Crecimiento de deuda expone a Gobierno a riguroso recorte de gastos

(CRHoy.com).- Según proyecciones de las principales instituciones financieras, la deuda total de Costa Rica superará en el transcurso del 2020 el techo del 60% del producto interno bruto (PIB).

Ese momento marcará la entrada en vigor de una serie de "medidas extraordinarias" que dispone la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.º 9635) en su capítulo de regla fiscal.

Esas disposiciones restringirán fuertemente el gasto total del Gobierno y afectará a sectores como los pensionados con cargo al presupuesto y los salarios de los empleados del sector público en el 2021.

En su Informe Técnico del presupuesto ordinario para el 2020, la Contraloría General de la República subrayó que durante los próximos 12 meses la deuda total del país alcanzaría un 64,7% del PIB.

La Ley N.º 9635, en su capítulo de regla fiscal, artículo 11, inciso d), indica que cuando la deuda, al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal.

En ese escenario de endeudamiento, el artículo 13 de la regla fiscal dispone que se dé el pistolazo de salida para las "medidas extraordinarias". Textualmente, esas acciones obligatorias para contener el gasto por la elevada deuda son:

A) "No se ajustará por ningún concepto las pensiones, excepto en lo que corresponde a costo de vida". 

B) El Gobierno central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública o estén destinados a ser utilizados en gastos de capital. 

C) No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario. 

D) El Poder Ejecutivo no podrá efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de ningún tipo, así como realizar cualquier otro movimiento que implique una erogación de recursos públicos, a los sectores productivos, salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o subsidio a favor de estos. 

 

Tal panorama llevó a la Contraloría General de la República (CGR) a subrayar la necesidad de que el Ministerio de Hacienda y el sector público en general hagan "mayores esfuerzos" para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El economista Eli Feinzaig analizó a solicitud de CRHoy.com las "medidas extraordinarias". En su criterio, estas incluso provocarían que el Gobierno quede impedido, durante el 2021, a realizar nuevas colocaciones de deuda para acarrear recursos para financiarse, pues considera que la venta de valores entra en la categoría de "préstamos o créditos", que enumera la regla fiscal.

En cuanto a la prohibición para el Poder Ejecutivo de realizar rescates financieros, Feinzaig interpretó que se trataría de ayudas ministeriales y de otros entes adscritos al Gobierno Central para gremios del sector productivo que entren en problemas, como los productos de algún bien agrícola específico y no se trataría de una limitante para girarle ayudas a alguna entidad pública que entre en problemas de liquidez.

"El 2021 podría ser un año muy difícil pues el crecimiento del gasto total, ya no solo del gasto corriente, limitará mucho al Gobierno, pues no podrá crecer más allá de un 65% del PIB. La regla, además, impodrá condiciones bastante restrictivas en cuanto a pensiones y remuneraciones, esto será necesario para estabilizar las finanzas públicas, pero meterá a pensionados y a trabajadores del Gobierno en apuros", anticipó.

Y agregó: "Para el Gobierno será una situación complicada pues lo agarrará en pleno año preelectoral cuando es usual que las administraciones gasten más. Pues en esta ocasión no podrá hacerlo por la restricción del gasto".

Feinzaig consideró muy difícil que haya una variación drástica en el cálculo de que la deuda igualará o superará el 60% del PIB durante el 2020, por lo que da por un hecho que las "medidas extraordinarias" de la regla fiscal operarán durante el 2021.

"El propio tamaño de la deuda y el hecho de que el país se tenga que endeudar para pagar intereses, hace pensar que fácilmente se superará en el 2020 el 60% de endeudamiento del Gobierno Central con respecto al PIB", estimó el economista.

Un panorama delicado

Aparte de superar el techo de un 60% del producto interno bruto (PIB), el grado de endeudamiento del Estado provocará que el servicio de la deuda ejerza una presión considerable en el presupuesto ordinario de la República, por el pago de intereses y amortizaciones.

Según el Informe Técnico de la CGR del presupuesto ordinario del 2020, la deuda pública alcanzará un 59,3% del PIB a diciembre del 2019, es decir, ¢21,6 billones; pero esa cifra se elevará rápidamente a ¢24,9 billones durante el año entrante.

Para el 2020 el servicio de la deuda (amortizaciones y pago de intereses) en el plan de gastos para el año 2020 será de ¢4 billones, un 38,2% del presupuesto total por ¢10,5 billones que acaban de aprobar los diputados en segundo y último debate.

Esas malas perspectivas para las finanzas del Gobierno son previsibles pues su endeudamiento interno y externo ha tenido un comportamiento sostenido al alza durante la última década.

Según la serie histórica de la deuda que maneja el Ministerio de Hacienda en su página web, en el 2010 la deuda total era de ¢5,5 billones al 31 de diciembre de ese año.

Cinco años después, en el 2015, la deuda total del país ya era de ¢12 billones. Al año siguiente experimentó un fuerte crecimiento hasta alcanzar los ¢14 billones y el año entrante rozará los ¢25 billones.

 

El Gobierno proyecta gastar en el pago de intereses y comisiones de la deuda ¢1,9 billones en el 2020, monto que crecerá de un 36,3% en el 2019 a un 49,5% del servicio de la deuda durante el 2020.

La amortización interna y externa, el otro componente del servicio de la deuda, será de ¢2 billones el año próximo, y registrará una disminución con respecto al 2019, pues el Gobierno logró renegociar parte de la deuda y tendrá que enfrentar menos vencimientos de valores durante los siguientes 12 meses.

En suma, el Ejecutivo también prevé no depender tanto de colocaciones a corto plazo en el mercado interno gracias a la exitosa venta de los eurobonos por $1.500 millones, entre otros factores.

Al observar más de cerca la atención de amortizaciones destaca que de los ¢2 billones dispuestos para este fin, ¢1,8 billones se destinarán para redimir valores colocados en el mercado interno, tanto a corto como a largo plazo.

Aunque el monto de la amortización para deuda externa es apenas de poco más de un 10% del monto para tal fin, la Contraloría subraya que experimenta un crecimiento de un 269,9% con respecto al presupuesto ajustado a agosto del 2019.

Lo anterior se debe a que el año entrante vence la última colocación de eurobonos por $250 millones que se hizo en el año 2000.

Desde diciembre del año 2018, cuando entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas empezó a operar la regla fiscal, que le pone un tope al crecimiento del gasto corriente del Gobierno con base en el comportamiento de dos variables:  el nivel de la deuda del Gobierno con respecto al PIB y el crecimiento promedio del PIB nominal para los últimos 4 años anteriores al año de formulación del presupuesto nacional.