Crédito con el BCIE para ampliación de vía San José-San Ramón abre dudas entre diputados

Un millonario crédito negociado por el Gobierno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar la ampliación de la vía San José-San Ramón abre cuestionamientos y dudas entre diputados.

Las inquietudes tomaron fuerza este martes, tras una audiencia de funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) para referirse a ese contrato de préstamo y a otro con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, órgano legislativo que tramita ambos empréstitos.

En el caso del crédito con el BCIE, el monto pactado asciende a $600 millones, a una tasa estimada del 6,69 % y a un plazo de 20 años, mientras que el del Fondo OPEP es de 150 millones de euros, a una tasa del 3,66 % y a un plazo de 20 años.

En su presentación ante los legisladores, la CGR reconoció que el costo del financiamiento con el BCIE es mayor que el de las condiciones otorgadas por otros acreedores para operaciones similares, incluso al ponderar los costos entre ese banco y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

"La Contraloría ha sido reiterativa en que siempre es conveniente correr la solicitud entre varios acreedores; la respuesta más correcta la tendrá la administración activa", respondió el subcontralor general de la República, Bernal Aragón, a una consulta planteada por el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA).

La entidad fiscalizadora también reveló:

• El 58 % de los predios del proyecto de ampliación del corredor vial se encuentran pendientes de expropiar, a pesar de que los desembolsos del crédito con el BCIE se condicionan a que estas hayan finalizado. Según información suministrada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), aún quedan pendientes de expropiar 487 predios.
• El costo total de las expropiaciones ascendía a $145,6 millones, de los cuales las pendientes representan $113,8 millones (78 %).
• Los atrasos en las expropiaciones pueden generar sobrecostos.

Además, advirtió que el artículo 7 del proyecto de ley requiere mayor claridad en cuanto al alcance de la exclusión de los procesos de contratación de la Ley General de Contratación Pública.

Según la norma propuesta, las contrataciones no contarían con la participación de la CGR en el control previo; es decir, no atendería:

• Recursos de objeción al pliego de condiciones.
• Recursos de apelación de la adjudicación.
• Refrendo del contrato.
• Para la ejecución de la contrapartida nacional, se aplicaría el procedimiento de licitación reducida, con total independencia de los umbrales económicos que ordinariamente determinan el tipo de procedimiento, según la Ley General de Contratación Pública.

Elevado costo

La congresista Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconoció la importancia de la obra, pero llamó la atención sobre la elevada tasa de interés del crédito con el BCIE.

"Hemos detectado que la tasa de interés que cobra el BCIE es mucho más alta que la de otras multilaterales y que la de otros bancos internacionales que han tenido contratos similares a tasas mucho menores. Es por eso que vamos a hacer un llamado tanto al BCIE como al Ministerio de Hacienda para que negocien una nueva tasa de interés y podamos tener ahorros para todos los costarricenses. Ya sucedió una vez: lo hicimos con PROERI y hubo un ahorro de $60 millones en ese contrato", manifestó.

Su compañero de bancada, Luis Fernando Mendoza, argumentó que, en una comparecencia anterior, los jerarcas del Ministerio de Hacienda afirmaron —cuando fueron cuestionados sobre el costo del préstamo— que al ponderar los recursos aportados por el BCIE y los del Fondo OPEP el costo total se nivelaba. Sin embargo, la CGR señaló lo contrario: al hacer esa ponderación y comparar con otras opciones, el costo del financiamiento sigue siendo mayor.

"Reconocemos que es un proyecto urgente, pero este empréstito alguien lo paga: todos los costarricenses. Es aquí donde uno no entiende por qué tenemos que contratar la opción más costosa", subrayó.

Negociación

El diputado Acuña también reiteró la importancia del proyecto de ampliación de la vía San José-San Ramón y recordó su anuencia a que la regla fiscal, un tope al crecimiento del gasto público, no limite las inversiones.

Sin embargo, externó su preocupación por la cuantía del crédito con el BCIE ($600 millones) y la tasa de interés que cobra, frente a otras opciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que, según los datos aportados por la Contraloría, ofrecería un crédito más barato, con una tasa del 5,56 % a un plazo de 25 años.

"La respuesta que me dio el Ministerio de Hacienda es que ellos no fueron a buscar a otra parte. ¿Y esa es una buena práctica? ¿Haber elegido una opción que es más cara y a un plazo más corto? Esa práctica a mí me preocupa", manifestó.

"Absolutamente nadie está aquí discutiendo si es necesario o no financiar el proyecto de ampliación San José-San Ramón. Lo que sí señalamos es algo obvio y evidente a la luz de los datos: se trata de un crédito inmenso. Si una persona, cuando va a comprarse una casa con una hipoteca, visita cuantas entidades financieras haya para ver en cuál obtiene una tasa de interés menor, imagínense ustedes cuando se trata de un crédito de $600 millones", señaló.

Indicó que el Gobierno debe procurar que el costo del financiamiento sea lo más bajo posible.

"Hago un llamado al oficialismo y al Gobierno: hablen con el BCIE y pídanle que bajen esa tasa de interés. Ya hemos hecho eso en el pasado con otros créditos. Que, si se le van a hacer cariñitos a alguien, sea al pueblo costarricense, bajando el costo del financiamiento", concluyó.

Posición del BCIE

A pesar de los cuestionamientos, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) negó este miércoles un elevado costo del crédito negociado con el Gobierno para financiar la ampliación de la vía San José-San Ramón.

"Quiero ser sumamente claro: esa retórica de que este préstamo es caro no existe. Este préstamo es más barato que el 90 % de la deuda de los costarricenses", sostuvo Álvaro Alfaro, gerente en Costa Rica del BCIE.

Explicó que el crédito, en conjunto con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, tiene un costo ponderado del 5,6 %.

"Es más barato que el 5,8 % que esta misma comisión —y que, afortunadamente, de manera unánime el Congreso de Costa Rica aprobó— para el préstamo de PROERI, y es muchísimo más barato que el préstamo de apoyo presupuestario que hace 15 días esta comisión, también de manera unánime, aprobó", manifestó.

Alfaro alegó que, según el proyecto de ley, la tasa de interés tiene un margen variable que le permite al BCIE trasladar automáticamente a Costa Rica las rebajas que se produzcan en las tasas de interés.