiento para la votación en segundo y último debate de ese financiamiento y recordó que la gestión de esos recursos es responsabilidad absoluta del Poder Ejecutivo.

Ramírez mencionó las posibles consecuencias financieras y políticas que podría acarrear la decisión de Hacienda:

• No utilizar esos recursos para apoyo presupuestario implicaría que el Gobierno tendría que financiarse en el mercado local con sus respectivas tasas de interés.
• La AFD podría cerrar la línea de créditos de apoyo presupuestario con facilidades que le ha venido otorgando a Costa Rica.
• Son malas señales del Gobierno en el mercado financiero internacional.
• Todavía faltan de aprobación en la Asamblea Legislativa $1.060 millones en créditos de apoyo presupuestario. Si el Gobierno no usa el crédito con el BID y la AFD, “no vemos por qué van a seguir tramitando créditos de este tipo porque podría perfectamente rechazarlos una vez que pasan por todo el proceso legislativo”.

Sin voluntad

El diputado García reclamó al Gobierno su poco margen de negociación con la Asamblea Legislativa para el uso del préstamo.

Explicó que el Congreso envió una nota desde la semana pasada para pedir una prórroga del plazo de ejecución. Sin embargo, ese plazo venció el domingo, según reconoció Acosta.

Este crédito incluso en varios periodos de sesiones extraordinarias no había sido convocado por el Poder Ejecutivo (que define la agenda legislativa en el mismo). Seguiremos avanzando de forma responsable considerando las diferentes necesidades que tiene nuestro país.

El socialcristiano recordó que cuando el crédito fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso se fijó una distribución de los recursos del 60% para apoyo presupuestario y 40% para la CCSS. En el Plenario esa proporción se modificó a un 15% para la Caja.

Sin embargo, no existió la apertura por parte del Gobierno de la República para una consolidación de un acuerdo cuando efectivamente se ha señalado que el Gobierno de la República tiene una deuda por más de ¢3 billones con la CCSS.

Mientras, el diputado Feinzaig dijo que la posición del Ministro de Hacienda con respecto a ese crédito es absolutamente contradictoria.

Por un lado, dicen que necesitan este crédito, que es necesario para el buen manejo financiero y para poder abaratar las fuentes de financiamiento del presupuesto, pero, por otro lado, dicen que si no lo dan exactamente como ellos lo quieren, no lo aceptan, con lo cual lo que nos están dando a entender es que realmente no lo necesitan.

Anunció que la bancada del PLP tomó la decisión de no apoyar ese préstamo ni ninguno otro de apoyo presupuestario porque “son simplemente plata para gastar en lo que al Gobierno le plazca” y esto lejos de constituir una sustitución de deuda cara por deuda barata, lo que constituye es más endeudamiento para seguir gastando.

“Bloqueo”

El titular de Hacienda rechazó las afirmaciones de los legisladores y argumentó que la razón por la cual el Gobierno rechaza el 15% de los recursos para la Caja del total del crédito es porque los diputados fijaron la condición de que primero tiene que pagarle a esa institución y luego puede usar los recursos para apoyo presupuestario.

Mencionó que esa limitación fue establecida por los legisladores, a pesar de que ya existe un acuerdo entre el Gobierno y la CCSS para el pago de la deuda.

Acosta insistió en que como cualquier otro funcionario público tiene la responsabilidad legal de que los recursos para apoyo presupuestario se estén usando, pero manifestó que con la condición que impuso la Asamblea Legislativa no podría utilizarlos ni siquiera este año.

Me están haciendo bloqueo de recursos que no puedo utilizar hasta que le pague a la Caja. Estamos quedando muy mal con la Agencia Francesa de Desarrollo y el BID porque la base de ese crédito era para apoyar las gestiones de Costa Rica en la descarbonización y apoyar las finanzas públicas. Era un préstamo con condiciones muy ventajosas.

Acosta agregó que “los diputados se arrogaron una gestión que nos les corresponde, que solo le corresponde al Ministerio de Hacienda, y pusieron condiciones inviables desde el punto de vista fiscal”.